El gobierno de Chile ha presentado una nueva propuesta legislativa destinada a redistribuir las cuotas de pesca entre los sectores artesanal e industrial, tras los escasos avances de la ley original en el Congreso. Este proyecto responde a la creciente preocupaci贸n por la sobreexplotaci贸n de los recursos marinos del pa铆s.
De acuerdo con el informe m谩s reciente, el 53% de las principales pesquer铆as chilenas se encuentran en estado de riesgo, lo que, sumado a la crisis clim谩tica global, plantea un panorama incierto para el sector pesquero. Ante esta situaci贸n, la implementaci贸n de pol铆ticas que promuevan la recuperaci贸n de las pesquer铆as es urgente.
La tramitaci贸n de la nueva Ley de Pesca, presentada por el presidente Gabriel Boric en diciembre de 2023, ha avanzado de forma lenta, a pesar de su car谩cter prioritario. Los obst谩culos han sido atribuidos, en parte, a la decisi贸n de algunos diputados de la oposici贸n de votar cada inciso de los 375 art铆culos que componen el proyecto, lo que ha ralentizado el proceso legislativo. Esta obstrucci贸n ha generado un clima de tensi贸n en la Comisi贸n de Pesca y Acuicultura, extendiendo las deliberaciones por un per铆odo que podr铆a superar los 3 a帽os, seg煤n estimaciones.
Frente a estos desaf铆os, el gobierno decidi贸 retirar la urgencia inicial de la ley y, en cambio, present贸 un nuevo proyecto focalizado exclusivamente en la redistribuci贸n de las cuotas de pesca. Este es uno de los aspectos m谩s controvertidos de la discusi贸n original, ya que define cu谩nto pueden extraer tanto los pescadores artesanales como los industriales.
Esta medida busca acelerar la aprobaci贸n de una nueva legislaci贸n pesquera, dejando otros temas para futuros debates. El proyecto propone, por ejemplo, que en la pesca de la merluza del sur, el 60% de las capturas est茅 reservado para los pescadores artesanales, mientras que el 40% ser铆a para el sector industrial.
La redistribuci贸n de cuotas ha generado tensiones en el sector industrial, que ha expresado su desacuerdo con el nuevo proyecto. Macarena Cepeda, presidente de los Pescadores Industriales del Biob铆o, advirti贸 que 芦la nueva ley podr铆a ser inconstitucional al afectar los beneficios que los industriales hab铆an asegurado hasta 2032 bajo la ley vigente芦.
Cepeda tambi茅n destac贸 que la discusi贸n ha favorecido de manera desproporcionada a los pescadores artesanales, limitando la representaci贸n industrial en el debate. Desde su perspectiva, la legislaci贸n actual ha privilegiado intereses pol铆ticos por sobre una regulaci贸n justa y equilibrada.
En contraste, los pescadores artesanales han defendido la necesidad de una nueva redistribuci贸n que repare las inequidades hist贸ricas. En el caso de la merluza de tres aletas (Micromesistius australis), -polaca en nuestro pa铆s-, la ley actual otorga el 100% de las cuotas al sector industrial. Con la nueva propuesta, los artesanales recibir铆an el 5% de las capturas, lo que, aunque insuficiente para sus aspiraciones, representa un avance. De igual forma, en la pesca de la merluza com煤n, los industriales controlan actualmente el 60% de las cuotas, mientras que los artesanales buscan revertir esa proporci贸n a su favor, proponiendo un 70% para su sector y un 30% para la industria.
Un aspecto fundamental de la nueva legislaci贸n es el 茅nfasis en la ciencia para la toma de decisiones. Gigliola Centonzio, experta y asesora del sector pesquero, subray贸 la importancia de contar con herramientas legislativas que permitan una mayor adaptabilidad ante los efectos del cambio clim谩tico. El proyecto incorpora mecanismos que asegurar谩n que las decisiones sobre las cuotas de captura se basen en investigaciones cient铆ficas, un enfoque que ya ha sido promovido por la ONG Oceana.
C茅sar Astete, director de campa帽as pesqueras de esta organizaci贸n, destac贸 que el principio precautorio debe seguir siendo un pilar de la regulaci贸n pesquera en Chile, y que las decisiones deben tomarse sobre la base de evidencia, no de presiones industriales, evidentemente con un marcado sesgo proteccionista en un caladero que han desvirtuado en los ultimos 20 a帽os como consecuencia del impulso de la harina de pescado, utilizando incluso varias especies demersales para esa actividad y dejando en peligro la salud de varias especies, entre las que se encuentra la merluza de cola, agotada desde el a帽o 2017.
Adem谩s, Centonzio enfatiz贸 la necesidad de aumentar los recursos destinados a la investigaci贸n cient铆fica y la capacitaci贸n de profesionales en el 谩mbito de la administraci贸n pesquera. Tambi茅n propuso avanzar hacia la eliminaci贸n gradual de la pesca de arrastre, en particular del arrastre de fondo, que se considera una de las mayores amenazas para la sostenibilidad marina si no se tiene un marco administrativo estricto de la administraci贸n del caladero, con zona de veda permanente para determinadas especies, m贸viles y temporales; como tampoco un calendario aplicado a 茅pocas de reproducci贸n y desove.
Se debe aclarar, que en esto, Argentina es modelo, abusando de la interacci贸n del CFP, INIDEP y un decidido sesgo de defensa ac茅rrima a la sostenibilidad de las especies por parte de todos los participantes del sector, incluido gremios embarcados y c谩maras representativas de empresas pesqueras. Un esfuerzo de todos para dar previsibilidad futura a las especies.
En sinton铆a con estas preocupaciones, Astete destac贸 que tanto la pesca de arrastre como la pesca ilegal representan serios peligros para el futuro de las pesquer铆as en Chile.
La pesca ilegal ha sido un problema persistente en el pa铆s. Entre 2020 y 2021, se incautaron m谩s de 700 toneladas de productos marinos obtenidos ilegalmente, que si bien es una cifra, comparado al volumen total no detectado es una suma infinitamente chica. Un caso emblem谩tico fue el decomiso de m谩s de 7.000 kilos de harina de pescado que result贸 en una multa a la empresa Salmones de Chile Alimentos, a pesar que el valor del decomiso superaba los 11 millones de d贸lares. Para enfrentar este problema, la nueva ley de pesca propone un aumento en la fiscalizaci贸n, con el fin de combatir la extracci贸n ilegal de recursos pesqueros y garantizar la sostenibilidad de las especies.
Este nuevo marco legislativo no solo busca resolver la crisis de las pesquer铆as, sino tambi茅n corregir las desigualdades generadas por la ley actual, que ha sido ampliamente criticada por haber sido aprobada bajo hechos de corrupci贸n. La redistribuci贸n de las cuotas pesqueras entre artesanales e industriales es un primer paso hacia una regulaci贸n m谩s equitativa y sustentable, aunque el debate sigue encontrando resistencias en ambos sectores.
Un escenario muy complejo el del vecino pa铆s, donde la pol铆tica y los intereses externos al sector pesquero pueden destrozar una actividad que tiene muchas especies de gran valor comercial.
