El Consejo Federal Pesquero resolvió una modificación relevante en la administración de la temporada de langostino 2026. Según surge del Acta CFP N° 14/2026 y de la Resolución CFP N° 5/2026, el organismo desactivó el Fondo de Optimización Pesquera (FOP) y aprobó una suspensión transitoria de reglas operativas que desde hacía años condicionan el trabajo de la flota tangonera fresquera.
La decisión introduce un cambio concreto en la relación entre regulación, control estatal y operatoria productiva. El eje de la medida quedó definido por una premisa central, habilitar mayor eficiencia de trabajo durante la zafra, pero bajo trazabilidad, fiscalización electrónica y evaluación institucional posterior.
En tanto, el FOP había sido concebido como una herramienta destinada a optimizar la eficiencia extractiva y mejorar la administración pesquera en base de la información de descargas oficiales de los últimos años. Sin embargo, su aplicación acumuló reparos en distintos sectores de la actividad, especialmente entre operadores, gremios y armadores vinculados a la flota tangonera fresquera. Las objeciones se concentraron en su alcance práctico, en su impacto sobre la operatoria y en la necesidad de revisar el instrumento dentro del marco institucional correspondiente.
En ese contexto, la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera y el Consejo Federal Pesquero avanzaron hacia una salida administrativa que recogió planteos sectoriales y reordenó la discusión bajo criterios de control, legalidad y funcionamiento real de la industria.
La segunda definición tuvo impacto directo sobre los buques tangoneros fresqueros. La autoridad de aplicación propuso suspender, durante la temporada 2026, tres parámetros establecidos en la Resolución CFP N° 7/2018 (medidas de administración y manejo de la pesquería de langostino) y sus modificatorias, el límite de una hora por lance, la velocidad máxima de arrastre de 3,50 nudos y el tope de 72 horas de operación.
La Resolución CFP N° 5/2026 formalizó ese alivio transitorio. El fundamento central fue la capacidad actual del Estado para fiscalizar con herramientas más precisas que las disponibles cuando se dictaron las restricciones originales. El nuevo esquema se apoya en VMS (sistema automático de identificación de monitoreo pesquero) con reportes cada quince minutos, parte de pesca electrónico, inspectores a bordo y el Centro de Control de Trafico Maritimo por parte de PNA.
La administración pesquera pasa así a evaluar la operatoria con información más completa, seguimiento electrónico y análisis posterior de resultados. La decisión fue aprobada por mayoría, con la abstención del representante de Chubut limitada al plazo de duración de la marea, según consta en el acta.
El alcance operativo de la medida resulta especialmente significativo para Mar del Plata. La flota fresquera que participa en la temporada de langostino enfrenta una estructura compleja fundamentalmente por la distancia al caladero, tiempos de navegación, costos de combustible, hielo, cajones, servicios portuarios, disponibilidad de tripulaciones, capacidad de descarga, transporte y abastecimiento a plantas en tierra. Cada marea moviliza empleo embarcado, actividad industrial, estiba, procesamiento, frío, transporte, logística y comercialización. Todas estas variables sumada a la mayor innovación tecnológica de embarcaciones modernas en el manejo y cuidado del langostino, dieron fundamentos y razones para aceptar las modificaciones que se venían planteando desde el año 2019.
Por eso, la discusión excede la formalidad administrativa, ya que cada regla aplicada sobre la flota modifica costos, tiempos de producción, capacidad de abastecimiento y competitividad de una cadena que depende de coordinación fina entre mar, puerto e industria para poder competir con un producto PREMIUM en los mercados internacionales.
La decisión incorporó presentaciones realizadas por UDIPA, AEPCyF y Gaad Group S.A., además de antecedentes sectoriales sostenidos desde la propia constitución de CAPEAR ALFA y planteos de la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (CAABPA). También recogió cuestiones expuestas en la Comisión de Análisis y Seguimiento de la Pesquería de Langostino el viernes 15 de mayo pasado, donde se analizaron duración de mareas, horarios fijos, velocidades de arrastre, costos de descarga en el sur y revisión de medidas vigentes frente a las autoridades del INIDEP siendo la máxima entidad rectora de la biología marina en la ZEEA.
En diálogo con PESCARE, -agradeciendo la predisposición al diálogo en horas de la noche- Juan Antonio López Cazorla precisó que «la autoridad de aplicación atendió los planteos recibidos en una reunión de más de dos horas, en su propio despacho el 14 de mayo pasado, donde se abordaron temas candentes sobre la situación operativa y económica del segmento fresquero, el impacto en caso de concretarse el FOP y las dificultades operativas de los buques fresqueros que zarpan desde Mar del Plata para participar en la zafra de langostino«.
De ese encuentro participaron el director nacional Arturo Idoyaga Molina; César Cicciotti, Miguel Di Costanzo y Mariano González, por UDIPA; Gustavo Iacono, en representación de AEPCyF; y la representante de Cancillería en el CFP, Lic. Paola Gucioni.
Según la información brindada a este medio, en esa instancia se expusieron argumentos sobre el alcance del FOP, su impacto sobre la operatoria fresquera y las condiciones concretas de los buques que operan desde Mar del Plata. Luego se sumaron nuevas presentaciones formales y los planteos realizados por los mismos actores en la Comisión de Seguimiento de la especie, reunida el viernes 15 en el microcine de Paseo Colón.
