Los sindicatos del sector marítimo y pesquero salieron a cuestionar el incremento del canon pesquero provincial dispuesto por el Gobierno de la Provincia del Chubut, al advertir que la medida impacta de forma directa sobre los salarios de los trabajadores embarcados y puede tensionar la continuidad de la temporada.
El primer pronunciamiento fue realizado de manera conjunta por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), y el Sindicato de Conductores y Motoristas Navales de la República Argentina (SICONARA), a los que posteriormente se sumó el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Centro de Patrones, mediante un comunicado propio en el que expresó su “profunda preocupación” por la decisión oficial.
El conflicto se originó a partir de la Resolución ARECH N.º 476/2025 de la Agencia de Recaudación de Chubut, (al momento de la redacción de esta nota, imposible de ingresar y visualizar), que actualizó el valor del kilogramo de langostino en $3.000 como parámetro para la liquidación del canon pesquero, con aplicación retroactiva al 1 de diciembre de 2025 (un verdadero despropósito para la cadena de costos ya que, esta actualizacion, no se contempló oportunamente).
Desde los gremios señalaron que la actualización implica un incremento superior al 100% respecto de los valores vigentes, lo que calificaron como desproporcionado en un contexto de elevada presión sobre la actividad y sus rentabilidades; en un momento donde el precio, al igual que las tallas y disponibilidades del marisco, comienzan a decaer, marcando la etapa final de la zafra.
Bajo el esquema de remuneración “a la parte”, extendido en buena parte de la flota, SOMU y SICONARA indicaron que el aumento del canon se traduce en mayores costos operativos para las embarcaciones y, en consecuencia, en una reducción directa de los ingresos de los trabajadores embarcados.
En ese sentido, remarcaron que los tripulantes ya realizaron “un esfuerzo enorme” para sostener la actividad, aceptando acuerdos salariales que, según sostienen, quedaron por debajo de los incrementos que ahora el propio Estado provincial aplica sobre el sector.
En un comunicado posterior, el Centro de Patrones reforzó el planteo al señalar que el canon pesquero no constituye un dato meramente administrativo, sino una decisión con consecuencias concretas sobre los haberes. En esa línea, sostuvo que “el canon pesquero y las cargas tributarias son obligaciones propias del empleador y no pueden, bajo ninguna modalidad, recaer directa o indirectamente sobre los trabajadores”, y advirtió que el aumento termina trasladándose total o parcialmente al salario real.
En el mismo documento, el Centro de Patrones solicitó al Gobierno provincial la adopción inmediata de instrumentos legislativos y administrativos orientados a impedir expresamente cualquier traslado del canon al salario bajo la modalidad a la parte, y a garantizar por vía normativa que los trabajadores no participen de tributos, cánones o tasas que correspondan exclusivamente a los empresarios concesionarios del recurso.
A ese escenario se sumó, en menos de 12 horas, un giro en la dinámica del conflicto. Tras el estado de alerta y movilización comunicado inicialmente junto al SOMU; el SICONARA, informó el inicio de un paro total de actividades en Rawson, con la firma de su responsable local Jorge Maldonado, señalando que el incremento del canon impacta sobre el salario por el propio diseño del sistema retributivo vigente en la pesquería.
En declaraciones atribuidas a su conducción regional, se indicó que la modificación pretendida eleva el canon del langostino de manera imprevista, arbitraria, y se reiteró el cuestionamiento a la aplicación retroactiva al 1 de diciembre de 2025.
En paralelo, fuentes del sector empresario señalaron que, si bien admiten que el canon se encontraba desactualizado, consideran excesivo el salto al valor fijado por la Resolución, en un contexto en el que, de acuerdo con planteos sectoriales, el valor del producto se ubica por debajo del registro de la temporada anterior, aunque en los registros de exportación, las mejoras son sustanciales.
En ese marco, trascendió que se habrían desarrollado conversaciones con el gobierno provincial para revisar el monto, con propuestas intermedias y expectativas de una modificación formal que debía instrumentarse mediante publicación oficial. No obstante, según señalaron actores empresariales, en los últimos días se habría ejecutado el cobro sobre los valores inicialmente establecidos, incorporando punitorios por demora, lo que reactivó el malestar y aceleró la escalada del conflicto.
Desde el plano gremial, además, se incorporaron hipótesis explicativas sobre los motivos fiscales de la suba. Entre ellas, se mencionó la especulación de que el incremento podría vincularse a compromisos provinciales asociados a indemnizaciones de trabajadores vinculados a la ex Alpesca, tras conocerse una propuesta de acuerdo por parte del gobierno provincial para asumir dichas obligaciones. En ese punto, dirigentes sindicales sostuvieron que no convalidarán que decisiones de política fiscal impacten sobre el ingreso de los embarcados.
Por su parte, los tres gremios coincidieron en que la decisión resulta contradictoria con el discurso oficial que plantea la necesidad de promover la actividad privada, proteger el empleo y reducir la carga impositiva, ya que, según expresaron, en la práctica se avanza en sentido contrario. En el comunicado conjunto inicial, SOMU y SICONARA se declararon en estado de alerta y movilización y advirtieron que, si el incremento se aplica en los términos establecidos y deriva en una baja de los salarios, se podrían profundizar las medidas de acción directa para visibilizar el desacuerdo con la política implementada, así hizo lo propio el SICONARA, decretando un cese de actividades para la flota tangonera de Chubut. Se espera para el transcurso del día, reuniones en la Secretaria de Trabajo de la provincia.
