El proyecto de ley firmado por el Diputado nacional Esteban Paulón (*), propone crear el Sistema Nacional de Vigilancia Marítima para la protección de la biodiversidad y los recursos naturales del Mar Argentino. La iniciativa incorpora aeronaves no tripuladas, reúne organismos nacionales dentro de una estructura común y establece un nuevo cálculo para determinadas infracciones pesqueras.
Su ámbito de aplicación comprende el Mar Territorial, la Zona Contigua, la Zona Económica Exclusiva, la Plataforma Continental y sus límites exteriores. El sistema deberá intervenir ante delitos, accidentes y situaciones de riesgo vinculadas con las actividades desarrolladas en esos espacios.
Los objetivos incluyen la protección de los recursos naturales, el cumplimiento de las normas aplicables a las actividades económicas, la intervención del Estado ante hechos ilícitos y la coordinación del equipamiento, la tecnología y el personal disponible.
La administración quedaría a cargo del Servicio Nacional de Vigilancia Marítima, compuesto por representantes del Comando Conjunto Marítimo, la Prefectura Naval Argentina y las dependencias nacionales responsables de política oceánica, pesca, hidrocarburos, ciencia, ambiente y parques nacionales.
El nuevo organismo tendría las siguientes funciones de elaborar el Plan Nacional de Vigilancia Marítima; establecer directrices técnicas y operativas; crear un programa de fortalecimiento para la adquisición y mantenimiento de equipamiento; organizar la capacitación permanente del personal; administrar los recursos presupuestarios e implementar mecanismos de transparencia y acceso público a la información.
El proyecto también contempla acuerdos de cooperación con otros países en investigación, desarrollo tecnológico, formación y asistencia operativa. Esos instrumentos deberán respetar la soberanía argentina y contar con aprobación previa del Congreso.
Un consejo asesor acompañaría al Servicio. Estaría integrado por miembros de la comunidad científica y académica, profesionales, especialistas y representantes de organismos públicos y entidades privadas vinculadas con la actividad marítima.
Drones aéreos de gran porte para controlar el mar
La iniciativa establece la utilización de vehículos aéreos no tripulados —VANT— de clases II y III para las tareas de vigilancia y seguimiento.
El proyecto define como VANT de clase II a las aeronaves con un peso máximo de despegue de entre 150 y 600 kilos. La clase III comprende los equipos que superan los 600 kilos. El sistema incluye la aeronave, las estaciones de pilotaje remoto, los enlaces de comando y control y los restantes componentes necesarios para operar.
Estos equipos se utilizarían para obtener información, detectar movimientos y monitorear grandes superficies marítimas. El articulado concede prioridad a los VANT desarrollados, fabricados y reparados en el país, siempre que la disponibilidad de insumos y componentes esenciales permita su incorporación.
Información pública sobre infracciones
El proyecto crea un Registro de Infracciones y Situaciones de Riesgo. La base deberá incorporar delitos, accidentes, incumplimientos y acontecimientos relevantes producidos dentro de los espacios marítimos alcanzados.
Cada registro deberá incluir; tipo de acontecimiento; fecha de detección; ubicación; e identificación del infractor, cuando corresponda.
La información se publicará en un sitio oficial, gratuito y permanente. Los datos deberán presentarse en formatos abiertos y descargables, con una actualización trimestral como mínimo.
La restricción de información por protección de datos personales o secretos comerciales tendrá carácter excepcional. Cada reserva deberá contar con una decisión fundada y limitarse al contenido alcanzado por la protección legal.
Las sanciones financiarían el sistema
El proyecto dispone que los fondos recaudados por las autoridades nacionales mediante multas aplicadas dentro de su ámbito financien el Sistema Nacional de Vigilancia Marítima.
La distribución prevista es la siguiente: 40% para el Plan Nacional de Vigilancia Marítima; 30% para la compra y el mantenimiento de tecnología y equipamiento; 20% para investigaciones sobre biomasa marina y oceanografía; 10% para los astilleros nacionales encargados de mantener o construir las unidades utilizadas.
Los recursos destinados a investigación podrán ser ejecutados por el Conicet, el INIDEP y otros organismos nacionales especializados. La participación de los astilleros comprende las unidades navales asignadas a las operaciones del sistema.
Una nueva multa por pesca sin permiso
El artículo 13 propone sustituir el artículo 51 bis de la Ley Federal de Pesca 24.922. La nueva redacción establece que la multa por pescar sin permiso o sin autorización de captura se calculará sobre el 300% del valor de mercado de la capacidad máxima de carga del buque infractor al momento de la detección.
El régimen vigente utiliza las Unidades Pesca, vinculadas con el precio de un litro de gasoil. Para la pesca sin autorización de captura establece un piso de 3.000 UP. En los casos de pesca sin permiso, la escala se extiende desde 500.000 hasta 3.000.000 de UP.
