Ya en el mes de diciembre dimos cuenta a través de PESCARE de los más de 200 empleados que no encontraban solución a un cierre dudoso de la planta chubutense que generaba un gran movimiento de trabajo en el sector pesquero.
En los últimos días de acuerdo a lo que pudimos indagar, se presentó un nuevo contrato de transferencia de acciones en el Juzgado donde tramita el concurso preventivo de la firma, el cual también generó varias dudas de su seriedad a decir de varios de sus exempleados.
La duda sobre la veracidad de los hechos se reafirma que ahora apareció una firma que se haría cargo de la empresa pesquera, radica en que el representante legal del nuevo adquirente que tendría la mayor cantidad de acciones y del nuevo “inquilino” tienen el mismo patrocinio legal.
Los denunciantes radican sus dubitaciones en que en el último mes de mayo, quien ostentaba la tres cuartas partes de las acciones de la pesquera, las cedió sin costo a un particular con domicilio en la también ciudad chubutense de Puerto Madryn, cedente que manifestó que nunca tuvo documentación de ningún tipo (libros contables, actas, balances, etc.).
Una vez producido el traspaso de las acciones, el mismo abogado patrocinante del nuevo adquirente, solicitando se le sea entregado a través del Juzgado toda la documentación que posea, pidiendo además se suspendan los plazos procesales.
Lo que llama la atención dicen los denunciantes, es que días después de esa acción, una sociedad anónima realizó una propuesta para realizar una locación por el plazo de cinco años, prorrogable a otros cinco, con un valor aún a determinar.
Llama también la atención, dicen los denunciantes exempleados de la firma, que tanto el nuevo dueño como el anterior, tienen registrados sus domicilios legales a escasos metros de distancia.
Vale recordar que en el último mes de octubre este conflicto ya estaba iniciado, donde les fue manifestado a los trabajadores –ya sin trabajo claro está en ese momento- que la provincia del Chubut haría el “esfuerzo” de otorgar un permiso de pesca (sólo para merluza), a una embarcación para que pudiese suministrar materia prima a la polémica empresa.
En esa ocasión el propio secretario de Pesca de Chubut Gabriel Aguilar, el diputado Carlos Eliceche y representantes de la empresa y del gremio STIA, se reunieron donde se habían comprometido a la continuidad laboral a la empresa que cerró sus puertas en el mes de julio de 2022.
El Secretario Aguilar comentó en aquella ocasión que “como son más de 200 familias en la planta, la solución es que puedan procesar merluza. Está la posibilidad darles un permiso para fresqueros de altura, para pescar únicamente merluza”.
“Hay que buscar un barco que no tenga permisos de la Provincia y que pueda recibir un permiso, con legajos presentados en la Secretaría y que en el corto plazo puedan salir a pescar. Hay que saber que el resto de los gremios todavía están negociando la actualización salarial, por lo cual, también dependemos de eso. Hablamos de barcos en la provincia como por ejemplo Punta Pardelas y Punta Mogotes, sin permiso para ir a la Isla y que en algún momento pescaron merluza con permisos que les dio Provincia. La Ley de Pesca actual, me permite darle un permiso que puede ser anual o extenderlo por cuatro años”, sostuvo Aguilar, a la vez que agregó en referencia a la reunión con los trabajadores: “Les dijimos que deben contar con la capacidad de tener continuidad, no hay una solución mágica que les pueda resolver la deuda salarial, es un proceso que les llevará un tiempo y también depende de ellos, que reciban la mercadería de un barco que esté pescando exclusivamente para ellos”.
Aguilar concluyó diciendo en la ocasión que “veremos si algún barco que hacer langostino puede bajar mercadería para ellos, para hacer una diferencia. Los barcos que hoy tienen habilitaciones para pescar langostino por lo general ya tienen previo a la temporada contratos y compromisos asumidos con otras plantas. Cuando arranque la temporada de langostino veremos de dar continuidad”.
