Otras seis horas de discusiones e intercambio de miradas generó el proyecto alentar la renovación de la flota pesquera. Sin embargo, por ahora persisten las diferencias entre armadores y representantes de la industria naval.
La idea que manejan desde la Subsecretaría de Pesca de la Nación y el ministerio de Producción y Trabajo es disponer una normativa para sustentar el proceso. En principio, buscan plasmarlo mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
En la instancia previa a la firma del Presidente, el Gobierno quiere generar un consenso con todo el arco empresario, que más allá de los eventuales incentivos para construir en astilleros nacionales y los esquemas de financiación, tiene una arista más compleja.
Según pudo saber Pescare.com.ar, aún no hay acuerdo en torno a las condiciones para importar buques nuevos y usados, condición esta última que es rechazada por el sector naval; pero que los armadores quieren conservar como una opción viable.
“Los aranceles de importación siguen trabando el debate”, admitió una fuente consultada que formó parte ayer de la mesa y que ya había participado el lunes de la primera reunión junto al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica.
En la discusión están involucrados actores de Cepa, Caipa, la Cámara de Armadores, la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera, Udipa, Capeca, Abin y Fina, entre otros nombres propios.
Ahora, se programó un nuevo encuentro para el próximo martes: “Posiblemente se destrabe, pero será una negociación donde nadie quedará del todo conforme”, aventuró otra voz del sector. Al mismo tiempo, apuntó que el tiempo se agota.
Ocurre que el presidente, Mauricio Macri, señaló que hasta marzo era viable presentar un DNU; de lo contrario, se debería enviar el proyecto para que lo discuta el Congreso.
