La provincia de Buenos Aires avanzó en la conformación de la Mesa Bonaerense de la Pesca, un espacio de articulación que reúne a organismos públicos, organizaciones sindicales y representantes empresarios vinculados a la actividad, con el propósito de generar consensos y diseñar estrategias frente a los desafíos que enfrenta el sector.
La presentación se realizó durante el Congreso Bonaerense del Trabajo y contó con la participación del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
La nueva mesa quedó integrada por representantes de los ministerios bonaerenses de Trabajo, Producción y Desarrollo Agrario, junto a organizaciones gremiales y cámaras empresarias de la pesca fresquera.
Entre los sindicatos participantes se encuentran el SOMU, el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, SICONARA, SUPA, Dragado y Balizamiento, Guincheros, SOIP, SAON, SIMAPE, Empleados de Comercio, además de la CGT local y las dos CTA.
Por el sector empresario participan, entre otras entidades, la Cámara de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (CAABPA), la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA), la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera (AEPCyF) y cámaras que nuclean al personal de estiba y alistamiento de buques del puerto local.
La creación de este ámbito de trabajo se produce en un momento particularmente complejo para la actividad pesquera nacional. Durante los últimos meses, distintos segmentos de la flota y de la industria han atravesado conflictos laborales, discusiones salariales, cuestionamientos sobre los costos operativos y debates vinculados a la organización productiva del sector.
En ese escenario, Mar del Plata, principal puerto pesquero del país y centro neurálgico de la industria bonaerense, concentra gran parte de las preocupaciones relacionadas con el sostenimiento del empleo, la actividad de las plantas de procesamiento y la competitividad de las empresas.
La conformación de la Mesa Bonaerense de la Pesca busca precisamente generar un canal institucional de diálogo entre los distintos actores involucrados, con el objetivo de identificar problemáticas comunes, impulsar propuestas y coordinar acciones orientadas a fortalecer la producción, preservar las fuentes laborales y promover el desarrollo de la actividad en la provincia.
Dentro de ese marco, uno de los primeros ejes de seguimiento estará vinculado con las decisiones que adopte el Consejo Federal Pesquero sobre la administración de los recursos y el impacto de esas definiciones sobre la flota fresquera, el trabajo embarcado, la industria en tierra y el puerto bonaerense. En particular, distintos actores de la mesa impulsarán que el eventual archivo del proyecto de transferencia de cuota de merluza desde barcos fresqueros hacia buques congeladores quede expresamente asentado en el ámbito formal correspondiente.
El planteo apunta a que las definiciones sobre la desactivación del Fondo de Optimización Pesquero (FOP) queden reflejadas en instrumentos institucionales y no únicamente en manifestaciones periodisticas. Para los sectores involucrados, el punto tiene implicancias directas sobre el perfil productivo de la flota, el esquema de empleo asociado a la operatoria fresquera y la capacidad de procesamiento en tierra dentro del territorio bonaerense.
Otro frente de atención estará puesto en el proyecto de ampliación de permisos de pesca de calamar, especialmente por los criterios de puntaje previstos para las descargas y el reprocesamiento. En la provincia observan con preocupación que una iniciativa de esa naturaleza pueda asignar menor valoración a proyectos que descarguen y reprocesen en territorio bonaerense frente a alternativas radicadas en otros puertos marítimos en un claro anticipo cuando aún no se delimitaron esas cuestiones.
La Mesa Bonaerense de la Pesca abre un debate de fondo sobre federalismo pesquero, distribución territorial de la actividad, empleo portuario e integración industrial. Para Buenos Aires, cualquier esquema de asignación o ampliación de permisos debe contemplar el peso específico de sus puertos, la capacidad instalada de sus plantas y la función estratégica de Mar del Plata dentro de la cadena pesquera nacional.
El nuevo espacio —donde conviven actores que hasta hace poco parecían difíciles de reunir bajo una misma agenda— también deja expuesto un movimiento político-sectorial que excede la agenda gremial tradicional. La participación de cámaras vinculadas al sector fresquero y su disposición a canalizar planteos dentro de una mesa promovida por la administración bonaerense marca un acercamiento formal hacia un ámbito que, hasta ahora, aparecía más asociado al reclamo sindical que a una convergencia empresaria amplia.
Ese gesto cobra relevancia porque incorpora al debate institucional a empresas que enfrentan costos crecientes, restricciones financieras y dificultades para sostener capital de trabajo en un escenario de menor rentabilidad. La agenda empresaria incluye pedidos hacia el propio gobierno provincial, entre ellos la declaración de una emergencia productiva, la eliminación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la cadena pesquera y la habilitación de líneas de crédito adecuadas para financiar ciclos operativos de largo plazo a tasas razonables que permitan competitividad frente a mercados internacionales que se fondean a tasas decididamente mas bajas que las locales.
Si bien todavía no se difundió una agenda específica de temas a tratar, la creación de este espacio aparece como una señal de acercamiento entre el Estado provincial, los trabajadores y el sector empresario en un contexto donde la pesca enfrenta desafíos económicos, laborales y productivos que impactan de manera directa sobre las principales comunidades portuarias bonaerenses.
La mesa nace, además, con una agenda que deberá ordenar reclamos de distinto origen: decisiones nacionales sobre recursos, criterios federales de asignación, defensa del empleo embarcado y en tierra, presión fiscal provincial, financiamiento productivo y competitividad portuaria. Su eficacia dependerá de la capacidad de convertir ese diagnóstico compartido en posiciones institucionales concretas ante los organismos de decisión pesquera y frente a la propia administración bonaerense, preservando el carácter productivo, laboral y territorial de los reclamos por encima de cualquier lectura partidaria.