Ese recorrido derivó en una definición administrativa doble, desactivar el FOP y elevar al CFP una propuesta de alivio transitorio sobre reglas operativas aplicadas a la flota fresquera durante la zafra de langostino 2026.
López Cazorla también confirmó a PESCARE una definición sensible para el sector, «la administración decidió dejar sin aplicación la transferencia de fresco a congelado. La medida había generado preocupación entre actores vinculados a la operatoria fresquera por su eventual impacto sobre el esquema productivo, laboral y portuario asociado a los buques que abastecen plantas en tierra, lo entendimos y tomamos las medidas necesarias para avanzar en una mejor administración consensuada con todos los participantes«.
El funcionario explicó que la decisión fue adoptada luego de escuchar los reclamos de distintos actores de la actividad y remarcó que «la gestión procura construir modelos de administración pesquera dentro del marco de la Ley Federal de Pesca y con participación sectorial, esta gestión desde el primer día siempre hizo hincapié en escuchar a todos los administrados, y así seguirá siendo«, sentenció el funcionario.
La flexibilización transitoria también fue vinculada con la evolución tecnológica de la flota. López Cazorla señaló que «las reglas vigentes fueron concebidas en un contexto distinto, durante los últimos años afortunadamente la innovación en tecnología de pesca, cuidado del recurso una vez capturado y tratamiento en plantas, aun en buques fresqueros con doble cubierta por el adelanto de la industria naval argentina y equipos de frío de última generación, permitieron adaptar esta resolución a las necesidades actuales y a la prestación de servicio, apuntando a la mejor calidad del recurso. También hay que decirlo, las tripulaciones hoy, desde el mismo momento de la captura tiene un cuidado especial en la calidad del producto desde la red hasta su descarga«.
En ese marco, indicó que el control se realizará desde monitoreo, con articulación junto al SENASA para verificar la calidad del marisco descargado y analizar luego los resultados obtenidos.
La decisión administrativa queda así asociada a una matriz de seguimiento más amplia, margen operativo para producir, control electrónico para fiscalizar, documentación para trazar la actividad, inspectores para verificar en el mar y evaluación posterior para medir el resultado real de la experiencia.
El contexto biológico también fue incorporado al análisis del CFP. Según el acta, el Programa Pesquería de Langostino del INIDEP presentó resultados de la campaña estival realizada a bordo del BP Destiny, con conclusiones referidas al buen estado general del recurso y a la conveniencia de mantener e intensificar los esquemas de monitoreo y cobertura de observadores a bordo.
Además, se informó que al 13 de mayo los desembarques de langostino en aguas nacionales alcanzaban 1.853 toneladas, por encima del mismo período de 2025, con predominio de categorías comerciales L1 y L2, equivalentes al 92,54% del total declarado.
Ese respaldo técnico otorga marco a la etapa que se abre. La flexibilización operativa se apoya en información científica, monitoreo en tiempo real y revisión administrativa posterior. El CFP habilitó una prueba de gestión para verificar si las herramientas modernas de fiscalización permiten administrar con mayor precisión una pesquería de alto valor económico, social y exportador, pero sobre todo con la madurez de cada participante en la permanente búsqueda de la calidad.
La agenda continuará abierta. El cuerpo tomó conocimiento de las notas presentadas por UDIPA y AEPCyF, ambas con diagnóstico sobre la situación de la flota fresquera y propuesta de medidas, y acordó recibir a sus representantes el 10 de junio a las 16 horas. La instancia permitirá evaluar el impacto de las decisiones, revisar resultados preliminares y mantener un canal formal con los actores que ejecutan la operatoria en el mar y en tierra.
La salida del FOP y la suspensión transitoria de reglas para la flota fresquera de langostino configuran una señal institucional clara para el corto plazo. La administración pesquera nacional eligió corregir instrumentos, ordenar la operatoria y sostener el control público sobre el recurso.
En esa lectura también emerge un componente de continuidad institucional. La relación entre la administración pesquera nacional y la actividad del puerto de Mar del Plata vuelve a ocupar un lugar central en la arquitectura de decisiones públicas del sector. Por escala, historia, capacidad industrial, volumen de empleo y peso exportador, el principal puerto pesquero argentino conserva una gravitación que obliga a cualquier política eficaz a escuchar su dinámica, comprender sus costos, medir sus restricciones y articular respuestas compatibles con la realidad operativa.
El criterio que atraviesa estas decisiones expresa una orientación más amplia de gestión pública. Las actuales autoridades políticas nacionales, desde el 10 de diciembre de 2023, impulsan una política de racionalidad administrativa, eficiencia operativa y revisión de instrumentos estatales que también alcanza al ámbito pesquero. En ese marco, la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera y el Consejo Federal Pesquero, como órgano colegiado de consenso federal, avanzan en modificaciones destinadas a mejorar el perfil político-pesquero, administrativo y productivo de la actividad.
Esa orientación se inscribe en el espíritu de la Ley Federal de Pesca N° 24.922, que promueve la administración racional de los recursos vivos marinos, el máximo aprovechamiento económico, el resguardo biológico, la sostenibilidad de las especies y la protección del ambiente. El desafío consiste en producir más y mejor, con control, trazabilidad y equilibrio económico, para que la industria pesquera, manufacturera, procesadora y exportadora fortalezca su capacidad de generar riqueza, bienestar y desarrollo en beneficio del bien más valioso de toda Nación: su gente.
