La medida, que se produce luego de una serie de hechos que incluyeron amenazas, forcejeos en el muelle y daños a la propiedad, marca un precedente significativo en el debate sobre la flexibilidad operativa en el sector pesquero y la interpretación de los mínimos de tripulación exigibles.
El fallo, de carácter resolutivo, avala el esquema de navegación planteado por la empresa armadora, al considerar que se encuentra dentro de los márgenes de seguridad operativa y conforme a los requisitos técnicos vigentes. La autorización judicial se produce tras una controversia sostenida con representantes sindicales que, desde un inicio, denunciaron la presunta intención de precarizar condiciones laborales mediante la reducción de personal embarcado. La resistencia al despacho del buque derivó en un clima de hostilidad que quedó registrado tanto en medios como en imágenes documentadas en el muelle.
Tal como informó oportunamente Pescare, el conflicto en torno al Marlene del Carmen expuso un profundo desorden en el frente gremial y un delicado vacío de gobernanza portuaria. Durante la escalada de tensión, se registraron enfrentamientos verbales, empujones, y la destrucción total de una camioneta vinculada al entorno empresarial, lo que motivó la intervención de las fuerzas de seguridad y la radicación de denuncias penales.
En ese contexto, el buque permaneció amarrado durante varios días, imposibilitado de operar en plena temporada debido a un fuerte conflicto entre el armador, que optó por zarpar con solo 8 tripulantes, y el gremio SOMU, que exigía el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo vigente, el cual establece una dotación mínima de 10 tripulantes.
Con la resolución laboral ya firme, el Marlene del Carmen quedó habilitado para zarpar, marcando el cierre —al menos momentáneo— de un episodio que expuso con crudeza los límites actuales del diálogo institucional entre armadores, trabajadores y organismos de control. La decisión representa, además, una señal clara sobre la necesidad de establecer parámetros objetivos y verificables en torno a las condiciones mínimas de zarpada, evitando que diferencias interpretativas terminen paralizando la actividad o derivando en situaciones de violencia innecesaria.
Fuentes judiciales consultadas señalaron que la autorización se otorgó tras constatarse que el buque cumple con las normas de seguridad vigentes y que no existe riesgo para la integridad física de los tripulantes. Al mismo tiempo, se dejó constancia de que la decisión no implica una validación genérica del modelo de dotación reducida, sino una evaluación puntual sobre este caso específico.
Desde el sector empresarial se destacó la resolución como un paso hacia la racionalización operativa en un contexto crítico para la flota congeladora, mientras que desde el ámbito sindical aún no se ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a la medida. Sin embargo, todo indica que la determinación laboral abre un nuevo capítulo en la discusión por las condiciones de trabajo a bordo y la adaptabilidad de las estructuras laborales frente a las exigencias actuales del sector.
En un escenario económico y social marcado por la incertidumbre, esta decisión podría adquirir un valor simbólico mayor: el de reinstalar el orden institucional por sobre la presión de los hechos consumados en el muelle, como también lograr una baja de costos en mano de obra no por ajuste en salarios, sino en una reconfiguración de la cantidad de personal embarcado y su productividad. Sin dudas abre un escenario que podría exponerse a critica entre las partes.
