La reciente y sorpresiva decisión del Gobierno nacional de eliminar temporalmente las retenciones a las exportaciones de granos, carnes y subproductos agroindustriales hasta el 31 de octubre ha sacudido el tablero económico y político.
La medida, comunicada en el Boletín Oficial con el DNU 682/2025, que busca acelerar la liquidación de divisas y fortalecer las reservas del Banco Central, fue celebrada por sectores productivos y criticada por otros, que la califican de «electoralista» por su vigencia en la recta final hacia las legislativas de octubre.
El paquete incluye a los grandes complejos exportadores: trigo, maíz, cebada, soja, girasol, carnes bovinas y avícolas, lácteos, aceites, harinas y hasta biodiésel, entre otros productos estratégicos.
Los exportadores deberán liquidar el 90% de las divisas en un plazo máximo de tres días hábiles, bajo apercibimiento de perder el beneficio y volver a la alícuota original.
Mientras gobernadores y dirigentes rurales exigen que la baja de retenciones sea definitiva, la medida apunta, en el corto plazo, a contener la presión cambiaria y fortalecer la competitividad en un clima de marcada incertidumbre económica. El anuncio provocó una inmediata reacción en los mercados: bonos y acciones argentinas treparon entre un 18% y un 25%, mientras el tipo de cambio se descomprimía tras rozar el límite superior de la banda. Este repunte se potenció con la expectativa de un posible nuevo préstamo de los Estados Unidos, que sería abordado hoy en la inminente reunión bilateral entre el presidente argentino Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump.
El sector pesquero: otra vez fuera del radar
En medio de este alivio fiscal para el agro, el sector pesquero quedó otra vez excluido. No es la primera vez.
Una industria que genera más de 2.000 millones de dólares anuales en exportaciones y que sostiene miles de empleos directos e indirectos en plantas, puertos, astilleros, barcos y cadenas de servicios vinculados.
En ciudades como Puerto Madryn, Mar del Plata, Rawson, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado o Caleta Olivia, la pesca no solo es una actividad productiva, sino la base de la economía regional. Sin embargo, sus exportaciones siguen soportando una pesada carga impositiva, que limita su competitividad frente a países como Ecuador, Perú, España o China, donde existen incentivos fiscales y políticas activas para el sector.
Desbalance económico y señales políticas
La medida envía un mensaje claro: el agro es prioridad, la pesca no.
Esto genera un fuerte malestar entre empresarios y trabajadores del sector pesquero, que reclaman igualdad de condiciones y advierten que sin incentivos, las inversiones se frenan, se posterga la modernización de la flota y se corre el riesgo de perder mercados internacionales.
Además, la pesca enfrenta desafíos propios, como la sostenibilidad de los recursos, la fiscalización en alta mar y el cumplimiento de normas sanitarias internacionales.
Todo esto requiere una estructura compleja y costos adicionales que no siempre se reconocen en la política tributaria.
En un contexto donde el Gobierno busca dólares desesperadamente, dejar afuera a un complejo exportador clave parece, cuanto menos, incomprensible.
¿Es una cuestión de desconocimiento? ¿Una falta de lobby por parte del sector? ¿O una estrategia deliberada para concentrar beneficios en el agro?
El reclamo que sigue sin respuesta
La exclusión de la pesca no es nueva.
Cada vez que se anuncian medidas de alivio fiscal para el agro y las economías regionales, la industria pesquera queda relegada, obligada a competir con países que apoyan activamente a su sector exportador y que lo defienden con importantes medidas proteccionistas, encareciendo productos importados y ofreciendo barreras arancelarias en defensa de su producción.
Mientras el Gobierno apuesta a los granos y la carne de pollo y bovina, como salvavidas económico, las comunidades costeras sienten que se les da la espalda, pese a su aporte genuino de divisas y empleo pero en rigor a la verdad, el esquema impuesto es temporal hasta el 31 de octubre y/o hasta completar 7.000 millones de dólares; cifra que se necesita para fortificar la estrategia del modelo económico instaurado por las actuales autoridades políticas y económicas.
El riesgo es claro: sin un esquema tributario justo, la pesca puede perder terreno en los mercados internacionales, afectando directamente a miles de familias que dependen de ella.
En este escenario de contrastes, queda flotando una pregunta que sintetiza la frustración y el desconcierto de todo un sector: «¿Tendrá el Gobierno sus motivos para que un complejo que genera más de 2.000 millones de dólares en exportaciones, empleo genuino y riqueza para la Argentina, siempre sea excluido en materia tributaria?»; sin dudas lo tiene.
Hasta que no exista una respuesta clara, la pesca seguirá siendo la gran olvidada de la política económica, navegando en aguas turbulentas mientras observa cómo otros sectores reciben el viento a favor.
Resulta particularmente elocuente observar cómo, mientras al agro se le tiende la mano con urgencia para facilitar el ingreso de dólares al país, la pesca permanece sumida en el silencio de las decisiones oficiales, sin recibir siquiera una mención en las políticas de alivio tributario, a pesar de su indiscutible aporte estratégico y de su capacidad para generar empleo genuino y divisas. Esta exclusión, sin embargo, no puede explicarse únicamente por la falta de visión gubernamental: también es reflejo de una deuda interna del propio sector, que durante décadas ha navegado sin una brújula clara en la construcción de su representatividad.
Se pesca en el mar, pero también se pesca en los escritorios del ámbito del poder, en las mesas de negociación y en los pasillos donde se definen las políticas públicas. En ese terreno, la pesca estuvo siempre ausente, enclaustrada en una dinámica hermética, donde referentes casi anónimos se han limitado a gestionar beneficios circunstanciales, sin cimentar las bases sólidas de una defensa sectorial articulada y legítima. Han primado los intereses particulares por sobre la construcción de una voz colectiva capaz de interpelar al Estado con fuerza y legitimidad.
En lugar de tejer alianzas perdurables, muchos interlocutores se replegaron en sus propios negocios, privilegiando la ganancia inmediata sobre el desarrollo integral del sector.
Tras la 125, el campo articuló un bloque propio y proyectó su influencia en el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el ámbito mediático, ganando la opinión pública al subrayar los aportes de su actividad. La pesca, en cambio, permaneció ensimismada y encerrada en contiendas laborales, gremiales y de interés en comunicar que la pesca paga, y mucho por su actividad; pero en el fondo nunca abrió el juego ni construyó relato, y hoy padece una prensa adversa que magnifica cada traspié y eclipsa su contribución a las comunidades involucradas en forma directa o indirecta.
Así, mientras el campo supo crear y destacar instituciones y líderes visibles que hoy son interlocutores naturales en los poderes del Estado, la pesca carece de una estructura política y legislativa que la represente, dejándola vulnerable frente a los embates de las políticas fiscales y regulatorias de turno. La falta de visión política tiene su impacto.
El resultado es un sector que, a falta de una defensa férrea de sus derechos, ha visto cómo sucesivos gobiernos imponen cargas y restricciones sin encontrar resistencia organizada. En este contexto, culpar exclusivamente a la clase política resulta una salida cómoda: es más fácil señalar al gobierno que asumir las propias decisiones, las fragmentaciones internas y la falta de visión estratégica.
Hasta que la pesca no se mire a sí misma con la misma severidad con que señala al poder político, seguirá siendo un actor pasivo en su propio destino, condenado a esperar desde la orilla mientras otros sectores navegan con rumbo firme hacia los puertos de la decisión y la influencia.
