Continúan las controversias en torno a la Ley Provincial de Pesca en la provincia del Chubut. Ahora se suma a la polémica una empresa pesquera que presentó un amparo ante la justicia.
El titular de una planta procesadora ubicada en Dolavon -36 kilómetros al sur de Trelew en la provincia del Chubut- interpuso ante la justicia un recurso de amparo para que no sean atendidos nuevos permisos de pesca, a la vez que pidió declarar nulos los actos administrativos en torno a ello.
Quien realizó el planteo y lo llevó a la Justicia es Oscar Colman –expresidente de la Cámara Pesquera de Chubut CAPeCh- en un debate que viene de muy larga data.
Sin ir más lejos, en el mes de septiembre del 2022, ya se había caído el tratamiento de lo que hoy es Ley pero que aún no tiene reglamentación para que ingrese en vigencia, como lo habíamos reflejado a través de PESCARE oportunamente.
La nueva normativa, que fue aprobada en la última sesión de la legislatura chubutense, (ver nota de redacción Nochebuena anticipada), le otorgó facultades a la Secretaría de Pesca del Chubut, para que pueda otorgar siete nuevos permisos de pesca, de los cuales tres serían para la flota amarilla, tres para la flota artesanal y un VA.CO.PA. (Plan Experimental de Investigación de Variado Costero Patagónico, permiso encubierto de la especie langostino).
Colman, quien posee una planta de procesamiento de pescado en la localidad de Dolavon, a través del recurso presentado, busca impedir un reparto discrecional de los permisos y a su vez que se declaren nulos todos los actos administrativos realizados hasta este momento, seguramente motivado en lo que muchos creen en el sur argentino y es que esos nuevos permisos de pesca ya “tienen nombre y apellido”, con la anuencia de algunos participantes del sector marplatense otrora con una fuerte posición opuesta, a diferencia del silencio cómplice actual, donde la última resolución del 2022 (escandalosa Res.Nro.23/2022), informada por la noche entre gallos y medianoche del 22 de diciembre, bien podría ser el paraguas de dicha actitud bajo el manto de la propia autoridad de la provincia de Buenos Aires, el Lic. Javier Rodríguez y la Lic. Carla Seain y algunas gestiones puntuales de participantes de la actividad.
De esta negociación entre funcionarios de provincia de Bs.As., empresarios locales y los empresarios del sector pesquero de Rawson pocos desean hablar o directamente no responden llamadas telefónicas, lo que hace presumir que la hipótesis arriba mencionada es el escenario más probable, donde algunos cambios de figuritas entre las partes pararon «actos beligerantes» con fundadas razones, negociados y conveniencias.
Por lo propio ayer, hubo reunión en Mar del Plata, y uno de los temas precisamente fue bajar el tenor de las disputas, norte-sur, casi olvidadas en los últimos meses, y formar un frente común que podría ser el inicio de otros emprendimientos en conjunto, algo que al momento, todos niegan.
Finalmente, el último jueves, la Justicia notificó al Poder Ejecutivo de Chubut, mediante la Fiscalía de Estado que “el amparista solicita la suspensión del otorgamiento de los permisos de pesca creados por la Ley IX nro. 157, hasta tanto se realice y obtenga un Estudio de Impacto Ambiental y se garantice el acceso a la información pública relacionada al impacto de la creación de nuevos permisos de pesca pudiera tener. También peticiona se decrete la nulidad de los actos administrativos que asignen los nuevos permisos de pesca creados por dicha ley”, dice el textual de la notificación.
Ahora será el turno de la Justicia que debe expedirse al respecto. Por el momento sigue siendo todo incertidumbre, dilaciones, especulaciones en un año cargado de movimientos metódicos para que nadie salga ni dañado ni le reste nada de cara a un calendario marcado por contiendas electorales.
