La Asociación de Profesionales del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, se manifestaron también con respecto a las pretendidas modificaciones del Régimen Federal de Pesca, Ley que se encuentra vigente en nuestro país bajo el número 24.922.
En un comunicado llegado a la redacción de PESCARE, los profesionales del Instituto manifiestan:
“Ante hechos de público conocimiento, respecto de una posible modificación del Régimen Federal de Pesca Vigente (ley 24.922), la Asociación de Profesionales del INIDEP (API) desea manifestar lo siguiente:
• Casi todas las pesquerías del Mar Argentino, principalmente las más importantes, se encuentran explotadas al nivel de su máximo rendimiento sostenible, siendo gestionadas cerca del óptimo de su sustentabilidad biológica.
• La incorporación de más buques y nuevos permisionarios pondría en riesgo el delicado equilibrio existente, dado que la mayoría de la flota no captura una sola especie, sino que diversifica su esfuerzo de pesca entre especies cuotificadas y otras sin cuotificar.
• Para mantener el equilibrio biológico, por cada nuevo buque que ingresa al caladero se debe desafectar a uno existente de similar poder de pesca, de tal forma de no aumentar la capacidad pesquera actual induciendo a un sobredimensionamiento de la flota que derive en la sobrepesca.
• El indiscriminado ingreso de buques a la pesquería de merluza común (Merluccius hubbsi), a mediados y fines de la década del 90, produjo su sobreexplotación y una marcada disminución de su abundancia. Gracias al trabajo conjunto realizado por nuestros científicos, autoridades y sector privado, y en función de las medidas de manejo adoptadas por las distintas administraciones en base a información científica fidedigna, hemos recuperado la estabilidad del caladero.
• El proceso de recuperación llevó casi dos décadas y la aplicación del régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), establecido por la Ley Federal de Pesca, así como otras medidas de manejo sugeridas por el INIDEP tales como áreas y épocas de veda, artes de pesca selectivas y limitaciones al esfuerzo pesquero, entre otras, fueron fundamentales para ordenar la pesquería.
• La posibilidad de desembarque de las capturas en puertos extranjeros o del trasbordo en altamar imposibilitaría el adecuado control de la actividad pesquera y afectaría enormemente el acceso a la información vital para las evaluaciones de los estados de los recursos que realiza el INIDEP. Esto generaría una inevitable pérdida de la calidad del asesoramiento científico brindado a las autoridades pesqueras, con un consecuente aumento del riesgo de sobreexplotación.
• Consideramos que, en términos generales, la industria pesquera no puede seguir creciendo en capturas, pero sí lo puede hacer en el monto de las exportaciones, apuntando al agregado de valor y a captar nuevos y exigentes mercados, que son los que requieren certificaciones internacionales de las pesquerías, generadas en base al esfuerzo de la labor de científicos y técnicos en conjunto con la actividad privada.
• La implementación de un sistema que implique la ruptura de este equilibrio sería incompatible con el manejo sustentable de los recursos, y derivaría en la sobreexplotación y la pérdida de sustentabilidad ambiental, económica y social de las pesquerías del Mar Argentino.
Desde esta Editorial decimos: muchas veces, menos, es más. En muy pocas palabras los investigadores, biólogos, especialistas en definitiva, hicieron un claro y brillante muestreo de lo que podría suceder si es que se arriba a lo que todos califican cuanto menos de “locura”.
Marcan claramente desde el punto de vista científico (nadie mejor que ellos para hacerlo), las consecuencias de descuidar un caladero con acciones totalmente perjudiciales como pueden ser la sobreexplotación a través de más buques pescando en el Mar Argentino.
No debería ser tan difícil oír a los que saben realmente lo que ocurre con la biomasa, cada uno de los recursos pesqueros, los pro, los contra, todo lo que han investigado a lo largo de 50 años, donde fueron financiados por el Estado argentino, es decir por todos nosotros y, justamente es el propio Estado nacional quien quiere desarticular algo de las pocas cosas que funcionan en nuestro país.
