El Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) difundió este miércoles un comunicado en el que fijó su posición respecto del conflicto suscitado por la liquidación del Sueldo Anual Complementario (SAC) del personal embarcado, luego de las medidas de fuerza impulsadas por el Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE), que incluyeron el freno a la zarpada del BP Virgen María, en el segmento fresquero.
En el documento, la entidad sostuvo que las empresas asociadas «pagaron el SAC» y que la liquidación se efectuó conforme al régimen legal específico que rige para el personal embarcado, contemplado en la Ley de Navegación N.º 20.094, modificada por la Ley 26.994, normativa que, según afirmó, regula de manera particular distintos aspectos de la relación laboral de la gente de mar, entre ellos el aguinaldo.
«Las empresas adecuaron la liquidación al marco legal aplicable dando cumplimiento a la legislación que regula la actividad marítima«, expresó CEPA, al tiempo que remarcó que ese criterio «se encuentra vigente y debe ser cumplido«.
La postura de la cámara empresaria constituye una respuesta a los cuestionamientos formulados por el SIMAPE, que sostiene que el SAC debía calcularse conforme a las previsiones de los convenios colectivos de trabajo y promovió denuncias administrativas por considerar que la metodología utilizada por las empresas resultó incorrecta.
Frente a esa interpretación, CEPA afirmó que «la posición de las empresas es clara y no admite interpretaciones» y adelantó que continuará efectuando la liquidación del aguinaldo conforme al régimen legal que considera aplicable. No obstante, reconoció que las diferencias de criterio podrán debatirse «en los ámbitos institucionales y judiciales que correspondan«, aunque ello, indicó, «no altera la obligación de cumplir con el régimen legal aplicable«.
En el tramo final del comunicado, la entidad señaló que la industria pesquera atraviesa desafíos operativos, económicos y comerciales que requieren previsibilidad y responsabilidad por parte de todos los actores. En ese contexto, aseguró que las empresas continuarán sosteniendo la actividad, las fuentes de trabajo y el cumplimiento de sus obligaciones legales, al tiempo que ejercerán «los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce«.
En ese marco, CEPA sostuvo que el diálogo deberá desarrollarse “dentro del marco de la ley”. Sin embargo, la última acta paritaria del CCT 580/10, firmada por las propias partes, establece expresamente que las sumas acordadas deben computarse para el cálculo del SAC, una previsión que contradice el criterio ahora defendido.
En sectores empresarios del puerto, la posición adoptada también es interpretada como una nueva señal del acercamiento de CEPA y de la creciente asimilación, dentro de sus decisiones políticas, de los criterios sostenidos por cámaras afines cuyos centros de control se encuentran fuera del país. Ese proceso aporta contexto al alejamiento, meses atrás, de empresas históricas que participaron de la fundación de la entidad y expone una modificación progresiva de su eje institucional, desde una representación estrechamente vinculada con la política pesquera y la operatoria de Mar del Plata hacia intereses empresariales cuyas estructuras decisorias están radicadas fuera de la ciudad y, en muchos casos, en España.
Para finalizar, CEPA manifestó que el diálogo “siempre será el camino adecuado”, aunque sostuvo que ese intercambio deberá desarrollarse “dentro del marco de la ley”. La cámara reafirmó así que el cumplimiento de la normativa vigente constituye, bajo su criterio, la base para garantizar la continuidad y el futuro de la actividad pesquera.
