El anuncio reciente efectuado por el ministro de Economía, Luis Caputo, referente a la reducción de aranceles para 89 bienes e insumos de producción, representa un movimiento estratégico que redefine los principios rectores de la política comercial de la nación. Tal determinación, enmarcada en un contexto económico de creciente competencia global, busca aliviar las barreras inherentes a la importación y disminuir los costos para sectores clave, fomentando una revitalización de las industrias que dependen de insumos foráneos para su operatividad. Este ajuste, previamente divulgado por diversos medios, no hace sino confirmar la premura por garantizar un acceso más fluido a recursos que son indispensables para la maquinaria productiva nacional.
A través de un comunicado oficial, se detallan los bienes que se verán beneficiados por esta reducción arancelaria, entre los que destacan motocicletas, neumáticos, pequeños electrodomésticos y luminarias LED, símbolos emblemáticos de sectores altamente gravados. Del mismo modo, la medida contempla insumos críticos como el plástico PET, insustituible en la manufactura de envases, y el plástico ABS, vital para la producción de electrodomésticos. Cabe destacar que el impacto de esta reducción también se hará sentir en la industria textil, que verá un alivio en la carga arancelaria que pesa sobre hilados sintéticos como la laicra y el poliéster, fibras esenciales para este sector.
Más allá de las implicancias para cada sector, esta política se inscribe dentro de un marco más amplio de alivio impositivo, que según las autoridades económicas, tiene como objetivo mitigar los efectos perniciosos de la inflación, al tiempo que se busca incentivar la producción interna mediante la optimización de los costos asociados a la importación de insumos. No en vano, la progresiva reducción de aranceles para productos como los neumáticos refleja una voluntad deliberada de evitar un perjuicio sobre el empleo, en áreas donde la producción local aún conserva un peso relevante, como en el caso de empresas tales como Fate, Pirelli y Bridgestone.
Es ineludible mencionar que si bien se prevé que esta reducción arancelaria tenga un efecto benéfico sobre los precios al consumidor final, surgen legítimos cuestionamientos respecto a la capacidad de los productores nacionales de mantenerse competitivos frente a una mayor afluencia de bienes extranjeros a costos reducidos. En un entorno donde las empresas nacionales enfrentan ya serios desafíos estructurales, esta medida podría acentuar tensiones en lo referente al empleo y la producción interna, particularmente en sectores donde los márgenes de competitividad resultan extremadamente frágiles.
Este paquete de medidas, no obstante, forma parte de una estrategia integral del gobierno actual, que se orienta a incentivar el comercio exterior y facilitar la importación de insumos estratégicos con vistas a reactivar la economía, todo ello sin desatender las exigencias impuestas por el contexto macroeconómico mundial. Con todo, el verdadero alcance de estas reformas dependerá en gran medida de su implementación efectiva y del comportamiento de los mercados internacionales, así como de la capacidad del sector productivo nacional para adaptarse a las nuevas circunstancias.
Asimismo, es importante destacar que se vislumbra un esfuerzo adicional por parte del Ministerio de Economía en torno a la competitividad de ciertos sectores exportadores. Este empeño busca fomentar su desarrollo mediante políticas que refuercen su posición en los mercados globales. Cabe señalar que el sector exportador enfrenta de manera especialmente aguda los efectos adversos de los Derechos de Exportación, comúnmente conocidos como “retenciones”. En particular, el sector pesquero se encuentra afectado por un modelo tributario segmentado, que si bien otorga alivio a los productos que generan un mayor valor agregado en términos de empleo, penaliza aquellos en los que la mano de obra es mínima, lo que se traduce en una mayor carga fiscal.
Este esquema contrasta con el que rige en otros sectores, como el cerealero, donde los derechos de exportación gravan la materia prima. En el caso de los productos marinos, dichos derechos se aplican sobre productos terminados, gravando de esta forma no solo la industrialización, sino toda la cadena de valor que transforma al pescado en un producto apto para el consumo. Esta situación, agravada por los aranceles de ingreso a los principales mercados globales, como el 12% aplicado por la Unión Europea, coloca a la industria pesquera en una posición de desventaja competitiva.
Resulta, pues, evidente que el camino hacia una mayor competitividad de la industria nacional no pasa únicamente por la reducción de aranceles a la importación, sino también por un replanteamiento de los derechos de exportación, cuya incidencia sobre los productos ya elaborados representa un obstáculo para la consolidación de la industria en los mercados internacionales.
