En la sesión del Consejo Federal Pesquero (CFP) realizada ayer, se reabrió el debate en torno a la redistribución de cuotas de merluza hubbsi, un tema que continúa sin lograr consenso y mantiene en vilo a distintas provincias pesqueras, pero fundamentalmente al sector pesquero marplatense, cuna de la pesca de ese recurso, y lugar tradicional de la mayor descarga y procesado de pescado fresco del país.
La propuesta oficial planteada, que lejos de llevar a tablas el tema de la reasignación/ redistribución de las Cuotas Individuales Transferibles de Captura, encabezada por el presidente del CFP, planteó un aumento en los Derechos Únicos de Extracción (DUE) poniendo otra vez el caballo detrás del carro, con dos alternativas iniciales.
Sin embargo, esta discusión parece orientarse más hacia objetivos recaudatorios que hacia una gestión sostenible y estratégica de los recursos y su impacto económico, especialmente cuando el marco legal y técnico establecido en la Acta CFP Nro.15/2024 dejó claro que la cuotificación de las (4) cuatro especies que faltaban al proceso de cuotificación por los 15 años venideros, (polaca, merluza negra, merluza de cola y merluza hubbsi), mientras solo se redistribuyeron (3) tres especies, restando la hubbsi, que debía hacerse sin dilaciones desde el 4 de septiembre pasado.
Las dos alternativas de incremento del Derecho Único de Extracción (DUE) presentadas en la sesión ofrecen fórmulas distintas, ambas, en nuestra opinión, desacertadas.
Esto se debe a que, según el artículo 29 de la Ley Federal de Pesca N.º 24.922, los recursos vivos del mar argentino no debiesen vincularse como porcentaje de las exportaciones (una cosa es el recurso vivo en el mar -art.29 Ley Federal de Pesca- y otra el producto industrializado y exportado), ya que se consideran productos con manufactura, industrializados, mano de obra y distintos componentes que alejan del espíritu de lo que vale para el Estado argentino, el recurso vivo del mar.
La primera opción propone un incremento segmentado por especie, con aumentos que alcanzan hasta el 350%, un planteo desmedido y distante de la realidad económica y financiera que vive el sector pesquero, desde trabajadores a empresarios, tanto en el puerto como en la cadena de valor.
La segunda alternativa sugiere un aumento uniforme que llevaría el DUE al 3.5% del valor total de las EXPO. Por ejemplo, si el sector exporta alrededor de U$S 2000 millones, la recaudación del DUE ascendería a U$S 70 millones, quintuplicando las cifras actuales y llevando las unidades en UP a niveles imposibles de pagar sin quebranto. Cabe recordar que, en la actualidad, el sector aporta cerca de U$S 13.6 millones en concepto de DUE, lo cual implicaría multiplicar por más de 5 veces los valores actuales, para alcanzar dicha cifra.
Para el caso específico de la merluza hubbsi, que hoy tributa $6.344,4 al multiplicarse 5.1 UP por el valor de la UP (fijado en octubre en $1.244), esta medida elevaría el valor a cerca de 23 UP, con un total de $28.612 (o sea $28.61 por kilo, un 4.40% de lo que vale en el muelle en boca de bodega directo, naciendo un nuevo «ingreso bruto» IIBB, aplicado a la pesca).
Ambas propuestas han generado resistencia y carecen de un respaldo mayoritario, dejando el asunto nuevamente en suspenso para hoy. Esta falta de consenso retrasa la redistribución de cuotas que podría atender demandas urgentes y, a su vez, cuestiona la capacidad de liderazgo del Consejo Federal Pesquero (CFP) para avanzar en decisiones clave de manera coordinada, efectiva, precisa y con solvencia.
Lo concreto es que para hoy, se espera una sesión controvertida, dividida y probablemente con la readaptación de nuevos valores de los coeficientes de DUE por especies, -al menos su tratamiento-; mientras -extraoficialmente- la redistribución se posterga por un año más; de prosperar, no se descarta que en el Acta de hoy puedan avanzar valores informados con un saldo en votación de 6-4 desequilibrando con el oficialismo, el consejero de la provincia de Río Negro. Veremos.
Una situación de especial interés es la insistencia de la provincia de Santa Cruz en obtener una mayor cuota de captura, apoyándose en un marco con “fines estrictamente sociales” que justifique un aumento de las cuotas destinadas a esa provincia. En este contexto, se planteó también la posibilidad de que el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) aumente la Captura Máxima Permisible (CMP) de la merluza hubbsi, lo cual permitiría reasignar cuotas a las provincias que, como Santa Cruz, argumentan una necesidad creciente de satisfacer su demanda de recursos. Sin embargo, esta postura se enfrenta a críticas desde otros sectores y provincias, que advierten que la flexibilización de cuotas para una mayor distribución puede llevar a una presión insostenible sobre la biomasa de la especie, un recurso crítico cuya conservación ha sido históricamente prioritaria y caso testigo de lo que el sector privado y público debió hacer para recomponer la biomasa casi extinta en los ´90 por pésimas políticas pesqueras.
Esta situación expone una vez más la falta de determinación dentro del CFP para articular políticas equilibradas y sustentables. La inclinación para aumentar los DUE de manera desproporcionada y sin sustento técnico destruyendo la interrelación de las especies, comercialmente hablando, revela una posible preferencia por medidas de impacto fiscal recaudatorio inmediato, mientras que la gestión integral y a largo plazo de los recursos parece quedar relegada. En medio de esta disputa, la propia legislación del CFP subraya la necesidad de decisiones transparentes y sostenibles que promuevan el equilibrio en el uso de los recursos.
No obstante, la dilación en la redistribución de las cuotas de merluza hubbsi, base de cálculo y sustento jurídico para las otras tres especies reguladas y redistribuidas en el Acta CFP Nro.15/2024 del pasado 4 de septiembre, introduce un complejo panorama de consecuencias legales. Este retraso podría derivar en alegaciones de mal desempeño de funciones si no se alcanza una resolución en las próximas sesiones. A la luz de información extraoficial y comentarios de conocimiento general que sugieren la posible postergación de la redistribución por un año adicional, se proyecta una señal de incertidumbre para el sector pesquero y la industria naval, que dependen de una previsibilidad normativa para planificar sus operaciones estratégicas.
Frente a estas circunstancias, es cada vez más evidente la urgencia que el CFP reafirme su rol como órgano regulador de los recursos pesqueros del país de frente a un sector y no de la vereda opuesta al mismo. El interés de corto plazo y la presión política no deberían poner en riesgo el cumplimiento de lo ya legislado ni desviar la atención de la responsabilidad de preservar la riqueza pesquera de la Argentina para las generaciones futuras.
