El proyecto de reforma laboral abrió un nuevo frente de conflicto en el sector marítimo y pesquero. Diversos gremios que representan al personal embarcado manifestaron su preocupación por los cambios propuestos en el ámbito de aplicación de la Ley Nro. 20.744 de Contrato de Trabajo (LCT) , al advertir que podrían alterar el régimen vigente y reducir el nivel de protección actual.
El punto central de la discusión se encuentra en el artículo 1° del proyecto, que propone sustituir el artículo 2° de la LCT. La nueva redacción redefine el alcance de la norma al establecer que su aplicación quedará condicionada a la compatibilidad con la naturaleza y modalidades de cada actividad y con el régimen jurídico específico que la regule. Dentro de ese esquema, se incorpora expresamente la exclusión del personal embarcado comprendido en la Ley de Navegación N° 20.094 y sus modificatorias, sin perjuicio de lo que dispongan las convenciones colectivas.
Desde el Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE) interpretan que esa modificación implica un cambio sustancial en el encuadre jurídico de la actividad. Su secretario general, Pablo Trueba, sostuvo que el proyecto podría transformar estructuralmente el esquema laboral de la pesca y consolidar un modelo marcadamente estacional. Según explicó, si un trabajador no alcanza la efectivización tras contratos sucesivos, podría quedar sin salario a la orden y depender exclusivamente de nuevas convocatorias temporales.
El gremio advierte que la exclusión prevista no es un detalle técnico menor. Actualmente, el personal embarcado se rige por un régimen especial —principalmente la Ley de la Navegación y normas complementarias—, pero ese marco se integra con la aplicación supletoria de los principios y garantías de la Ley de Contrato de Trabajo.
La Ley de Navegación constituye la norma estructural de la actividad marítima y regula cuestiones vinculadas con la organización del buque, las responsabilidades del capitán, los contratos marítimos y aspectos económicos y administrativos del tráfico naval. Sin embargo, no establece un sistema integral de tutela laboral comparable al de la LCT. Por eso, en aquellos aspectos no regulados específicamente, se aplican de manera supletoria las disposiciones generales del derecho laboral.
Para los gremios, la modificación propuesta podría interrumpir ese mecanismo de integración normativa y limitar la aplicación de principios protectores que hoy funcionan como respaldo en materias sensibles. Entre las preocupaciones señaladas se encuentran las licencias, la protección de la maternidad y las garantías frente a abusos patronales, así como principios estructurales del derecho del trabajo como la irrenunciabilidad de derechos y la primacía de la realidad.
Desde el SIMAPE, además, cuestionaron que la dotación de explotación quede sujeta a la decisión exclusiva del armador, lo que —según plantearon— podría modificar las condiciones de trabajo a bordo y afectar la estabilidad de las tripulaciones.
En esa línea, el Sindicato de Conductores y Motoristas Navales de la República Argentina (SICONARA) también manifestó su rechazo a la iniciativa. La entidad sostuvo que la exclusión del régimen general implicaría un retroceso en materia de derechos y alteraría el equilibrio normativo que históricamente rigió para el personal embarcado.
En un escenario donde la reforma laboral ya genera tensiones en distintos sectores, el debate sobre el alcance del nuevo artículo de la LCT coloca al trabajo embarcado en el centro de la discusión jurídica y sindical. Los gremios marítimos anticipan que, de avanzar el proyecto sin modificaciones, podría incrementarse la conflictividad y abrirse un nuevo capítulo de litigiosidad en torno al encuadre laboral de la actividad.
