El rechazo del Registro Nacional de Buques a inscribir los contratos vinculados a los activos de la ex Alpesca forzó al Gobierno provincial a revertir la transición hacia Profand. En Puerto Madryn, el secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, confirmó que la rescisión del contrato fue unilateral por “imposibilidad de cumplimiento” del propio Estado.
La situación en torno a la ex Alpesca continúa adquiriendo nuevas aristas. La imposibilidad de inscribir los contratos firmados entre la provincia y Pesquera Deseado S.A.U. (Grupo Profand) en el Registro Nacional de Buques (RNB) terminó bloqueando el traspaso de los siete buques y sus permisos de pesca, un paso indispensable para que Profand pudiera operar la planta de Puerto Madryn.
El RNB sostuvo que los contratos originales de locación suscritos entre la Provincia y Red Chamber Argentina siguen vigentes hasta 2027, por lo que ningún documento posterior puede registrarse hasta que ese plazo se cumpla o sea modificado judicialmente. Esa interpretación jurídica generó un vacío operativo que dejó sin capacidad de acción al Gobierno provincial.
Arbeletche: “No podíamos inscribir los buques ni cumplir el contrato con Profand”.
En el marco del Taller de Trazabilidad Pesquera realizado en Puerto Madryn, el secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, dio un paso decisivo al explicar públicamente lo ocurrido.
“No salió como esperábamos. Son cuestiones ajenas a nosotros, depende de un organismo nacional”, señaló al referirse al fallo del Registro Naval. Confirmó además que la rescisión del contrato con Profand fue efectivamente unilateral:
“Es correcto que la rescisión fue unilateral. Fue unilateral por la imposibilidad de cumplimiento de nuestra parte.”
El funcionario reconoció que la Provincia celebró un contrato de arrendamiento con Profand que incluía siete buques y siete permisos de pesca, pero que luego descubrió que no podría entregarlos:
“Nosotros hicimos un contrato con la empresa Profand en la cual le estábamos dando en arrendamiento de siete buques con siete permisos que hasta 2027 no se los íbamos a poder dar.”
La consecuencia era inevitable. Según Arbeletche, Profand no estaba en condiciones de sostener la actividad únicamente con la planta y el personal “Ellos no iban a poder trabajar la planta y mantener toda esa cantidad de trabajadores si no tenían los buques.”
Por eso, el Gobierno tomó la decisión de rescindir: “Fue una rescisión por imposibilidad de cumplimiento.”
La Subsecretaría de Pesca de la Nación tampoco pudo otorgar los permisos provinciales a nombre de Profand porque la falta de inscripción en el RNB impedía procesar cualquier cambio de titularidad. Esto dejó a la empresa sin los instrumentos básicos para operar, mientras Red Chamber conservaba buques y permisos, pero no la obligación de mantener el plantel laboral.
Fuentes provinciales admitieron que la contradicción hacía inviable sostener el esquema acordado. Profand, por su parte, reclamó que la Provincia había entregado la planta y más de 500 trabajadores pero sin los medios productivos necesarios para generar actividad.
El riesgo era evidente: la estructura industrial de Madryn podía quedar paralizada a días del inicio de temporada.
Frente a este panorama, Arbeletche explicó que la prioridad del Gobierno fue proteger los puestos de trabajo y asegurar la continuidad productiva.
“Lo más lógico y lo más seguro era retraer la situación, devolverle a Red Chamber los bienes de Alpesca, que tenía los contratos en los buques hasta 2027, y evitar sobre todo que se pierda un solo día de trabajo. Ese siempre fue el norte”, afirmó.
La medida implica que Red Chamber recupere la operación de los activos expropiados mientras se redefine el marco jurídicamente válido para cualquier futura cesión o traspaso.
El caso ex Alpesca se encuentra ahora en una zona gris donde convergen contratos superpuestos, interpretaciones legales divergentes, fallos judiciales y condicionamientos operativos, pues cada embate sin el sustento en base a una clara planificación en el orden jurídico y decisiones poco claras desde el mas alto poder político de la provincia; al ser revertido, sin dudas la posibilidad de presentaciones judiciales definirán el escenario inmediato futuro; nada que no se arregle con dinero y tiempo. Mientras tanto, la Provincia busca reordenar el proceso sin detener la actividad industrial ni poner en riesgo a los trabajadores.
