Las cámaras y empresas pesqueras de Chubut anunciaron que no iniciarán la próxima temporada de langostino ante la posibilidad de que el Gobierno provincial avance con un proyecto de ley para otorgar nuevos permisos de pesca sin sustento técnico ni consenso sectorial. Los gremios marítimos acompañaron la medida y advirtieron con un paro total de actividades.
La decisión fue comunicada tras una nueva presentación formal ante la Legislatura provincial por parte de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACh), la Asociación Pescadores Artesanales Rawson Chubut (APARCH) y la empresa Conarpesa S.A., que solicitaron la suspensión inmediata del tratamiento del proyecto en comisión.
Las entidades sostienen que la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo “carece de fundamentos técnicos y éticos” y que su aprobación sin debate amplio “pondría en riesgo la sustentabilidad biológica, la economía provincial y la transparencia institucional”.
También remarcaron que cualquier cambio en la política de permisos debe contar con participación científica y social, involucrando al INIDEP, CENPAT, CONICET, la Secretaría de Pesca, los intendentes costeros, los sindicatos y las cámaras empresariales.
Las cámaras empresarias advirtieron que un incremento del esfuerzo pesquero no justificado técnicamente amenaza la certificación MSC del Langostino, reconocimiento internacional que llevó más de una década de trabajo y posiciona a Chubut en los mercados más exigentes del mundo. “La pérdida de esa certificación generaría una catástrofe económica y social para la provincia”, subraya el comunicado.
El sector no iniciará la temporada
En el documento conjunto, las entidades anunciaron que el sector pesquero no iniciará la zafra 2025/2026 mientras no existan condiciones de legalidad, transparencia y respaldo técnico que aseguren un manejo responsable del recurso. La medida, calificaron, “es un llamado de atención urgente para evitar la aprobación de un proyecto sin sustento científico ni ético”.
Los sindicatos se suman y declaran paro de actividades
A la postura empresarial se sumaron los sindicatos marítimos y pesqueros, que emitieron un comunicado conjunto expresando su “más amplio rechazo” al proyecto y declarando el estado de paro total de actividades por tiempo indeterminado.
“Nos hemos cansado de leyes votadas entre gallos y medianoche. No pondremos en riesgo la estabilidad del recurso ni nuestras fuentes de trabajo”, señalaron los gremios, reclamando el cumplimiento estricto de la Ley de Pesca provincial y la garantía de participación de todos los actores de la cadena pesquera.
En este escenario, la medida de fuerza dispuesta por los gremios funciona como un guiño al sector empresarial, marcando un frente común en defensa del manejo responsable del recurso y del futuro sustentable de la pesca chubutense.
Opinión
El reciente pronunciamiento de las cámaras empresariales, en el que manifiestan que “no estamos de acuerdo con que se otorguen nuevos permisos sin evaluar proyectos productivos, cumpliendo los requisitos de sustentabilidad de los recursos naturales y con la intervención técnica de los organismos especializados”, irrumpe con el tono de una advertencia institucional. Sin embargo, el planteo se percibe desfasado frente a un escenario que, desde hace años, demanda reglas claras, previsibles y coherentes con una gestión moderna y sostenible de los recursos pesqueros.
Apelar hoy a la sostenibilidad y a la transparencia técnica constituye un principio legítimo, pero su formulación resulta tardía, si se considera que durante extensos períodos las mismas entidades empresarias impulsaron y avalaron prácticas discrecionales en la adjudicación y reformulación de permisos, la ampliación de bodegas o la reasignación de capturas a buques, sin dejar de mencionar la conversión de un proyecto de investigación que nació por tres años y para variado costero (VA.CO.PA.) y terminaron en sendos permisos de pesca de buques costeros de multiplicada capacidad de carga y eslora.
Esa ausencia de autocrítica debilita la legitimidad del reclamo y deja entrever que el actual discurso de prudencia surge más como una reacción ante la pérdida de influencia en la toma de decisiones del gobierno y, la quirúrgica y equitativa, cartera de pesca, que como la expresión de una convicción estructural y sostenida de cambio institucional.
En última instancia, la demanda de transparencia en la administración de permisos debe sostenerse con idéntica vehemencia tanto cuando las decisiones benefician como cuando perjudican a los distintos actores del sistema. Solo una autocrítica profunda —y no meramente declarativa— podría conferir mayor autoridad moral y credibilidad a los sectores empresariales que hoy invocan rigor institucional y sustentabilidad biológica, especialmente cuando el INIDEP fue marginado durante años de su función técnica esencial: generar y mantener actualizadas las métricas científicas que alimentan los modelos de evaluación de biomasa en aguas jurisdiccionales provinciales.
«Alegar riesgo ético y acordarse ahora de la sostenibilidad del recurso, después de lo que hicieron con los permisos de pesca y las bodegas en las 3 ultimas gestiones anteriores, son de un nivel de hipocresía elevado a la máxima potencia«, definió la maniobra un experimentado armador marplatense en la mesa de parroquianos asistentes al histórico Café Michelangelo.
Frente a la indefinición gubernamental respecto de la solicitud presentada recientemente por el arco empresario —y ante el riesgo de quebrar el equilibrio alcanzado en la distribución y gestión de permisos, particularmente tras las controvertidas adjudicaciones de dos nuevas autorizaciones de pesca—, la representación gremial ha asumido una postura activa, en sintonía con el sector armatorial, disponiendo una cesación temporal de actividades hasta tanto se esclarezca la intempestiva resolución que será tratada el próximo jueves en la Cámara de Legisladores provincial.
Pasadas las 20 horas de este domingo, no se descartan medidas de la cartera de pesca provincial tendientes a avanzar con la resolución del conflicto, y será otro logro del binomio Andrés Arbeletche e Ignacio Torres.
Así, la próxima temporada de pesca de langostino 2025-2026 se perfila envuelta en un mar de incertidumbres. Y, una vez más, el impacto directo de las tensiones institucionales y empresariales recae sobre el sector laboral, que sufre las consecuencias de decisiones ajenas a su voluntad, pero determinantes para su estabilidad y futuro.
En este marco, la prospección, prevista para reanudarse el 12 de noviembre, podría quedar suspendida si no se restablecen las condiciones institucionales y técnicas necesarias para garantizar un inicio seguro y responsable de la zafra.
