El gobierno de Chile ha presentado una nueva propuesta legislativa destinada a redistribuir las cuotas de pesca entre los sectores artesanal e industrial, tras los escasos avances de la ley original en el Congreso. Este proyecto responde a la creciente preocupación por la sobreexplotación de los recursos marinos del país.
De acuerdo con el informe más reciente, el 53% de las principales pesquerías chilenas se encuentran en estado de riesgo, lo que, sumado a la crisis climática global, plantea un panorama incierto para el sector pesquero. Ante esta situación, la implementación de políticas que promuevan la recuperación de las pesquerías es urgente.
La tramitación de la nueva Ley de Pesca, presentada por el presidente Gabriel Boric en diciembre de 2023, ha avanzado de forma lenta, a pesar de su carácter prioritario. Los obstáculos han sido atribuidos, en parte, a la decisión de algunos diputados de la oposición de votar cada inciso de los 375 artículos que componen el proyecto, lo que ha ralentizado el proceso legislativo. Esta obstrucción ha generado un clima de tensión en la Comisión de Pesca y Acuicultura, extendiendo las deliberaciones por un período que podría superar los 3 años, según estimaciones.
Frente a estos desafíos, el gobierno decidió retirar la urgencia inicial de la ley y, en cambio, presentó un nuevo proyecto focalizado exclusivamente en la redistribución de las cuotas de pesca. Este es uno de los aspectos más controvertidos de la discusión original, ya que define cuánto pueden extraer tanto los pescadores artesanales como los industriales.
Esta medida busca acelerar la aprobación de una nueva legislación pesquera, dejando otros temas para futuros debates. El proyecto propone, por ejemplo, que en la pesca de la merluza del sur, el 60% de las capturas esté reservado para los pescadores artesanales, mientras que el 40% sería para el sector industrial.
La redistribución de cuotas ha generado tensiones en el sector industrial, que ha expresado su desacuerdo con el nuevo proyecto. Macarena Cepeda, presidente de los Pescadores Industriales del Biobío, advirtió que «la nueva ley podría ser inconstitucional al afectar los beneficios que los industriales habían asegurado hasta 2032 bajo la ley vigente«.
Cepeda también destacó que la discusión ha favorecido de manera desproporcionada a los pescadores artesanales, limitando la representación industrial en el debate. Desde su perspectiva, la legislación actual ha privilegiado intereses políticos por sobre una regulación justa y equilibrada.
En contraste, los pescadores artesanales han defendido la necesidad de una nueva redistribución que repare las inequidades históricas. En el caso de la merluza de tres aletas (Micromesistius australis), -polaca en nuestro país-, la ley actual otorga el 100% de las cuotas al sector industrial. Con la nueva propuesta, los artesanales recibirían el 5% de las capturas, lo que, aunque insuficiente para sus aspiraciones, representa un avance. De igual forma, en la pesca de la merluza común, los industriales controlan actualmente el 60% de las cuotas, mientras que los artesanales buscan revertir esa proporción a su favor, proponiendo un 70% para su sector y un 30% para la industria.
Un aspecto fundamental de la nueva legislación es el énfasis en la ciencia para la toma de decisiones. Gigliola Centonzio, experta y asesora del sector pesquero, subrayó la importancia de contar con herramientas legislativas que permitan una mayor adaptabilidad ante los efectos del cambio climático. El proyecto incorpora mecanismos que asegurarán que las decisiones sobre las cuotas de captura se basen en investigaciones científicas, un enfoque que ya ha sido promovido por la ONG Oceana.
César Astete, director de campañas pesqueras de esta organización, destacó que el principio precautorio debe seguir siendo un pilar de la regulación pesquera en Chile, y que las decisiones deben tomarse sobre la base de evidencia, no de presiones industriales, evidentemente con un marcado sesgo proteccionista en un caladero que han desvirtuado en los ultimos 20 años como consecuencia del impulso de la harina de pescado, utilizando incluso varias especies demersales para esa actividad y dejando en peligro la salud de varias especies, entre las que se encuentra la merluza de cola, agotada desde el año 2017.
Además, Centonzio enfatizó la necesidad de aumentar los recursos destinados a la investigación científica y la capacitación de profesionales en el ámbito de la administración pesquera. También propuso avanzar hacia la eliminación gradual de la pesca de arrastre, en particular del arrastre de fondo, que se considera una de las mayores amenazas para la sostenibilidad marina si no se tiene un marco administrativo estricto de la administración del caladero, con zona de veda permanente para determinadas especies, móviles y temporales; como tampoco un calendario aplicado a épocas de reproducción y desove.
Se debe aclarar, que en esto, Argentina es modelo, abusando de la interacción del CFP, INIDEP y un decidido sesgo de defensa acérrima a la sostenibilidad de las especies por parte de todos los participantes del sector, incluido gremios embarcados y cámaras representativas de empresas pesqueras. Un esfuerzo de todos para dar previsibilidad futura a las especies.
En sintonía con estas preocupaciones, Astete destacó que tanto la pesca de arrastre como la pesca ilegal representan serios peligros para el futuro de las pesquerías en Chile.
La pesca ilegal ha sido un problema persistente en el país. Entre 2020 y 2021, se incautaron más de 700 toneladas de productos marinos obtenidos ilegalmente, que si bien es una cifra, comparado al volumen total no detectado es una suma infinitamente chica. Un caso emblemático fue el decomiso de más de 7.000 kilos de harina de pescado que resultó en una multa a la empresa Salmones de Chile Alimentos, a pesar que el valor del decomiso superaba los 11 millones de dólares. Para enfrentar este problema, la nueva ley de pesca propone un aumento en la fiscalización, con el fin de combatir la extracción ilegal de recursos pesqueros y garantizar la sostenibilidad de las especies.
Este nuevo marco legislativo no solo busca resolver la crisis de las pesquerías, sino también corregir las desigualdades generadas por la ley actual, que ha sido ampliamente criticada por haber sido aprobada bajo hechos de corrupción. La redistribución de las cuotas pesqueras entre artesanales e industriales es un primer paso hacia una regulación más equitativa y sustentable, aunque el debate sigue encontrando resistencias en ambos sectores.
Un escenario muy complejo el del vecino país, donde la política y los intereses externos al sector pesquero pueden destrozar una actividad que tiene muchas especies de gran valor comercial.
