En un comunicado emitido ayer, 22 de abril del corriente año por las autoridades de CAPEAR ALFA, la pesca fresquera argentina volvió a colocar en el centro de la agenda un problema que atraviesa a buques, plantas de procesamiento, proveedores y trabajadores: la acumulación de cargas impositivas, regulaciones operativas y costos internos que deterioran la liquidez de una actividad exportadora que genera divisas genuinas.
El planteo sectorial apunta, en primer término, a las devoluciones de IVA retenidas, cuyo atraso impacta directamente sobre el capital de trabajo. En una industria de ciclos intensivos, con altos costos de combustible, mantenimiento, costos y cargas laborales, hielo, cajones, logística, frío y procesamiento en tierra, la demora en recuperar saldos fiscales inmoviliza recursos que deberían volver rápidamente al circuito productivo.
La cuestión adquiere mayor relevancia porque la pesca argentina comercializa en el exterior una proporción mayoritaria de su producción cercana al 93%. Esa condición vuelve más sensible cada peso que se acumula en impuestos, derechos, tasas o procedimientos que no siempre acompañan la velocidad y elñ dinamismo real del negocio. Cuando el Estado retiene fondos fiscales durante plazos prolongados, el efecto económico excede el trámite administrativo, reduce margen operativo, encarece financiamiento y limita la capacidad de sostener mareas, plantas y empleo.
También el informe de CAPEAR ALFA pone el acento sobre el peso tributario incorporado en insumos críticos. El combustible, los lubricantes, los envases, las redes, los cabos, los cables de acero, los refrigerantes, el hielo y otros componentes esenciales atraviesan toda la cadena de costos. En cada tramo, la carga fiscal acumulada termina presionando sobre una estructura que compite contra flotas, plantas y mercados internacionales con condiciones financieras, logísticas y regulatorias muy diferentes.
En ese marco, el sector insiste en una definición conceptual, la pesca fresquera reclama condiciones de producción, no asistencia extraordinaria. El eje de la demanda pasa por aliviar impuestos distorsivos, acelerar devoluciones retenidas, revisar normas que encarecen la operación y permitir la importación competitiva de insumos y equipamiento que no se fabrican localmente o que resultan inaccesibles por precio, disponibilidad o tecnología.
La discusión incluye, además, los derechos de exportación. Para una actividad que ingresa dólares, sostiene empleo marítimo e industrial y moviliza puertos, talleres, transporte, servicios navales y comercio exterior, las retenciones aparecen como un costo directo sobre el precio final. En especies de bajo margen o con valores internacionales debilitados, ese impacto puede definir la continuidad de una marea, la utilización de una planta o la rentabilidad mínima de una operación.
Otro punto sensible es la normativa operativa. Cámaras y actores del sector señalan la necesidad de revisar exigencias que quedaron desactualizadas frente a la dinámica actual de la industria. La discusión abarca trámites duplicados, rigideces administrativas, esquemas de dotación, obligaciones logísticas y regulaciones que agregan costo sin mejorar necesariamente la eficiencia, la seguridad o la trazabilidad del producto.
El planteo cobra mayor fuerza en un escenario donde los precios internacionales no siempre acompañan la evolución de los costos internos. La referencia al valor de la merluza en muelle, cercana a los $1.100 por kilo según los datos consignados en el informe recibido, sintetiza una preocupación de fondo, la brecha entre precio recibido y costo real de producción se achica cuando la estructura fiscal y regulatoria absorbe una parte creciente del ingreso operativo que, además del impacto financiero, ya incurre en el económico.
La cadena pesquera también advierte sobre el impacto laboral. Más de quince gremios inciden en una actividad que combina navegación, descarga, procesamiento, logística, mantenimiento, administración y comercialización. Los aumentos pactados en pesos se incorporan sobre una economía productiva fuertemente vinculada al dólar, con ingresos sujetos a precios externos y costos internos crecientes. Esa combinación vuelve más delicado el equilibrio de cada eslabón.
La propuesta sectorial puede ordenarse en cuatro ejes: devolución ágil de saldos de IVA, eliminación o reducción de impuestos distorsivos, desregulación de normas obsoletas y acceso competitivo a insumos, seguros y equipamiento. En conjunto, esas medidas apuntan a recuperar capital de trabajo, reducir costos artificiales y mejorar la capacidad de competir en mercados exigentes y muy sensibles a competencia con mejores perfiles y condiciones operativas en origen.
El mensaje final busca instalar una idea de alcance político y productivo: la pesca argentina necesita previsibilidad para producir, exportar y sostener empleo. En una economía necesitada de divisas, el sector plantea que la primera condición para crecer consiste en quitar del circuito aquellos costos que no agregan valor, no mejoran el producto y no fortalecen la competitividad ya sea a nivel nacional, provincial y municipal.
La discusión queda abierta en un punto decisivo. Si la pesca fresquera debe funcionar como motor de exportaciones, la política pública tendrá que resolver cómo transforma una estructura fiscal pesada y lenta en una plataforma que acompañe producción, inversión y presencia internacional con la demanda de dinamismo que el sector productivo e industrial requieren para su desarrollo. Allí se juega una parte relevante del futuro de una industria que trabaja sobre recursos naturales, conocimiento operativo, capacidad industrial y mercados que castigan cada punto de sobrecosto.
