En una coincidencia llamativa, el pasado 22 de mayo la Comisión Federal Marítima (FMC) de Estados Unidos anunció el inicio de una investigación no adjudicativa sobre el uso de banderas de conveniencia en la marina mercante internacional. Dia anterior, el Gobierno argentino publicó el Decreto 340/2025, que autoriza a buques de bandera extranjera a operar en el cabotaje nacional, desregulando una actividad históricamente reservada al pabellón nacional.
La investigación estadounidense, titulada “Investigation Into Flags of Convenience and Unfavorable Conditions Created by Certain Flagging Practices”, apunta a determinar si determinadas prácticas de abanderamiento en terceros países están generando condiciones desfavorables para el comercio exterior de los Estados Unidos. Aunque no se trata de un proceso sancionatorio, la investigación podría derivar en futuras regulaciones más estrictas.
Banderas baratas, costos sociales altos
La FMC señala que las llamadas banderas de conveniencia permiten a los armadores eludir controles de seguridad, estándares laborales y obligaciones fiscales. Estas banderas, ofrecidas por países con escasa o nula fiscalización, habilitan condiciones laborales precarias, tripulaciones inexpertas y un mantenimiento deficiente de los buques.
“El uso de estas banderas debilita la seguridad de la cadena de suministro marítimo y representa una amenaza para la infraestructura portuaria y la vida de los trabajadores embarcados”, advierte el organismo. También se mencionan casos emblemáticos como el del buque MV Dali, que causó el colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore, y otros incidentes vinculados a embarcaciones mal registradas o sin mantenimiento adecuado.
En Argentina, camino inverso
Mientras Estados Unidos lanza una investigación para limitar el impacto negativo de las banderas de conveniencia, Argentina avanza en sentido contrario. El Decreto 340/2025, publicado el 21 de mayo en el Boletín Oficial, habilita a buques extranjeros a realizar tareas de cabotaje en el país, lo que podría intensificar la competencia desleal contra la flota de bandera nacional.
El decreto genera preocupación en sectores sindicales, navieros y trabajadores del sector, ya que coloca en desventaja a los buques nacionales, que deben cumplir con estrictas normativas de seguridad, salarios y protección laboral, mientras competidores extranjeros pueden operar bajo estándares mínimos.
El documento de la FMC enumera con claridad las consecuencias negativas de estas prácticas: bajos salarios, pérdida de empleos calificados, riesgos operativos y mayor probabilidad de incidentes graves. También alerta sobre el uso de estas banderas por parte de flotas dedicadas a actividades ilícitas o en zonas grises del comercio marítimo.
Desde esta perspectiva, la apertura del cabotaje argentino a buques de bandera extranjera podría no solo debilitar la industria naval nacional, sino también exponer al país a nuevos riesgos operativos, ambientales y económicos.
La decisión del Gobierno argentino se produce justo cuando uno de los principales actores del comercio marítimo mundial plantea abiertamente que las banderas de conveniencia son una amenaza estructural. La investigación iniciada por la FMC podría convertirse en un insumo valioso para repensar políticas de protección del trabajo argentino en el sector marítimo, así como para defender el rol estratégico del pabellón nacional.
