Un grupo de legisladores nacionales presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional para que dé traslado al Consejo Federal Pesquero y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a los efectos de detallar cómo fueron administrados, asignados, distribuidos, utilizados, controlados y fiscalizados los cupos de captura de Cuota Social otorgados a la provincia como compensación por la veda del Golfo San Jorge. El pedido adquiere relevancia en un escenario de fuerte retracción de la actividad, con creciente inquietud social, política, económica y sindical en Puerto Deseado.
El proyecto, registrado bajo el expediente 1120-D-2026, solicita información precisa sobre el funcionamiento del esquema compensatorio vinculado a la veda del Golfo San Jorge, un régimen que busca sostener la actividad pesquera en territorio santacruceño.
La iniciativa apunta directamente al Consejo Federal Pesquero y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, organismos responsables de la administración del recurso, y pone el foco en la necesidad de mayor transparencia en el uso de los cupos de Cuota Social, en principio de esta provincia.
El pedido de informes exige al Ejecutivo que detalle, para los períodos 2024, 2025 y 2026, el volumen de toneladas asignadas a Santa Cruz, la normativa utilizada para su otorgamiento, la nómina de buques autorizados, las empresas involucradas y el nivel de capturas efectivamente realizadas por cada embarcación.
Además, los diputados reclaman conocer en qué puertos se realizaron las descargas y bajo qué criterios técnicos y administrativos se distribuyeron los cupos, así como también los mecanismos de control y fiscalización aplicados.
Otro punto central del planteo es si se detectaron irregularidades, incumplimientos o desvíos, y qué medidas se adoptaron en esos casos.
El proyecto también pone especial atención en el impacto del régimen en la ciudad de Puerto Deseado, donde la actividad pesquera es uno de los principales motores económicos y que, a pesar de contar con 4500 toneladas de cuota social y teniendo a esa terminal como el principal puerto de la provincia, no se vea reflejada tamaña actividad siendo uno de los principios de la cuota social, el máximo interés social y su impacto en el empleo y desarrollo productivo autóctono de la región.
En ese sentido, los legisladores solicitan una evaluación concreta sobre cómo el esquema de compensación incide en la actividad portuaria, el empleo y el procesamiento en tierra, en un contexto de caída de la operatoria que genera preocupación entre trabajadores, gremios y autoridades locales.
Asimismo, se pide información sobre presentaciones realizadas por la provincia ante el Consejo Federal Pesquero, incluyendo propuestas para incentivar descargas en puertos santacruceños o modificar el esquema vigente.
En los fundamentos, el proyecto advierte que existen cuestionamientos crecientes sobre la eficacia del régimen compensatorio y su capacidad para cumplir con su objetivo original, sostener la actividad económica en las zonas afectadas como resarcimiento por la veda del Golfo San Jorge.
Según señalan los autores, distintas informaciones públicas sugieren inconsistencias entre los volúmenes asignados, su utilización efectiva y los puertos donde finalmente se descargan las capturas, lo que podría estar afectando el desarrollo local.
También remarcan la falta de información sistematizada y accesible sobre el sistema, lo que dificulta el control institucional y debilita la confianza en la política pesquera.
El pedido de informes reabre el debate sobre la administración del langostino, uno de los recursos más relevantes del país en términos de exportaciones y generación de divisas pero paralelamente una de las pesquerías más viciadas de alteraciones a la reglamentación, normas y buenas costumbres.
En este contexto, se busca avanzar en su rol de control sobre el manejo de los recursos pesqueros una iniciativa de importancia para la sostenibilidad del recurso y la sustentabilidad económica de quienes gozan con ese reparto en un escenario donde la distribución de los cupos y su impacto territorial vuelven a estar en discusión. De prosperar un exhaustivo y profundo análisis por parte de la Honorable Cámara, quedará expuesto el compendio de irregularidades propias de una actividad que no goza de control y fiscalización, al igual que otras pesquerías.
