En el extenso litoral mar铆timo argentino, el Golfo San Jorge ocupa un lugar determinante dentro del entramado ecol贸gico y productivo del pa铆s. Ubicado entre las provincias de Santa Cruz y Chubut, este sector del Mar Argentino ha sido hist贸ricamente identificado como una de las 谩reas de mayor sensibilidad biol贸gica, por ser el 谩mbito natural donde se inicia el ciclo evolutivo del langostino (Pleoticus muelleri), una especie de significativa relevancia econ贸mica para la actividad pesquera nacional.
Consciente de esta condici贸n, ambas provincias han sostenido, a lo largo de los a帽os, una postura clara y sostenida: mantener cerrado el acceso a la pesca de langostino dentro del golfo, con el objetivo de preservar el proceso reproductivo y garantizar la continuidad del recurso. 禄 Esta pol铆tica restrictiva no ha sido sin costo. Las flotas provinciales, las plantas de procesamiento y los trabajadores de la regi贸n han debido afrontar temporadas de menor actividad extractiva en aras de priorizar la sustentabilidad biol贸gica para todos los participantes 芦, seg煤n trascendi贸 como argumento para la solicitud.
En este marco, la m谩s reciente reuni贸n de la Comisi贸n de Seguimiento del Langostino, realizada en mayo de 2025, confirm贸 la estabilidad de la biomasa y la notable abundancia de ejemplares en distintas 谩reas del litoral en los 煤ltimos 8 a帽os. Sin embargo, este buen estado del recurso convive con una situaci贸n social y productiva cada vez m谩s tensa. Desde Santa Cruz, esgrimen que 芦las comunidades pesqueras del sur del pa铆s enfrentan dificultades crecientes, con niveles de empleo reducidos, escaso acceso a materia prima y estructuras industriales que, si bien est谩n instaladas, no operan a plena capacidad. A esto se suma una creciente presi贸n de los mercados internacionales, que demandan productos elaborados, con mayor valor agregado y trazabilidad, algo que solo puede lograrse si se garantiza un suministro estable y regular de langostino en origen 芦.
En este contexto, los representantes de Santa Cruz y Chubut ya han anticipado que en las pr贸ximas sesiones del Consejo Federal Pesquero presentar谩n, con firmeza, una solicitud de ampliaci贸n de la cuota social para cada provincia. Pero esta vez no se trata de una mera aspiraci贸n como las esgrimidas en otras oportunidades. Ser谩 una exigencia leg铆tima, basada en el esfuerzo demostrado por ambas jurisdicciones al sostener durante a帽os la veda en el Golfo San Jorge, preservando un 谩rea que beneficia al conjunto del litoral patag贸nico y a la industria nacional en su totalidad.
La postura que se llevar谩 al seno del Consejo ser谩 inequ铆voca: 禄 si se espera que las provincias contin煤en asumiendo el costo social y econ贸mico de mantener vedado un espacio de reproducci贸n natural, deben recibir a cambio un reconocimiento material, traducido en volumen de recurso disponible para sostener empleo, procesar en origen y agregar valor a la producci贸n. No se trata de abrir el golfo, sino de compensar de forma justa y proporcionada el aporte que hacen nuestros territorios al sostenimiento del recurso.禄, sostuvo una alta fuente del gobierno de Santa Cruz.
Asimismo, se prev茅 que la provincia de R铆o Negro acompa帽e esta postura, como ya lo hiciera en 2024 al solicitar una cuota de 3500 toneladas con fundamentos de m谩ximo inter茅s social. Aunque esa solicitud no fuera puesta a disposici贸n, el precedente permanece vigente y cobra hoy una renovada actualidad.
Lo que el Consejo Federal Pesquero deber谩 resolver no es solo una cuesti贸n de volumen. 禄 Lo que est谩 en juego es la credibilidad de una pol铆tica de federalismo pesquero que debe equilibrar criterios biol贸gicos, necesidades sociales y compromisos territoriales asumidos en favor de la sustentabilidad y desarrollo econ贸mico de las sociedades participantes芦, termin贸 definiendo la misma fuente, que prefiri贸 mantenerse en el anonimato.
Las provincias del sur no acudir谩n con fundamentos verificables, con datos t茅cnicos y con un planteo claro: si el Golfo San Jorge seguir谩 siendo un espacio protegido, entonces esa responsabilidad compartida debe traducirse tambi茅n en un trato equitativo en la asignaci贸n de recursos superior a las 3800 toneladas que ya poseen como cuota social con multiplicadores que la elevan triplicando ese volumen en caso de abundancia en las capturas.
