El debate por la administración de la merluza hubbsi volvió a ocupar el centro institucional de la pesca argentina. Una presentación ingresada ayer, 24 de abril de 2026 ante el Consejo Federal Pesquero planteó una objeción gremial de alto voltaje sobre el denominado “Procedimiento de Optimización Productiva de Merluza Hubbsi”, al que los sindicatos vinculados a la actividad marítima, portuaria, naval e industrial atribuyen consecuencias directas sobre el empleo, la operatoria fresquera y el entramado productivo de Mar del Plata.
La nota fue dirigida al presidente del Consejo Federal Pesquero, Juan Antonio López Cazorla, y expuso una preocupación concreta: la posible formalización de un sistema de transferencia de CITC —Cuotas Individuales Transferibles de Captura— que, según el planteo sindical, entraría en colisión con la prohibición prevista en el artículo 27 de la Ley Federal de Pesca 24.922.
El punto central del reclamo excede la discusión técnica sobre eficiencia extractiva y fue puesto a disposición del CFP mediante nota de la DNCyFP NO-2026-37330917-APN-DNCYFP#MEC (14/4/26) con propuesta técnica regulatoria de la CITC de merluza común y tratada en el punto 1.1.4 del Acta CFP Nro.10/2026. Para las organizaciones firmantes, la transferencia de cuotas sobre merluza hubbsi podría alterar el equilibrio económico y laboral de una cadena que sostiene empleo embarcado, trabajo en tierra, servicios portuarios, talleres, transporte, proveedores y actividad administrativa asociada a la pesca fresquera.
El impacto más severo recaería sobre la flota fresquera costera y la flota fresquera de altura dedicada casi en exclusividad a la captura de merluza común. Allí, el eventual cambio de régimen aparece como una amenaza de máxima gravedad: para un segmento que desde hace tiempo expone una situación terminal en la ecuación económica de cada marea, la modificación podría operar como un golpe devastador y, en términos productivos, el cierre de un ciclo de deterioro acumulado.
La pesca fresquera sostiene su actividad sobre márgenes cada vez más estrechos. Cada salida al mar condensa costos de combustible, tripulación, mantenimiento, logística portuaria, hielo, víveres, reparaciones, servicios de muelle y obligaciones laborales que ya presionan sobre la rentabilidad operativa. En ese cuadro, cualquier alteración que reduzca disponibilidad efectiva de cuota, encarezca el acceso al recurso o modifique el flujo de captura hacia otros esquemas de concentración podría profundizar el desequilibrio de una flota que trabaja sobre una economía de marea extremadamente exigida.
La presentación coloca a Mar del Plata como eje del problema. Allí, la merluza representa mucho más que una especie bajo administración pesquera: constituye una plataforma de trabajo, abastecimiento industrial, procesamiento, valor agregado y movimiento portuario. Desde esa perspectiva, cualquier modificación en el régimen de asignación o transferencia de captura tiene impacto sobre el mapa laboral completo, desde el buque hasta la planta, desde el filetero hasta el transportista, desde el taller naval hasta el proveedor de servicios.
Los gremios sostienen que el informe técnico conocido recientemente avanzaría hacia un mecanismo de reorganización productiva bajo el argumento de optimizar la operatoria. Sin embargo, el documento sindical advierte que la optimización productiva, cuando se desprende del arraigo industrial y laboral, puede terminar concentrando capacidad de captura y debilitando los procesos que generan mano de obra argentina.
La referencia al artículo 1 de la Ley 24.922 ocupa un lugar decisivo en la argumentación. Ese tramo de la norma establece como finalidad el desarrollo de procesos industriales ambientalmente apropiados, orientados a obtener el máximo valor agregado y el mayor empleo de mano de obra nacional. Sobre esa base, los sindicatos construyen su objeción: la administración del recurso debe evaluarse también por su efecto social, productivo y territorial.
El planteo gremial reclama, además, un espacio de debate institucional previo a cualquier decisión. La solicitud de audiencia urgente ante el Consejo Federal Pesquero busca abrir una instancia formal para discutir los alcances del procedimiento, sus fundamentos, sus eventuales efectos y la participación de los sectores alcanzados.
La presentación fue acompañada por referentes de organizaciones con presencia en la actividad marplatense, entre ellos Pablo Félix Trueba, del SIMAPE; Marcelo Alejandro Torres, del SICONARA Mar del Plata; Adolfo Echeverría, del SOIP; y representantes de entidades portuarias -(SUPA)- y navales -(SAON)- vinculadas al trabajo en tierra.
El documento ingresa en un momento especialmente sensible para la producción e industria pesquera de fresqueros. La discusión sobre cuotas, eficiencia, costos, competitividad y sostenimiento del empleo atraviesa a todo el sistema. En ese escenario, la merluza hubbsi aparece nuevamente como un recurso estratégico donde cada cambio administrativo proyecta efectos sobre buques, plantas, muelles, cámaras, sindicatos y comunidades portuarias.
De prosperar el “Procedimiento de Optimización Productiva de Merluza Hubbsi”, sería quizá el golpe que sellaría el certificado de defunción de la actividad del fresco. No en vano y como antecedente, la representación de la provincia de Buenos Aires, al frente de la Lic. Carla Seain, el ex Subsecretario de Pesca de la Nación Dr. Carlos D.Liberman, el propio Ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Lic. Javier Rodríguez; cámaras representativas del sector fresquero (UDIPA, CAPEAR ALFA, CAABPA, AEPCIF, CAFREXPORT) y ahora con mayor énfasis y decisión, gremios nucleados impulsados por el titular del SIMAPE, Pablo Trueba advierten la situación como sumamente grave y preocupante.
El Consejo Federal Pesquero queda ahora frente a un reclamo que pide tratamiento urgente y una definición institucional clara. La cuestión de fondo ya fue planteada: cómo ordenar la captura sin quebrar a la flota que sostiene la operatoria fresquera, sin deteriorar la base laboral e industrial que transforma al recurso en producción, empleo y valor agregado dentro del territorio argentino.
