Por segunda vez consecutiva, el Senado no logró avanzar en el dictamen del proyecto que busca implementar un sistema de trazabilidad para la pesca y la acuicultura, destinado tanto al mercado interno como a la exportación. La falta de quórum, nuevamente, frustró el intento de despacho en el plenario de comisiones convocado para ayer miércoles. Es una buena noticia para la política pesquera de Mar del Plata.
El objetivo del proyecto es establecer un mecanismo que permita garantizar el cumplimiento de normativas relacionadas con la procedencia, salubridad, seguridad, competencia y sostenibilidad del recurso pesquero. (algo ya impuesto y en funcionamiento como el SiFIPA bajo la órbita de la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación). Sin embargo, a pesar de su relevancia, las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Justicia y Asuntos Penales no lograron sesionar por falta de legisladores presentes, situación que se repitió tras el fallido anterior intento, cuando tampoco se reunieron las firmas necesarias para su avance al recinto.
La senadora Chubutense Edith E. Terenzi, autora del proyecto y presidenta de la Comisión de Ambiente, expresó su descontento ante esta nueva postergación. “Es un proyecto beneficioso para la sociedad, para la industria pesquera, para las exportaciones del país. Seguiremos intentando el año próximo lograr dictamen y sanción”, declaró en diálogo con Parlamentario.com.
El proyecto no solo busca fomentar la transparencia y el control en la actividad pesquera, sino también posicionar al país en estándares internacionales de sostenibilidad y seguridad alimentaria. Sin embargo, los reiterados fracasos en su tratamiento evidencian la complejidad de articular consensos en el ámbito legislativo, donde el compromiso con el quórum resulta esencial para destrabar iniciativas clave.
La falta de dictamen mantiene en suspenso una política que, de acuerdo con sus promotores, promete generar un impacto favorable tanto en la economía como en la preservación del recurso pesquero, pilares esenciales para el desarrollo sostenible del sector. No obstante, este panorama se ve ensombrecido por denuncias provenientes del ámbito pesquero argentino, especialmente del sector marplatense, que señalan la existencia de intereses subyacentes vinculados a la injerencia de una provincia en aguas bajo jurisdicción nacional.
Detrás de argumentos ambientales, trazables y de tenor sanitario aparentemente válidos y certificables, como la trazabilidad, se percibe una estrategia orientada a consolidar una posición dominante en la política pesquera.
En este contexto que se enlaza e involucra con los mismos actores y participantes, además, impulsan áreas de gran relevancia ambiental y política, tales como el Área Marina Protegida Frente Valdés, el Área Interjurisdiccional de Esfuerzo Restringido (AIER) y el Área Marina Protegida Frente Chubut (en análisis aún), ubicada al este del AIER.
Asimismo, el proyecto ha sido cuestionado por plantear una doble imposición de controles y registros, impulsada por actores clave como el vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, (propulsor en el Congreso de la Nación de este proyecto siendo Diputado Nacional), en conjunto con el Círculo de Políticas Ambientales (oportunamente la Diputada Mariana Zuvic) y SENASA (Fabian Ballesteros). Estas medidas, según los críticos; ignoran, desconocen o no dan trascendencia a la existencia del SiFIPA (Sistema Federal de Información de Pesca y Acuicultura), un mecanismo ya implementado en el sector, funcionando y que si bien es perfectible, cumple con las funciones necesarias para el control y registro de la actividad pesquera desde la captura hasta la venta en mercado nacional o exportación.
Este debate no solo expone tensiones entre jurisdicciones, sino que también resalta las complejidades inherentes a la implementación de políticas públicas que buscan equilibrar intereses ambientales, económicos y políticos en un sector de vital importancia para el país desconociendo la cocina de intereses de la política pesquera del sector y sus jurisdicciones.
