La escena estaba prevista muy detalladamente en una agenda comprimida donde Ursula von der Leyen, -presidente de la Comisión Europea desde diciembre de 2019- aterrizando en Foz do Iguaçu para rubricar el Tratado de Libre Comercio (TLC)entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur. Sin embargo, la imagen quedó suspendida en el aire. La Comisión Europea confirmó el aplazamiento oficial de la firma hasta enero, luego de constatar que esta semana no existía el mandato político indispensable de los Estados miembros para cerrar el acuerdo.
El gesto no es menor. No se trata de una reprogramación de agenda, sino de la confirmación —otra vez— de que el acuerdo UE–Mercosur, negociado desde 1999, continúa atrapado en su disputa estructural, la colisión entre la ambición geoeconómica y proteccionista del bloque europeo y el temor profundo de su mundo rural ante la potencia agroexportadora sudamericana.
La postergación tiene un motor visible, la presión interna en Europa y el aumento de las protestas masivas de agricultores europeos principalmente en Francia. Bruselas fue escenario de una movilización que buscó imponer un mensaje inequívoco, el pacto, tal como está planteado, amenaza su equilibrio económico. No es un detalle periférico, y en varios países, la agenda agrícola es un termómetro político, y hoy esa temperatura está en punto ebullición.
Detrás del conflicto hay una ecuación concreta. Los productores temen competir —en precio, escala y capacidad exportadora— con Brasil y Argentina, jugadores de primera línea en carne y soja. Los sindicatos, consorcios productores y asociaciones rurales sostienen, además, que el acuerdo permitiría el ingreso de productos elaborados bajo regulaciones ambientales y sociales menos estrictas que las europeas, con una consecuencia directa, competencia “desleal” para quienes producen con costos regulatorios más altos. Una política claramente envidiable en defensa de su industria, algo que por estas latitudes se encuentra en las antípodas.
Esa presión social se vuelve cálculo electoral. En Francia, Emmanuel Macron endureció su postura y repitió que aún es “demasiado pronto” para aceptar el pacto, exigiendo garantías “históricas” en salvaguardias ambientales y sociales. Italia acompañó con prudencia, Giorgia Meloni pidió más tiempo para asegurar la protección de los intereses agrícolas de su país. Polonia, en sintonía, se alineó como socio de bloqueo. En la arquitectura europea, cuando sube el costo interno, baja la velocidad comunitaria.
La Comisión Europea empujó hasta el final. Von der Leyen habló de “avances decisivos”, pero admitió la realidad central, faltan “algunas semanas” para resolver asuntos con los Estados miembros. Traducido al lenguaje del poder, significa una sola cosa, no hay consenso suficiente dentro de la UE y de confirmarse esta alternativa, enero, podría ser muy largo.
El contraste fue explícito. Alemania y España presionaron con fuerza a favor del acuerdo, convencidas de que el TLC UE–Mercosur tiene valor estratégico en un tablero global cada vez más competitivo. Pero la resistencia francesa —reforzada por Italia y Polonia— pesó más que el impulso de los socios favorables. Incluso se intentó una salida técnica para desactivar el conflicto: el Parlamento Europeo aprobó cláusulas que habilitarían la suspensión unilateral de importaciones (carne aviar, bovina y porcina) si se detectara un “abaratamiento indebido” de precios o un desequilibrio sensible. Fue un “freno de emergencia” pensado para apaciguar al agro europeo y ofrecer una herramienta política a los gobiernos reticentes.
Aun así, Macron no cedió. Y ese dato es decisivo: porque cuando Francia planta una bandera en el corazón de una decisión europea, rara vez lo hace en soledad. De hecho, la prudencia de Italia funcionó como ancla complementaria, el acuerdo no cayó, pero quedó suspendido hasta que la política interna permita sostenerlo.
Del lado sudamericano, la reacción fue más pragmática que dramática. Brasil ya había dado señales de flexibilidad frente a las salvaguardias europeas. Su canciller,Mauro Vieira, dejó claro que el Mercosur también podría diseñar mecanismos de protección propios, aunque después de la firma, un mensaje diplomático moderado, pero inequívoco. Si Europa se reserva derechos unilaterales, Sudamérica no pretende quedar desarmada.
Luiz Inácio da Silva, que en los días previos tensó el escenario con un mensaje de “ahora o nunca”, eligió finalmente correrse del borde. Tras hablar con Meloni, aceptó “tener paciencia” con la expectativa de que Italia ordene internamente su postura para enero. Uruguay también tomó nota del cambio de cronograma sin alterar su agenda regional, el presidente Yamandú Orsi confirmó haber sido informado del retraso y sostuvo que la cumbre del Mercosur en Brasil se desarrollará según lo previsto, incluyendo la transferencia de la presidencia pro tempore a Paraguay. El Mercosur continúa; el reloj europeo, por ahora, se demora.
La dimensión del tratado explica por qué cada paso se vuelve una batalla. De ratificarse, el acuerdo configuraría una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un impacto directo sobre exportaciones, inversiones, cadenas de suministro y acceso a mercados. Por eso el debate no es técnico: es existencial para sectores concretos. En Europa, el agro teme perder márgenes y mercado. En Sudamérica, la expectativa es ampliar acceso y previsibilidad para sus exportaciones. En el medio, los gobiernos hacen lo que hacen los gobiernos cuando el clima social aprieta: calculan, demoran, buscan garantías, reescriben el relato.
António Costa minimizó el revés diciendo que tres semanas son “insignificantes” tras un cuarto de siglo. La frase puede sonar razonable en un gráfico histórico, pero en política el problema nunca fue el calendario: fue —y sigue siendo— la decisión. Enero no es una fecha mágica; es un plazo adicional para que los gobiernos reticentes obtengan garantías, contengan a sus sectores sensibles y encuentren una narrativa defendible ante su electorado.
Y conviene recordar algo elemental: cuando el debate público se vuelve rehén de consignas o de verdades únicas, la discusión se empobrece y las decisiones se deforman. El periodismo profesional —riguroso, crítico, incómodo cuando hace falta— termina siendo la garantía democrática. Por eso irrita a quienes preferirían que la complejidad no se explique, sino que se obedezca.
Hoy, el hecho es claro, la firma del acuerdo UE–Mercosur se pospuso hasta enero porque Europa aún no termina de decidir si está dispuesta a pagar el costo político de abrir su mercado en el punto más sensible de su identidad productiva. Enero dirá si el retraso fue un paso atrás o la última curva antes de una rúbrica largamente prometida como demorada.