La reforma propuesta abandona esa escala para las dos conductas incluidas en el nuevo texto y adopta como referencia la capacidad de carga del buque. El articulado menciona su valor de mercado como base de cálculo, sin incorporar una metodología de valuación.
La redacción tampoco determina la especie, la presentación comercial, el mercado de referencia, la moneda ni el precio que deberá aplicarse. Esas variables resultan indispensables para convertir una capacidad expresada en toneladas o metros cúbicos en una suma de dinero.
Los fundamentos del proyecto
La iniciativa presenta la vigilancia marítima como una política vinculada con la soberanía, la conservación ambiental y el aprovechamiento de los recursos naturales.
Los fundamentos señalan que la Argentina posee 4.725 kilómetros de costa continental y otros 11.325 kilómetros correspondientes a la Antártida y las islas del Atlántico Sur. También calculan en 6.683.000 kilómetros cuadrados la superficie total de los espacios marítimos continentales, insulares y antárticos.
El documento menciona como factores de presión la pesca ilegal, las actividades extractivas y el tráfico marítimo. También incorpora referencias a las áreas marinas protegidas, al programa Pampa Azul y a la explotación pesquera e hidrocarburífera autorizada por el Reino Unido en los espacios disputados de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Según sus fundamentos, la creación del sistema permitiría reunir capacidades actualmente distribuidas entre organismos nacionales. La propuesta presenta los VANT como una herramienta para ampliar la permanencia sobre las áreas vigiladas, reducir costos operativos y complementar el despliegue de buques y aeronaves tripuladas.
Opinión (**) | Las inconsistencias técnicas y legales del proyecto
El proyecto construye una nueva estructura sobre funciones que ya poseen autoridades legalmente constituidas y capacidades operativas en servicio. La Prefectura Naval Argentina ejerce el poder de policía marítima, opera unidades de mar y aeronavales y opera el Sistema Guardacostas, que integra seguimiento satelital pesquero, AIS, Monpesat, LRIT, radares e imágenes SAR; el Comando Conjunto Marítimo conduce desde 2022 la vigilancia militar con patrulleros y aeronaves de la Armada. Frente a esa arquitectura, la iniciativa agrega un Servicio sin autoridad rectora, dependencia ministerial, titular, reglas de decisión ni cadena de mando.
A esa superposición suma categorías de VANT incompatibles con el régimen aeronáutico vigente y un alcance sobre la Plataforma Continental que exige respetar la distinción establecida por la Convemar entre los derechos sobre el lecho y el subsuelo y el régimen jurídico de las aguas suprayacentes. También interfiere en un régimen probatorio fortalecido por la Disposición SSRAyP Nro. 20/2026, que estableció criterios objetivos y una presunción de pleno derecho para identificar actividad pesquera de buques extranjeros dentro de la ZEEA. Esa norma cerró márgenes de controversia que podían debilitar el valor sancionatorio de la evidencia técnica; superponerle una conducción imprecisa y una fórmula de multas indeterminada amenaza con introducir incertidumbre donde el Estado, a través del propio Subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca, Juan Antonio Lopez Cazorla, acababa de consolidar certeza jurídica.
La inconsistencia adquiere mayor gravedad en el financiamiento y las sanciones. Las multas pesqueras ya integran el FONAPE y se encuentran sometidas a una distribución legal coparticipable con las provincias marítimas; el proyecto las reasigna sin modificar los artículos que regulan ese fondo. Al mismo tiempo, sustituye íntegramente el artículo 51 bis por una fórmula incapaz de producir un monto cierto y elimina la definición de Unidad Pesca, sus escalas generales y los parámetros aplicables a otras infracciones.
En caso de avanzar, un proyecto concebido para fortalecer el control marítimo podría generar conflictos presupuestarios y litigios sobre la validez de sanciones esenciales. La defensa legislativa del Mar Argentino exige precisión institucional, competencia jurídica y rigor técnico; condiciones que esta redacción todavía no satisface. Sus deficiencias estructurales la vuelven jurídicamente vulnerable y operativamente contraproducente.
Si prevalecen la responsabilidad y la prudencia legislativa, la iniciativa debería ser archivada antes de convertir sus inconsistencias en una nueva fuente de incertidumbre para el Estado y principalmente para quienes a diario son parte de la actividad pesquera argentina, donde este proyecto siquiera hace distinción de banderas, elevando la burocracia administrativa e inconsistencias, sobre toda la actividad productiva.
(*) Según la ficha oficial de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN), Esteban Paulón es Diputado Nacional por la Provincia de Santa Fe para el período 2023-2027. Integrante del Partido Socialista, cuenta con antecedentes en la gestión pública de Santa Fe y en organizaciones de la sociedad civil.
(**) El siguiente análisis expresa la opinión editorial de PESCARE sobre el proyecto.
