La posibilidad que avance un esquema de cuotificación para el langostino comenzó a generar una reacción organizada dentro de la flota fresquera. Un grupo de armadores y empresarios del sector, acompañado por la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (UDIPA), elevó una presentación formal al Consejo Federal Pesquero (CFP) para reclamar precisiones sobre distintos estudios y relevamientos que, según sostienen, se estarían realizando sin información pública sobre sus objetivos y alcances.
La nota, dirigida a las autoridades del organismo, surge tras una reunión mantenida el pasado 10 de junio con una delegación de armadores y pone el foco en una preocupación concreta: la circulación de versiones sobre una eventual cuotificación de la pesquería de langostino.
Según expresan los firmantes, distintos empresarios habrían recibido información acerca de hipotéticos porcentajes de participación que les corresponderían en un eventual régimen de cuotas. Frente a esa situación, solicitaron que el CFP informe oficialmente si existe algún proceso de análisis orientado a modificar el actual esquema de administración del recurso y quiénes son las personas o entidades que estarían llevando adelante tareas de recopilación de información.
El planteo va más allá de una simple consulta administrativa. Los armadores sostienen que cualquier discusión sobre el futuro régimen de manejo del langostino debe desarrollarse dentro de los canales institucionales del Consejo Federal Pesquero y con pleno conocimiento de todos los actores involucrados.
En ese contexto, pidieron expresamente que no se avance en ningún procedimiento relacionado con una eventual cuotificación hasta tanto se esclarezcan las versiones existentes y se informe cuál es el alcance de los estudios que actualmente estarían desarrollando distintas áreas de la administración pesquera.
Otro de los puntos que genera inquietud entre los empresarios está vinculado a requerimientos de información efectuados en los últimos meses por organismos de la administración pesquera nacional. Los firmantes solicitaron conocer el destino de esos datos y si forman parte de algún trabajo técnico relacionado con un eventual sistema de asignación de cuotas para la principal especie de la pesca argentina.
La preocupación no es menor. El langostino constituye actualmente el principal producto de exportación del sector pesquero nacional y cualquier modificación en su esquema de administración tendría impacto sobre la estructura productiva de la actividad, el acceso al recurso y la distribución futura del esfuerzo pesquero.
Como parte de la presentación, los armadores invitaron al Consejo Federal Pesquero a realizar una reunión en la ciudad de Mar del Plata para abordar estos temas junto a los distintos sectores involucrados y brindar respuestas a las inquietudes planteadas.
El planteo se complementa con el documento denominado “Emergencia de la Pesca Fresquera”, presentado ante el Consejo Federal Pesquero, donde cámaras y armadores describen un cuadro de deterioro estructural de la actividad, con caída de rentabilidad, aumento de costos operativos, pérdida de valor agregado, menor capacidad de procesamiento en tierra y creciente presión sobre la flota fresquera.
En la actual presentación, la eventual cuotificación del langostino queda planteada como un señalamiento directo al Consejo Federal Pesquero, aunque ese debate también encuentra sustento en la Ley Federal de Pesca 24.922, cuyo artículo 27 contempla el régimen de cuotas, y en los informes técnicos oficiales del INIDEP, que aportan base científica, fundamentos y solidez para mejorar la administración y el manejo de la pesquería.
Lo que deja la presentación, –al menos como lectura sugestiva-, es que el reclamo no apunta sólo al eventual cambio de régimen, sino al modo en que ese debate habría comenzado a circular con versiones, criterios preliminares y supuestas asignaciones sin responsables identificados ni respaldo administrativo visible.
A ese diagnóstico se suma, según datos aportados por los armadores, una marcada diferencia en los valores del servicio de descarga y alistamiento según puerto y provincia. En Chubut, el costo se ubica cerca de $7.500 por cajón; en Mar del Plata oscila entre $2.850 y $3.000; mientras que en Santa Cruz se mueve en una franja de $4.500 a $5.000. Para el sector, esa dispersión impacta directamente sobre la competitividad, condiciona las decisiones operativas de descarga y agrega presión sobre empresas que ya enfrentan mayores costos, carga impositiva y falta de definiciones sobre el futuro esquema de administración del langostino.
El pedido fue respaldado por representantes de numerosas empresas vinculadas a la actividad fresquera, quienes acompañaron la nota con sus firmas. Entre ellas se encuentran firmas armadoras y pesqueras de relevancia dentro del entramado productivo marplatense, reflejando que la preocupación excede a casos particulares y alcanza a una porción significativa del sector.
Además de la presentación vinculada al futuro esquema de administración del langostino, durante el encuentro los participantes resolvieron impulsar una segunda iniciativa dirigida al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), en la que cuestionan los costos de estiba vigentes en los puertos de esa provincia.
Según sostienen, las tarifas actuales generan una pérdida de competitividad para las empresas, encarecen las operaciones y favorecen el traslado de descargas hacia otros puertos del litoral marítimo argentino.
Desde el sector consideran que la combinación de altos costos operativos, presión impositiva, burocracia y falta de definiciones sobre cuestiones estratégicas vinculadas a la administración de los recursos pesqueros está afectando seriamente la previsibilidad de la actividad.
Por ello, los firmantes señalaron que las iniciativas impulsadas buscan garantizar reglas claras y condiciones de competencia equitativas para sostener el empleo, las inversiones y el desarrollo de la pesca fresquera argentina.
Más allá del reclamo puntual por los costos portuarios, el mensaje central que deja la presentación es otro; una parte importante del sector fresquero decidió pedir explicaciones públicas sobre los estudios, versiones y movimientos que rodean a una eventual cuotificación del langostino, antes de que cualquier iniciativa sea elevada formalmente a la mesa del Consejo Federal Pesquero. La discusión, impulsada dentro del sector fresquero principalmente por UDiPA y CAPEAR ALFA, queda así expuesta bajo una exigencia concreta, que todo cambio sobre el principal recurso de exportación pesquera se tramite con información completa, responsables identificados y debate institucional.
