El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) realizó una conferencia de prensa en el día de ayer en su sede local para denunciar irregularidades en torno a la reciente salida del BP Marlene del Carmen, operado por la empresa GAAD GROUP. Según afirmaron, el barco zarpó sin respetar el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) y con la intervención de la Prefectura Naval Argentina (PNA), que impidió el ingreso de los delegados al muelle.
“Convocamos esta conferencia para hablar de los aspectos legales del conflicto”, explicó Oscar Bravo, secretario general del SOMU delegación Mar del Plata. El sindicato afirmó que la empresa forzó la firma de un contrato de ajuste por parte de los tripulantes, sin intervención gremial, y que el mismo no tiene validez legal. “Lo que estamos haciendo es visibilizar nuestra postura. Vamos a seguir con el reclamo porque los puestos de trabajo se tienen que preservar. Este empresario que no es de la ciudad pretende avasallar el convenio colectivo vigente, algo que no vamos a permitir”, remarcó el dirigente Damián Basail, quien secundaba a Bravo.
El conflicto se profundizó el 5 de mayo, cuando el BP Marlene del Carmen zarpó con solo 8 tripulantes, pese a que por su capacidad de bodega (210 m³) le correspondía llevar al menos 10 marineros. La asesora legal del sindicato, Dra. Fernanda Jesica Chávez, explicó que el artículo 17 del CCT establece con claridad la dotación mínima según el tonelaje del buque. “El convenio es ley de orden público, no puede ser modificado por decisión unilateral de un empresario. Se avasallaron derechos laborales básicos”, señaló.
El sindicato presentó documentación respaldatoria ante el Juzgado Laboral Nro. 2, a cargo del juez Federal Santiago Martín, y está a la espera de una resolución en el marco de un amparo. “La causa siempre fue impulsada desde esta parte. Del otro lado, (con referencia al sector empresario), no hubo voluntad de diálogo”, advirtió Chávez.
Además, desde el gremio denunciaron que la empresa zarpó horas antes de una audiencia prevista en la Secretaría de Trabajo, lo que consideran una maniobra de mala fe. El abogado Martín Bernat fue más allá y sostuvo que “se utilizó el derecho penal para silenciar un reclamo laboral legítimo”. Según indicó, el gremio no aceptó una conciliación “este gremio decidió no conciliar porque queremos que estas falsas denuncias y coacciones, se investiguen a fondo porque no existieron y podemos demostrarlo”.
El SOMU también cuestionó duramente el accionar de la Prefectura Naval. “El día que el barco salió, los delegados fueron bloqueados por un cordón de PNA que impidió el ingreso al muelle. Los trabajadores habían manifestado que no querían salir hasta que el conflicto se resolviera. Este accionar podría configurar un abuso de autoridad e incluso dar lugar a una investigación por cohecho”, advirtió Bernat.
Los dirigentes sindicales también rechazaron versiones que los vinculan con daños a una camioneta con la que se desplazaba el capitán de armamento, propiedad de la firma, en la misma noche del 31 de marzo pasado. “No rompimos ningún auto. Lo que pasó acá fue una salida ilegal y vamos a actuar con todas las herramientas legales y gremiales a nuestro alcance”, dijeron, descartando la intervención en un hecho por demás dudoso que se investiga.
Finalmente, el gremio cuestionó que se haya autorizado la zarpada sin el consentimiento de los trabajadores y sin intervención de las autoridades laborales. “El contrato que se firmó no tuvo participación sindical y no tiene validez. El convenio colectivo no es un techo, es un piso mínimo. Todo lo que esté por debajo es ilegal”, concluyó la Dra. Chávez.
