La causa judicial que mantiene abierto el conflicto institucional del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) sumó una nueva presentación que amplía el alcance de las denuncias incorporadas al expediente. Guillermo Martín Centurión, secretario de la Seccional San Fernando, presentó un escrito ante la Cámara Nacional del Trabajo en el que cuestiona aspectos vinculados al proceso electoral, denuncia presuntas irregularidades en la administración de recursos sindicales y reclama medidas para garantizar la representación de los afiliados de su jurisdicción.
La presentación fue incorporada en el marco de la causa que analiza la validez de las elecciones internas del gremio y las sucesivas prórrogas de mandatos otorgadas a la conducción nacional. Sin embargo, el planteo de Centurión va más allá de la discusión estrictamente electoral y busca demostrar que el conflicto tuvo consecuencias concretas sobre el funcionamiento de la Seccional San Fernando y la atención de sus afiliados.
Entre los principales puntos expuestos en el escrito aparecen denuncias vinculadas a la falta de fondos para el funcionamiento de la seccional, demoras en reintegros, dificultades para afrontar gastos operativos, falta de insumos y problemas relacionados con prestaciones sociales y asistencia a afiliados.
El dirigente también incorporó documentación relacionada con reclamos por módulos escolares, gastos de representación, mantenimiento edilicio, entrega de recursos y utilización de herramientas destinadas al funcionamiento de la delegación. Según sostiene, varias de estas situaciones se produjeron luego de que la Seccional San Fernando adoptara una posición crítica respecto de la conducción nacional.
En ese contexto, el escrito plantea que la seccional habría sufrido restricciones administrativas y económicas que afectaron su capacidad operativa y la prestación de servicios a los afiliados.
Otro de los ejes centrales de la presentación está vinculado al proceso electoral del sindicato. Centurión cuestiona decisiones adoptadas por la Junta Electoral Central, la oficialización de candidaturas y diversos actos desarrollados durante el proceso que terminó judicializado.
Asimismo, vuelve a poner bajo análisis la continuidad de las elecciones luego de que la Sala III de la Cámara Nacional del Trabajo ordenara la suspensión del proceso el 1 de diciembre de 2025. Según sostiene, los actos posteriores a esa decisión judicial deberían ser evaluados al momento de resolver la validez definitiva de los comicios.
La presentación también incorpora referencias a actuaciones notariales, denuncias penales, cartas documento, correos electrónicos y diversa documentación que, según el denunciante, respaldaría los cuestionamientos formulados contra el desarrollo del proceso electoral.
El escrito dedica además varios apartados a cuestionar lo que considera una pérdida de representación de determinadas seccionales dentro de la estructura gremial.
En particular, Centurión sostiene que la Seccional San Fernando fue excluida de ámbitos de discusión vinculados a la actividad pesquera y a negociaciones que históricamente contaban con participación de representantes locales. También denuncia obstáculos para acceder a documentación y recursos necesarios para el normal funcionamiento institucional.
En su petitorio, solicita que la Cámara tenga por denunciados los hechos nuevos incorporados al expediente, rechace nuevas prórrogas de mandatos, evalúe la nulidad o ineficacia de actos vinculados al proceso electoral cuestionado y avance hacia mecanismos que permitan garantizar una nueva instancia electoral bajo condiciones de control y transparencia.
La presentación de la Seccional San Fernando se suma a una serie de escritos incorporados en las últimas semanas por distintos sectores enfrentados dentro del SOMU. Mientras algunos plantean la designación de un funcionario normalizador, otros impulsan la figura de un delegado electoral o reclaman una nueva convocatoria a elecciones.
Por el momento, ninguna de esas alternativas cuenta con una resolución judicial. Tampoco existe una definición sobre la nueva prórroga de mandatos solicitada por la conducción nacional ni sobre los distintos planteos formulados por los sectores opositores.
A más de cinco meses del vencimiento de los mandatos originales, el expediente continúa acumulando denuncias, impugnaciones, pedidos de nulidad y propuestas para encauzar la situación institucional del gremio. Mientras tanto, la resolución de fondo sigue pendiente y la causa parece expandirse cada vez más allá del debate inicial sobre las prórrogas, incorporando ahora cuestionamientos sobre recursos, representación sindical y funcionamiento interno de la organización.
