En el extenso litoral marítimo argentino, el Golfo San Jorge ocupa un lugar determinante dentro del entramado ecológico y productivo del país. Ubicado entre las provincias de Santa Cruz y Chubut, este sector del Mar Argentino ha sido históricamente identificado como una de las áreas de mayor sensibilidad biológica, por ser el ámbito natural donde se inicia el ciclo evolutivo del langostino (Pleoticus muelleri), una especie de significativa relevancia económica para la actividad pesquera nacional.
Consciente de esta condición, ambas provincias han sostenido, a lo largo de los años, una postura clara y sostenida: mantener cerrado el acceso a la pesca de langostino dentro del golfo, con el objetivo de preservar el proceso reproductivo y garantizar la continuidad del recurso. » Esta política restrictiva no ha sido sin costo. Las flotas provinciales, las plantas de procesamiento y los trabajadores de la región han debido afrontar temporadas de menor actividad extractiva en aras de priorizar la sustentabilidad biológica para todos los participantes «, según trascendió como argumento para la solicitud.
En este marco, la más reciente reunión de la Comisión de Seguimiento del Langostino, realizada en mayo de 2025, confirmó la estabilidad de la biomasa y la notable abundancia de ejemplares en distintas áreas del litoral en los últimos 8 años. Sin embargo, este buen estado del recurso convive con una situación social y productiva cada vez más tensa. Desde Santa Cruz, esgrimen que «las comunidades pesqueras del sur del país enfrentan dificultades crecientes, con niveles de empleo reducidos, escaso acceso a materia prima y estructuras industriales que, si bien están instaladas, no operan a plena capacidad. A esto se suma una creciente presión de los mercados internacionales, que demandan productos elaborados, con mayor valor agregado y trazabilidad, algo que solo puede lograrse si se garantiza un suministro estable y regular de langostino en origen «.
En este contexto, los representantes de Santa Cruz y Chubut ya han anticipado que en las próximas sesiones del Consejo Federal Pesquero presentarán, con firmeza, una solicitud de ampliación de la cuota social para cada provincia. Pero esta vez no se trata de una mera aspiración como las esgrimidas en otras oportunidades. Será una exigencia legítima, basada en el esfuerzo demostrado por ambas jurisdicciones al sostener durante años la veda en el Golfo San Jorge, preservando un área que beneficia al conjunto del litoral patagónico y a la industria nacional en su totalidad.
La postura que se llevará al seno del Consejo será inequívoca: » si se espera que las provincias continúen asumiendo el costo social y económico de mantener vedado un espacio de reproducción natural, deben recibir a cambio un reconocimiento material, traducido en volumen de recurso disponible para sostener empleo, procesar en origen y agregar valor a la producción. No se trata de abrir el golfo, sino de compensar de forma justa y proporcionada el aporte que hacen nuestros territorios al sostenimiento del recurso.», sostuvo una alta fuente del gobierno de Santa Cruz.
Asimismo, se prevé que la provincia de Río Negro acompañe esta postura, como ya lo hiciera en 2024 al solicitar una cuota de 3500 toneladas con fundamentos de máximo interés social. Aunque esa solicitud no fuera puesta a disposición, el precedente permanece vigente y cobra hoy una renovada actualidad.
Lo que el Consejo Federal Pesquero deberá resolver no es solo una cuestión de volumen. » Lo que está en juego es la credibilidad de una política de federalismo pesquero que debe equilibrar criterios biológicos, necesidades sociales y compromisos territoriales asumidos en favor de la sustentabilidad y desarrollo económico de las sociedades participantes«, terminó definiendo la misma fuente, que prefirió mantenerse en el anonimato.
Las provincias del sur no acudirán con fundamentos verificables, con datos técnicos y con un planteo claro: si el Golfo San Jorge seguirá siendo un espacio protegido, entonces esa responsabilidad compartida debe traducirse también en un trato equitativo en la asignación de recursos superior a las 3800 toneladas que ya poseen como cuota social con multiplicadores que la elevan triplicando ese volumen en caso de abundancia en las capturas.