Un documento de alto voltaje institucional, fechado el 13 de febrero de 2026 y titulado “Comunicado Conjunto”, cristalizó un movimiento político inusual por su amplitud territorial; más de treinta intendentes y jefes comunales de Chubut resolvieron adherir formalmente a la querella promovida por el gobernador Ignacio Torres. La causa, según el propio texto, indaga presuntas coimas orientadas a provocar disturbios y a impedir el normal inicio del ciclo lectivo 2026, un punto que los firmantes colocan en el centro de la escena como asunto de orden público y de garantía de derechos.
La pieza, que lleva un tono de definición y no de especulación, sostiene que resulta “indispensable” que la investigación avance “hasta las últimas consecuencias” y que se esclarezca con precisión qué intereses económicos o sectoriales podrían haber motorizado una maniobra que describen como un “atropello institucional”. En esa formulación se anuda el mensaje principal; respaldo explícito a la vía judicial y exigencia de determinaciones claras sobre responsabilidades y motivaciones.
En el trasfondo del expediente aparecen los elementos que vienen circulando en la denuncia, el planteo atribuido al dirigente gremial José Severiche, y el episodio que involucra como imputado a Gonzalo Carpintero, señalado como gerente de la CAFACh. De acuerdo con la presentación, los hechos habrían ocurrido en oficinas de la empresa Hemos Triunfado S.A., vinculada -al polifacético y ahora cineasta-, Raúl Cereseto. En ese marco, el comunicado municipal no agrega imputaciones nuevas, se limita a encuadrar el acompañamiento político a la acción judicial ya iniciada.
El texto suma, además, una capa social que explica por qué los municipios decidieron hablar con una sola voz. Los intendentes afirman conocer “de primera mano” lo que significaron los años en que los estudiantes quedaron fuera de las aulas, y advierten que no puede tolerarse que se intente forzar un “no inicio de clases” “tomando como rehenes” a los alumnos. La frase es deliberada, ubica el conflicto en el terreno de la protección del ciclo lectivo y del interés público, y no en una disputa sectorial aislada.
Por último, la declaración fija una agenda operativa hacia adelante, solicita al gobernador que se profundice el trabajo coordinado entre Provincia y municipios para defender recursos que consideran colectivos y avanzar en la depuración de “prácticas mafiosas” dentro de un sector que califican como clave para el desarrollo provincial. Con esa línea, el documento busca cerrar el círculo institucional, investigación penal, coordinación política intergubernamental y preservación del funcionamiento escolar como prioridad explícita.
El comunicado aparece firmado por intendentes de múltiples localidades, entre ellas Rawson, Trelew y Puerto Madryn, y funciona como una señal de alineamiento territorial en torno a un mismo objetivo, que la investigación determine responsables, móviles e intereses, y que el ciclo lectivo 2026 no quede rehén de presiones o maniobras ilegítimas.
