La Cámara Federal de Casación Penal definió que el juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en 2017 con la muerte de sus 44 tripulantes, tendrá lugar en la provincia de Santa Cruz. El fallo respalda el pedido de los familiares de las víctimas y rechaza los planteos de la fiscalía y de las defensas, que pretendían trasladar el proceso a Buenos Aires o Mar del Plata.
La decisión fue adoptada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Ambos señalaron que la investigación del caso se llevó adelante en Santa Cruz y que trasladar la causa implicaría un nuevo retraso en un expediente que ya acumula años de demora.



En disidencia, el juez Javier Carbajo consideró que la competencia debía ser del Tribunal Oral de Mar del Plata, puerto del submarino desde donde zarpó para cumplir una misión naval y sede de la flota de submarinos de la Armada. Sin embargo, la mayoría entendió que, ante la imposibilidad de determinar un lugar concreto de comisión del hecho en alta mar, lo más adecuado era mantener la jurisdicción donde se desarrollaron todas las actuaciones previas.
Los camaristas Borinsky y Hornos recordaron que la normativa establece que los delitos ocurridos en alta mar deben ser tratados por el juez del primer puerto argentino al que arribe el buque. Pero, en este caso, remarcaron, el ARA San Juan nunca llegó a destino tras la implosión sufrida en su última misión. Esa circunstancia refuerza la necesidad de que la causa permanezca en el tribunal que intervino desde el comienzo: el de Santa Cruz.
El fallo subraya también que modificar la sede judicial hubiera significado prolongar aún más la espera de los familiares, que llevan casi ocho años reclamando justicia, además de dilatar la respuesta que debe brindarse tanto a la sociedad como a los propios imputados.
En el banquillo estarán el excomandante de la Fuerza de Submarinos, CN Claudio Villamide; el excomandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval, CA Luis Enrique López Mazzeo; el exjefe del Estado Mayor del Comando de Submarinos, CN Héctor Alonso; y el exjefe de Operaciones, CF Hugo Miguel Correa. Todos ellos enfrentarán acusaciones por incumplimiento de deberes, omisión de funciones y estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes.
El debate sobre la competencia territorial se había reactivado en julio, cuando algunas partes pidieron el traslado a Mar del Plata. Con este fallo, Casación despejó las dudas y confirmó que el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz será el encargado de llevar adelante el proceso.

Para los familiares, la decisión implica un paso concreto hacia la concreción del juicio, luego de años de demoras e incertidumbre. La expectativa ahora se centra en que la justicia avance con celeridad para esclarecer las responsabilidades en una de las tragedias más dolorosas de la historia naval argentina.