La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) expresó su rechazo al reciente incremento en las facturas de energía eléctrica dispuesto por la cooperativa Servicoop y aprobado por el Concejo Deliberante de Puerto Madryn. A través de un comunicado formal dirigido a la distribuidora, al cuerpo legislativo local y al intendente Gustavo Sastre, la entidad solicitó que se retrotraiga el aumento por considerarlo “desproporcionado, inoportuno e insensible” frente a la situación que atraviesa el sector pesquero.
Desde la cámara alertaron que el ajuste, del 19%, compromete seriamente la competitividad de la actividad y afecta de forma directa la estructura de costos de las plantas procesadoras. “La sostenibilidad de miles de empleos se ve amenazada”, advirtieron Agustín de la Fuente y Luis Gabriel Pérez, presidente y gerente de CAPIP, respectivamente.
El sector remarcó que la medida se tomó sin contemplar el contexto económico actual, marcado por la inflación, el atraso cambiario, la caída en la rentabilidad y el aumento de los costos logísticos, laborales e impositivos. “La rentabilidad y la competitividad están comprometidas”, indicaron, y destacaron que la presión sobre la industria se agrava por el encarecimiento de los servicios medidos en relación al dólar exportador.
En el mismo sentido, los empresarios criticaron el peso creciente de los salarios embarcados sobre el valor de exportación de los productos pesqueros, lo que —según afirmaron— genera una estructura productiva ineficiente y cada vez más difícil de sostener.
“El incremento golpea de lleno a un servicio esencial como la energía eléctrica, con impacto inmediato en la operatividad de las plantas”, señalaron. CAPIP advirtió que las consecuencias podrían extenderse a toda la cadena pesquera local, afectando a empresas, cooperativas, proveedores y trabajadores.
La cámara cuestionó que no se haya convocado a instancias de diálogo antes de avanzar con el aumento y reclamó que se exploren alternativas para resolver la deuda con Cammesa sin trasladar el costo al sector productivo. “No nos oponemos a la regularización de la deuda, pero no puede hacerse a expensas del principal generador de empleo privado de la ciudad”, remarcaron.
En ese marco, CAPIP pidió que se convoque a una mesa multisectorial para revisar la decisión y construir soluciones equitativas que contemplen la delicada situación del sector. También solicitaron al municipio un rol más activo en la búsqueda de consensos y recordaron que la ordenanza fue aprobada sin un debate amplio con los actores involucrados.
La Industria pesquera advirtió que muchas empresas ya operan con márgenes nulos o negativos, y que de no revertirse el cuadro tarifario, podrían detener su producción. El impacto, subrayan, no solo sería productivo, sino también social, económico y fiscal, con consecuencias en el empleo, el comercio local y la recaudación municipal.
“El tarifazo pone en riesgo el desarrollo económico de Puerto Madryn”, concluye el documento, que reclama una respuesta urgente para evitar daños mayores. La cámara insiste en la necesidad de previsibilidad, diálogo institucional y medidas responsables que sostengan la actividad. “No se puede exigir a la industria que pague las consecuencias de decisiones ajenas”, finaliza el comunicado.
Durante la última sesión del Concejo Deliberante, se mencionó la existencia de la nota formal presentada por la Cámara Pesquera, en la que se solicita la revisión del aumento tarifario con especial énfasis en el impacto que este tendría sobre las empresas del sector y el comercio local. Aunque la iniciativa aún no ha sido discutida en comisión, los concejales confirmaron que se encuentra en proceso de análisis.
La sesión legislativa también abordó otra preocupación del sector: la desregulación del empleo pesquero, en particular la eliminación de la obligación de contratar serenos locales para los barcos de bandera extranjera. La medida generó malestar entre los trabajadores afectados, que se manifestaron frente al Concejo en reclamo de su continuidad laboral. Si bien algunos bloques se manifestaron a favor de las medidas de flexibilización, otros expresaron su respaldo a los trabajadores y reclamaron a las autoridades nacionales la revisión de la decisión.
