El representante de la Provincia del Chubut ante el Consejo Federal Pesquero, Andrés Arbeletche, expresó una fuerte preocupación por los alcances de la reciente instrucción que habilita la actuación del cuerpo de inspectores nacionales en puertos de jurisdicción provincial. La intervención tuvo lugar durante la última sesión del organismo y abrió un debate sobre las consecuencias prácticas de esta decisión administrativa.
Arbeletche planteó que la posibilidad de que inspectores nacionales y provinciales intervengan simultáneamente en un mismo puerto podría derivar en un esquema de solapamiento operativo, afectando la coordinación entre ambas jurisdicciones y generando incertidumbre para los permisionarios.
Según expuso, la superposición de controles podría traducirse en dobles sanciones, duplicación de trámites administrativos y mayores cargas burocráticas para las empresas que operan en puertos provinciales. Esto —advirtió— impactaría directamente en la eficiencia del sistema de fiscalización y en la previsibilidad que requiere la actividad pesquera.
En su intervención, Arbeletche también alertó sobre la posibilidad de que la coexistencia de actas o procedimientos iniciados por inspectores de diferentes jurisdicciones derive en planteos de incompetencia y controversias procesales. Ese escenario podría escalar al fuero judicial y generar gastos adicionales para el Estado, además de provocar demoras o paralizaciones en los sumarios administrativos.
El representante enfatizó que estos conflictos procesales no solo afectarían el funcionamiento institucional, sino que podrían frustrar los objetivos planteados por la propia instrucción, orientados —en principio— a reforzar el control y la transparencia en las descargas.
Frente a estas preocupaciones, Arbeletche exhortó a la Autoridad de Aplicación a revisar la conveniencia operativa de la medida, a fin de evitar la duplicidad de controles y resguardar la coordinación interjurisdiccional prevista en el Régimen Federal de Pesca.
La postura chubutense dejó en claro que, si bien acompaña los esfuerzos por mejorar la fiscalización de la actividad pesquera, considera indispensable que el mecanismo no derive en un sistema conflictivo, costoso y contraproducente tanto para el Estado como para los administrados.
