El secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, solicitó formalmente al Ministerio de Economía de la Nación que se eliminen los derechos de exportación aplicados a los productos de la industria pesquera, al considerar que estas cargas fiscales “afectan directamente la competitividad de las empresas locales frente a sus pares del exterior”.
En una nota enviada al ministro Luis Caputo, el funcionario provincial remarcó que la quita de las retenciones permitiría a las compañías del sector “destinar mayores recursos a inversión en tecnología y equipamiento”, lo cual —afirmó— redundaría en una mejora sustancial del valor agregado de los productos exportables.
La presentación del reclamo se enmarca en un contexto nacional marcado por el conflicto entre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y distintas cámaras y empresas del sector, lo que vuelve a poner en el centro del debate las condiciones económicas que enfrenta la industria pesquera.
Arbeletche valoró la decisión del Gobierno Nacional de reducir retenciones a determinados productos del agro, aunque insistió en que medidas similares deberían extenderse a la pesca. “Entendemos la necesidad de alivianar la carga impositiva sobre los sectores productivos, ya que esto no solo mejora su competitividad, sino que a mediano plazo también puede traducirse en una mayor recaudación para el Estado”, sostuvo.
En ese sentido, señaló que “la eliminación de los derechos de exportación sería un paso clave para estimular inversiones y potenciar la capacidad exportadora de las empresas radicadas en Chubut”.
El funcionario provincial también destacó que “años atrás la actividad pesquera estuvo condicionada por un aumento constante de costos y una estructura económica que no garantizaba rentabilidad”. No obstante, subrayó que “el nuevo escenario de menor inflación y mayor estabilidad cambiaria debería ser acompañado por políticas que eliminen barreras que impiden competir en igualdad de condiciones con mercados externos”.
Finalmente, Arbeletche recordó que desde el inicio de la gestión del gobernador Ignacio Torres, la provincia, redujo la tasa de extracción sobre la flota que opera en jurisdicción chubutense (-tributo que corresponde a Nación como lo expresa el Art.29 de la Ley Federal de Pesca-), como parte de una estrategia para “respaldar al sector productivo y no convertirse en un obstáculo”.
“El Estado debe estar para acompañar y no para asfixiar. Por eso creemos que los derechos de exportación se han transformado en un freno para el desarrollo de una de las actividades más relevantes para la economía provincial, que sostiene miles de empleos en todo Chubut”, concluyó.
Cabría preguntarse, entonces, si semejante despliegue obedece más a un calculado ademán político que a la genuina voluntad de rectificar el implacable derrotero tributario que el Gobierno Central, al parecer, ha decidido transitar. Mientras la palestra gremial permanece suspendida en una expectación casi febril—alimentada por la inminencia de una nueva prospección de langostino en la ZVPJM, quizá antesala de un episodio destinado a rozar la historia—, las cifras estrechas se ofrecen, cuanto menos, elusivas: en la postrera jornada de inscripción apenas se alistan un solitario buque congelador y un exiguo e ínfimo puñado de fresqueros. Tal señal, de no mediar un viraje imprevisto, se antoja presagio de un posible naufragio en la ansiada apertura de aguas nacionales. Aun así, quizá convenga recordar que, con frecuencia, la gestión más desacertada no es la que naufraga, sino la que jamás se osa intentar.
