En el marco de las necesidades sociales que atraviesan las provincias, y ante el problema de baja o nula rentabilidad en diversos sectores, desde la actividad extractiva primaria —como la pesca— hasta la comercialización en mercados internos e internacionales, varias provincias han tomado medidas que podrían vulnerar antiguos pactos o convenios preexistentes, poniendo en riesgo incluso la biomasa futura de ciertos recursos.
Sin entrar en la justificación de estas acciones, lo concreto es que esta ofensiva se manifiesta en diversas formas y frentes, especialmente en un contexto de alta incertidumbre para los próximos meses. Un ejemplo de esto es la situación de la merluza. En momentos en que se discute la renovación de las Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), varios actores han expresado, desde distintas posiciones, la necesidad de aumentar su participación en la pesquería.
Es el caso de Chubut, quien intenta ademas de solucionar desde hace mas de 10 meses, los problemas sociales diarios, intenta paralelamente ver como busca una mayor incidencia en el recurso merluza hubbsi, de hecho hay plantas en Comodoro rivadavia que necesitan un mayor volumen para dar continuidad a su propia actividad.
Otro ejemplo es Tierra del Fuego, donde hace un mes arribó al puerto de Ushuaia el BP Centurión del Atlántico, tras completar su proceso de reconversión en el astillero Westcon, en Florø, Noruega.
Esta unidad, transformada en una «gigante aspiradora surimera«, necesita cuotas de distintas especies para justificar la inversión realizada. En este contexto, se produjo una transferencia indirecta de cuotas de merluza de cola -poco ortodoxa y cuestionada en el seno del CFP- cuestión que ha sido fuertemente criticada por algunas cámaras de Mar del Plata.
Mientras los representantes de la provincia de Buenos Aires, -por cuestiones de cambio de favores ante el FAFP de langostino-, ante la falta de capturas, permitieron una cesión de cuotas por parte de empresas bajo esta provincia, a pesar de que la pesca de esta especie, escasa y juvenil, es legalmente cuestionable.
De hecho, en reuniones de la Comisión de Seguimiento de Merluza de Cola, desde el INIDEP, se ha señalado que el recurso arriba por canales fueguinos y por debajo del Cabo de Hornos desde el Pacífico Sur, precisamente desde aguas chilenas, donde su Secretaria de Pesca lo consideró hasta el 2017 sobreexplotada y a partir de ese año a la fecha como especie AGOTADA, ademas destacándose que la captura de juveniles en todo el mar argentino está prohibido por la Ley Federal de Pesca 24.922.
Además, es extremadamente difícil controlar y verificar el contenido del kamaboko, la materia prima del futuro kanikama, ya que esto depende exclusivamente de un inspector a bordo, cuya labor no siempre garantiza la precisión, dado que el proceso involucra más de un 35% de agregados y aditivos, lo que dificulta la identificación de la especie base del producto.
En este contexto, la provincia de Tierra del Fuego, a través de una reunión informal realizada el pasado viernes, solicitó a la administración, por medio de la Ministra de Producción y Ambiente, Karina Fernández, 10.000 toneladas de merluza hubbsi, justificando el interés de la provincia en acceder a nuevas especies para mejorar las condiciones de la flota que opera en sus aguas, al margen de la surimera.
Por otra parte, en pos de fomentar el desarrollo de nuevos complejos manufactureros, la provincia de Santa Cruz, representada por Ricardo Ancell Patterson, ha reiterado en diversas oportunidades su interés en obtener una mayor participación en las CITC de merluza hubbsi. Desde mediados de abril, Patterson también ha manifestado la necesidad de contar con un mayor volumen de langostino para la cuota social de su provincia, llegando incluso a plantear la posibilidad de abrir el Golfo San Jorge si no se garantiza tal acceso. En este sentido, el Ministro de Producción, Gustavo Martínez, advirtió que Santa Cruz podría reconsiderar su adhesión al convenio de veda permanente del langostino en dicho golfo, acuerdo establecido con Chubut para proteger el caladero interjurisdiccional. También mencionó que están dispuestos a otorgar permisos para pescar dentro de las doce millas provinciales si no se garantizan beneficios locales.
El ministro enfatizó que la prioridad es defender los recursos de su provincia, destacando que el gobernador planteó en su última visita a la Secretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, la necesidad de rediscutir el esquema pesquero nacional. Asimismo, subrayó la importancia de generar estrategias regionales junto a otras provincias patagónicas, como Tierra del Fuego, Chubut y Río Negro, para equilibrar los beneficios de la industria pesquera, que según su opinión, están concentrados en Mar del Plata.
En un contexto donde la rentabilidad está en juego, los ánimos se exacerban, y las propuestas, por más disímiles que sean, comparten un mismo objetivo: todos buscan una mayor participación en un recurso limitado, lo que genera mayores conflictos de interés y, por ende, una mayor incertidumbre para los próximos meses. Cada participante y representante provincial defiende su posición con argumentos sólidos, planteando un desafío significativo para quienes ocupan cargos decisivos en el ámbito pesquero nacional, pero dejando en claro, que el recurso no se multiplica de la misma medida que se desea paliar situaciones sociales en las provincias que apuntan a la pesca como un posible salvavidas, sin considerar la capacidad instalada de quienes ya están en el rodeo y su impacto, en caso de haber mayores participantes en el sector.
En este delicado equilibrio entre necesidades sociales, rentabilidad y sostenibilidad, cada provincia defiende su posición con argumentos sólidos. El reto para la gestión pesquera es encontrar un punto medio que permita satisfacer las demandas sociales sin comprometer la biomasa futura de especies claves como la merluza. La situación exige medidas coordinadas y estratégicas que no solo respondan a las necesidades locales, sino que también garanticen la conservación a largo plazo de los recursos pesqueros, esenciales para la economía y el ecosistema marino. Una tarea nada sencilla para quienes habitan Paseo Colon 922 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
