Cámaras y armadores de la pesca fresquera fueron recibidos por el Consejo Federal Pesquero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde presentaron un diagnóstico de fuerte contenido económico, operativo e institucional sobre la situación del sector. El encuentro se realizó este 10 de junio, luego de la suspensión de una reunión prevista originalmente para el 14 de mayo y tras una nueva solicitud de audiencia por parte de las entidades vinculadas a la cadena pesquera fresquera.
La presentación tuvo un eje central: la pesca fresquera argentina atraviesa una crisis de rentabilidad que, según el sector, viene de años, pero se agravó con el aumento de costos, la presión tributaria, la falta de desregulación efectiva y medidas de administración que, a juicio de los armadores, condicionan la operatoria diaria de la flota.
El planteo no se limitó a una expresión de malestar. Las cámaras llevaron al CFP un documento con diagnóstico, antecedentes, datos comparativos, reclamos y un petitorio urgente. Allí expusieron la evolución histórica del sector, su peso dentro de la pesca nacional, la pérdida de capacidad industrial en tierra y el deterioro de la ecuación económica de los buques fresqueros, especialmente aquellos vinculados a merluza, langostino y operatorias mixtas.
Uno de los puntos más sensibles fue el impacto de los costos sobre la rentabilidad. En la presentación, el sector sostuvo que la pesca fresquera pasó de una rentabilidad operativa positiva en 2018 a un escenario de quebranto en el período 2024-2025. También señaló el aumento del costo laboral sobre la facturación, el peso creciente de la descarga, la suba del combustible y la pérdida de poder de compra medida en kilos de pescado por litro de gasoil.
Según el documento expuesto ante los consejeros, el aumento del combustible superó el 80%, mientras que el sector también cuestionó la existencia de más de 143 trámites por marea, la suba de los Derechos Únicos de Extracción, la continuidad de los derechos de exportación, la eventual creación de nuevos cargos y la aplicación de sanciones bajo una normativa que consideran desactualizada.
La presentación incluyó una lectura estructural. Para los armadores, el problema central no reside en el modelo fresquero en sí, sino en las condiciones bajo las cuales debe operar en la Argentina. El informe comparó la composición de la flota local con otros países pesqueros y sostuvo que el país presenta una proporción de buques congeladores muy superior a la de economías con fuerte tradición pesquera, lo que fue presentado como síntoma de la pérdida de viabilidad del esquema fresquero con procesamiento en tierra.
Ese diagnóstico conecta con otro dato de fondo: la caída del valor agregado pesquero. Las cámaras advirtieron que la Argentina exporta cada vez más producto primario y menos manufacturas de origen pesquero. Bajo esa mirada, la crisis de la flota fresquera no queda reducida a un problema de armadores, sino que impacta sobre plantas de procesamiento, empleo industrial, comunidades portuarias, exportaciones y generación de divisas.
El sector sostuvo que la Argentina dejó de exportar productos con el máximo valor agregado posible por la presión de costos y por la falta de una política que incentive el procesamiento en tierra. En ese punto, el reclamo adquiere dimensión productiva: detrás de una política industrial adecuada, afirmaron, deberían venir inversión, empleo, desarrollo de productos y mayor ingreso de divisas.
El petitorio elevado al CFP incluyó pedidos concretos. Las cámaras solicitaron la gestión de audiencias al máximo nivel con el Presidente de la Nación y el ministro de Economía, la declaración de emergencia pesquera, la implementación de gasoil productivo sin impuestos, la eliminación inmediata de los derechos de exportación, la revisión de los Derechos Únicos de Extracción, la eliminación o agilización de cargas vinculadas al IVA y líneas crediticias para modernización de plantas, renovación de flota, refinanciación de deudas y recomposición de capital de trabajo.
También reclamaron una desregulación real de la actividad. En ese capítulo incluyeron la revisión de dotaciones según tecnología y no sólo por tamaño de buque, la desregulación de la estiba en todos los puertos, la simplificación de trámites y la modificación de la Ordenanza Marítima 3/09 de la Prefectura Naval Argentina, junto con normas similares que, según el sector, agregan costos o rigideces operativas.
Otro capítulo relevante fue el pedido de transparencia y equidad en las decisiones de política pesquera. Las cámaras reclamaron que todo cambio de fondo vinculado a langostino, calamar, merluza, transferencias, reformulaciones o permisos sea debatido dentro del CFP, con información completa y participación amplia. En esa misma línea, solicitaron que se formalice el archivo definitivo del proyecto de Optimización Productiva de merluza.
La exposición también puso el foco sobre decisiones recientes y discusiones abiertas dentro del sector. En particular, los armadores fresqueros marcaron preocupación por eventuales cambios vinculados al langostino, la asignación de permisos de calamar y la renovación de cuotas de merluza. El planteo central fue que las decisiones estructurales deben pasar por el órgano competente y no llegar al recinto como hechos consumados.
Desde el comunicado de prensa difundido tras la reunión se indicó que el Consejo Federal Pesquero se comprometió a trabajar sobre los puntos planteados y a avanzar, en los próximos días, en reuniones con los distintos actores del sector. El objetivo será analizar aspectos económicos, ambientales y sociales de los proyectos que impactan sobre las políticas de administración de los recursos pesqueros argentinos.
La discusión abre un escenario de alto impacto para la política pesquera nacional. El reclamo fresquero combina costos, impuestos, empleo, puerto, industria, flota, exportaciones y reglas de administración. En ese tablero, el CFP queda ubicado en el centro de una definición sensible: cómo ordenar la sustentabilidad biológica de los recursos sin perder capacidad productiva, rentabilidad operativa y generación de trabajo en tierra.
La reunión dejó planteada una advertencia sectorial y una demanda institucional. Para la pesca fresquera, la agenda ya no admite únicamente diagnósticos. El pedido apunta a medidas concretas, coordinación política y una revisión integral de las condiciones bajo las cuales opera una flota que forma parte de la historia productiva argentina y que hoy reclama un nuevo equilibrio para sostener actividad, empleo y valor agregado.
