El representante de la Provincia del Chubut ante el Consejo Federal Pesquero, Andr茅s Arbeletche, expres贸 una fuerte preocupaci贸n por los alcances de la reciente instrucci贸n que habilita la actuaci贸n del cuerpo de inspectores nacionales en puertos de jurisdicci贸n provincial. La intervenci贸n tuvo lugar durante la 煤ltima sesi贸n del organismo y abri贸 un debate sobre las consecuencias pr谩cticas de esta decisi贸n administrativa.
Arbeletche plante贸 que la posibilidad de que inspectores nacionales y provinciales intervengan simult谩neamente en un mismo puerto podr铆a derivar en un esquema de solapamiento operativo, afectando la coordinaci贸n entre ambas jurisdicciones y generando incertidumbre para los permisionarios.
Seg煤n expuso, la superposici贸n de controles podr铆a traducirse en dobles sanciones, duplicaci贸n de tr谩mites administrativos y mayores cargas burocr谩ticas para las empresas que operan en puertos provinciales. Esto 鈥攁dvirti贸鈥 impactar铆a directamente en la eficiencia del sistema de fiscalizaci贸n y en la previsibilidad que requiere la actividad pesquera.
En su intervenci贸n, Arbeletche tambi茅n alert贸 sobre la posibilidad de que la coexistencia de actas o procedimientos iniciados por inspectores de diferentes jurisdicciones derive en planteos de incompetencia y controversias procesales. Ese escenario podr铆a escalar al fuero judicial y generar gastos adicionales para el Estado, adem谩s de provocar demoras o paralizaciones en los sumarios administrativos.
El representante enfatiz贸 que estos conflictos procesales no solo afectar铆an el funcionamiento institucional, sino que podr铆an frustrar los objetivos planteados por la propia instrucci贸n, orientados 鈥攅n principio鈥 a reforzar el control y la transparencia en las descargas.
Frente a estas preocupaciones, Arbeletche exhort贸 a la Autoridad de Aplicaci贸n a revisar la conveniencia operativa de la medida, a fin de evitar la duplicidad de controles y resguardar la coordinaci贸n interjurisdiccional prevista en el R茅gimen Federal de Pesca.
La postura chubutense dej贸 en claro que, si bien acompa帽a los esfuerzos por mejorar la fiscalizaci贸n de la actividad pesquera, considera indispensable que el mecanismo no derive en un sistema conflictivo, costoso y contraproducente tanto para el Estado como para los administrados.
