El conflicto se originó cuando Argentina decidió detener la navegación de una barcaza transportando aproximadamente 30 millones de litros de combustible de Shell hasta que se pagara un peaje. Luis Ortega, representante de la multinacional, comunicó inmediatamente esta medida considerada arbitraria.
La barcaza quedó retenida en el kilómetro 171 de la hidrovía Paraguay-Paraná, según detalló Ortega.
A partir de este año, la Administración General de Puertos, el organismo encargado de supervisar la Hidrovía, exige el pago de un peaje de 1,47 dólares por tonelada transportada para cada barcaza de bandera extranjera que atraviese el tramo entre Santa Fe y Confluencia.
El informe oficial resaltó que el canciller expresó la preocupación de Paraguay ante esta situación y reafirmó que el cobro del peaje contraviene claramente acuerdos internacionales.
«La decisión de Argentina se tomó pasando por alto incluso disposiciones judiciales que indicaban que el convoy no podía ser detenido«, informó el gobierno del presidente Santiago Peña.
El canciller Ramírez Lezcano hizo un llamado a «tomar las medidas necesarias para resolver esta situación«.
La Cancillería paraguaya anunció que solicitará a Brasil, que actualmente preside el Comité Intergubernamental de la Hidrovía, que adelante de manera urgente una reunión programada para abordar el conflicto con Argentina.
En la última reunión del Comité, que tuvo lugar el 30 de agosto en Bolivia, los representantes de Brasil, Bolivia y Uruguay se unieron al rechazo al peaje impuesto en el río Paraná y solicitaron suspender su aplicación.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció que junto con los gobiernos de Bolivia, Uruguay y Brasil, solicitará un arbitraje internacional para resolver la disputa con Argentina sobre el cobro de un peaje a las embarcaciones que navegan en el tramo argentino de la hidrovía Paraguay-Paraná. Peña destacó que esta propuesta cuenta con el respaldo de estos cuatro países.
El conflicto se originó debido a la retención «irregular» de un convoy de diez barcazas paraguayas en el corredor fluvial, lo que afecta significativamente al transporte de carga de Paraguay, que no tiene acceso directo al mar.
Además, el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, informó que su país también recurrirá al Tribunal Permanente de Revisión (TPR) del Mercado Común del Sur (Mercosur) para resolver la controversia. Esto se basa en un acuerdo de transporte fluvial de la hidrovía firmado en 1992 por Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay.
La Administración General de Puertos de Argentina había ordenado la interdicción de la barcaza paraguaya que se negó a pagar el peaje de la Hidrovía Paraná en el tramo Confluencia-Santa Fe, lo que desató en un conflicto judicial.
En respuesta, el gobierno paraguayo rechazó el cobro del peaje por parte de Argentina y propuso establecer un arbitraje para resolver la disputa. Además, se ha formado una mesa de trabajo entre Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay para abordar las cuestiones técnicas relacionadas con la navegación en la hidrovía y mejorar su eficiencia.
La próxima reunión está programada para el 22 de septiembre, donde se discutirán asuntos técnicos relacionados con el mantenimiento y mejoras en la infraestructura de la hidrovía en el tramo en cuestión.
