Contra todo pronóstico y pese a los incumplimientos salariales denunciados por su tripulación, el BP Tai-an, propiedad de la empresa Prodesur S.A., zarpó este domingo 28 de septiembre desde el puerto de Ushuaia.
La salida del barco se produjo en medio de una medida de retención de servicios impulsada por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que venía reclamando por la falta de pago de haberes, aportes previsionales y la interrupción de la cobertura médica de los tripulantes.
De acuerdo con testimonios de trabajadores, parte de la dotación que había decidido sostener la medida fue bajada de oficio y reemplazada por marineros traídos desde el norte del país. “Hubo compañeros que se plantaron y los bajaron de oficio. A otros los embarcaron para que el barco saliera igual”, señaló un marinero en contacto con nuestra redacción.
La denuncia apunta a que el buque zarpó sin que se resolvieran las deudas acumuladas y sin atender los reclamos elevados ante la Secretaría de Trabajo de Tierra del Fuego. “La justicia no actúa, todo lo que se presentó en las conciliaciones no les interesa. La gente sigue esperando sus sueldos”, agregó la misma fuente.
Desde el SOMU habían advertido que la conciliación obligatoria dictada semanas atrás había concluido sin acuerdo, y que la medida de fuerza respondía a la falta de cumplimiento reiterada de la empresa. La partida del Tai An no fue un hecho aislado, sino un síntoma visible de un problema estructural. Su salida puso en evidencia la incapacidad de las instituciones para ofrecer respuestas eficaces y la alarmante fragilidad de los mecanismos de control que deberían garantizar el cumplimiento de la ley.
En Ushuaia, la distancia respecto de los principales puertos pesqueros del país no es solo geográfica: es también política y administrativa. Esa lejanía alimenta la percepción de que, en estas aguas australes, las normas se diluyen y las autoridades carecen de presencia real. Así, se configura un escenario donde la pesca parece regirse por lógicas propias, casi como si se tratara de un territorio autónomo, un país dentro de otro, donde la legalidad se vuelve difusa y las responsabilidades de índole gremial laboral, se desdibujan.
“Había relevos esperando desde hace un año y ni siquiera los llamaron. Es una vergüenza, tanto de la parte empresarial como para la gremial, que deja mucho que desear”, cuestionaron los marineros.
El buque ahora se encuentra en operaciones, mientras los trabajadores permanecen en incertidumbre sobre el pago de los haberes adeudados. “Así terminó la historia, una vergüenza. Esto es lo que hay”, resumió indignado uno de los tripulantes, que aseguró que ahora resta esperar 60 días para ver cómo avanza el conflicto y cuáles serán las medidas jurídico-laborales a tomar.