La crisis de la pesca fresquera marplatense ingresó formalmente en la agenda institucional del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, en una jornada en la que el cuerpo aprobó sobre tablas una resolución para expresar su preocupación por la situación del sector y solicitar al Consejo Federal Pesquero una revisión urgente de la propuesta técnica vinculada al régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura de merluza común.
El planteo quedó centrado en un punto sensible para la estructura productiva local: la eventual reasignación de cuotas de captura de buques fresqueros hacia buques congeladores. Para Mar del Plata, esa discusión excede el plano administrativo. En torno a la merluza fresca se organiza una parte sustancial del movimiento portuario, de la estiba, del fileteado, del procesamiento en plantas, de los servicios navales y de la actividad laboral directa e indirecta que sostiene a miles de familias vinculadas al puerto.
La decisión legislativa se produjo luego de la exposición de Pablo Félix Trueba, secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE), en la Banca 25. Allí, el dirigente llevó al recinto una advertencia concreta sobre el impacto que podría tener una modificación en el sistema de asignación de capturas si el cambio termina desplazando volumen operativo desde la flota fresquera hacia unidades congeladoras.
El eje del planteo fue claro, la merluza capturada por barcos fresqueros genera una cadena de trabajo más extensa en tierra, porque el producto llega al puerto para ser descargado, manipulado, clasificado, transportado y procesado en establecimientos industriales. En los buques congeladores, en cambio, una parte relevante del proceso se realiza a bordo, con otra lógica operativa y menor derrame laboral sobre el entramado portuario local.
Por esa razón, la discusión sobre cuotas adquiere una dimensión estratégica. Cada tonelada que deja de ingresar como pescado fresco al circuito marplatense modifica la ecuación de empleo, costos, actividad industrial y movimiento portuario. El reclamo aprobado por el Concejo apunta precisamente a que esa consecuencia sea evaluada antes de avanzar con cualquier cambio regulatorio.
La resolución solicita, con carácter urgente, que el Consejo Federal Pesquero revea la propuesta técnica regulatoria sobre la CITC de merluza común, ante la preocupación del sector fresquero por el eventual perjuicio sobre la pesca marplatense. La iniciativa también incorpora el pedido de medidas de asistencia para una actividad que ya enfrenta un cuadro delicado, marcado por el aumento de costos, el encarecimiento del combustible y la pérdida de rentabilidad en distintas escalas de operación.
La flota fresquera atraviesa uno de sus momentos más complejos. El incremento del gasoil alteró la estructura económica de las mareas, especialmente en embarcaciones medianas y pequeñas, donde la incidencia del combustible resulta determinante para decidir si una salida es viable. A ese cuadro se suman mayores costos operativos, negociaciones laborales abiertas, dificultades de rentabilidad y un escenario regulatorio que el sector observa con creciente preocupación.
El Concejo Deliberante también incluyó en la resolución la conformación de una mesa de trabajo amplia, con participación de organizaciones empresarias, representaciones gremiales y actores institucionales vinculados a la actividad. La convocatoria apunta a ordenar un espacio de análisis permanente sobre la pesca local, con capacidad para reunir información, dimensionar impactos y elevar posiciones comunes ante los organismos competentes.
La intervención legislativa tuvo además un componente político relevante. El expediente fue consensuado en Labor Deliberativa y aprobado sobre tablas, luego de iniciativas previas impulsadas por Gustavo Pulti y Vilma Baragiola, quienes ya habían planteado la necesidad de que el cuerpo se pronunciara frente al escenario que atraviesa la industria pesquera local.
El debate dejó expuesta una preocupación compartida por distintos sectores del puerto: la actividad fresquera cumple una función económica que supera la captura propiamente dicha. Su importancia reside en el circuito completo que activa cada barco cuando opera, descarga y abastece a la industria de tierra. En esa secuencia se sostiene una parte significativa del empleo pesquero marplatense.
La eventual transferencia de cuotas hacia congeladores, de concretarse en los términos que inquietan al sector, podría alterar ese equilibrio. El impacto alcanzaría a marineros, estibadores, trabajadores de plantas, transportistas, talleres, proveedores, frigoríficos y servicios asociados. En una ciudad donde el puerto sigue siendo uno de los motores productivos centrales, cualquier modificación sobre el flujo de materia prima tiene consecuencias directas sobre la economía real.
El reclamo del Concejo ubica la discusión en un nivel más amplio: la preservación de una matriz productiva que combina recurso, trabajo, industria y territorio. La merluza común es un recurso federal, pero su modo de explotación define realidades locales muy distintas. En Mar del Plata, el fresco representa una red de empleo, procesamiento y valor agregado construida durante décadas.
El frente que se abre ahora tendrá como escenario principal al Consejo Federal Pesquero, donde se definirá si la propuesta avanza, se corrige o se revisa en función de los planteos realizados. Para Mar del Plata, la discusión concentra una cuestión de fondo, cómo sostener una pesca económicamente viable sin desarticular el tejido laboral e industrial que convierte al puerto en una pieza decisiva de la actividad pesquera argentina.
El debate, sin embargo, exige una mirada completa, crítica y profunda. La preocupación institucional por el empleo fresquero es legítima y atendible, pero el diagnóstico queda incompleto si omite un dato central, durante los últimos años, parte de la flota fresquera de altura dejó sin capturar volúmenes relevantes de su CITC de merluza común y los devolvió de manera sistemática a la Reserva de Administración de la especie.
Ese volumen autorizado, que en distintos ejercicios quedó fuera del circuito productivo que convive con una demanda operativa insatisfecha del sector congelador, dispuesto a transformar esa disponibilidad en captura efectiva, descarga, exportaciones, divisas, Derecho Único de Extracción y previsibilidad comercial. Allí se ubica el núcleo más delicado de la discusión, defender el trabajo en tierra resulta imprescindible, pero también corresponde sincerar la administración del recurso cuando la cuota asignada no se convierte en producción real.
La merluza, como recurso federal, alcanza verdadero valor público cuando se pesca dentro de la CMP vigente, genera actividad, paga obligaciones, sostiene empleo y vuelve al país en forma de valor agregado, recaudación y divisas.
La mayor omisión e impacto frente al trabajo en tierra y su traslado social; es permitir que una CITC asignada, quede sin capturarse en su totalidad.
