El conflicto laboral en torno a Red Chamber Argentina continúa escalando en medio de la ausencia de definiciones por parte del Estado y la falta de presencia de la empresa en las instancias de diálogo. Los trabajadores denuncian un escenario de irregularidades persistentes, marcado por el uso de contrataciones eventuales para personal que se desempeñó históricamente bajo relación laboral permanente.
El eje del reclamo está puesto en la situación de decenas de trabajadores que, pese a haber cumplido funciones de manera continua y por tiempo indeterminado, figuran actualmente como eventuales en los registros de altas tempranas de la empresa, una práctica que —según advierten— podría configurar un fraude a la legislación laboral vigente.
Desde el sector sindical recuerdan que la Ley I N.º 527, que declaró de utilidad pública los bienes productivos de la ex Alpesca y dio marco al proceso de expropiación, resguarda expresamente los derechos laborales adquiridos por quienes integraban la firma. En ese sentido, sostienen que la modificación unilateral de la modalidad contractual no solo vulnera derechos básicos, sino que también genera un perjuicio directo al propio Estado provincial.
En paralelo, crece la preocupación por el accionar de la Secretaría de Trabajo del Chubut. Los trabajadores y el STIA señalan que no existe información clara sobre eventuales actuaciones ante el ARCA, organismo competente en materia registral y previsional, frente a las inconsistencias detectadas. La falta de comunicación oficial sobre estas gestiones profundiza el malestar y alimenta la desconfianza en el proceso.
Desde el sindicato remarcaron que, tras múltiples presentaciones administrativas sin resultados concretos y ante el impacto directo sobre alrededor de 78 familias, se resolvió judicializar el reclamo y llevar el caso ante la Justicia Laboral ordinaria de Puerto Madryn.
Mientras el expediente avanza lentamente, el clima entre los trabajadores es de hartazgo e incertidumbre. La falta de reconocimiento de años de servicio, la ausencia de un interlocutor empresarial válido y la percepción de inacción estatal refuerzan la sensación de abandono en un ambiente poco deseado para la armonía y paz social que necesita el sector para potenciar su eficiencia. Los días pasan y las soluciones no aparecen.
En ese contexto, el STIA volvió a exigir que el Estado asuma plenamente su rol de garante de los derechos laborales consagrados por la ley, y adopte medidas concretas para poner fin a una situación que, lejos de resolverse, continúa agravándose.
