Durante una reunión con el Consejo Federal Pesquero, cámaras y armadores presentaron un extenso documento en el que cuestionaron costos, regulaciones y decisiones de administración. También pidieron declarar la emergencia pesquera y archivar definitivamente el proyecto de Optimización Productiva de Merluza.
La pesca fresquera llegó al Consejo Federal Pesquero (CFP) con un mensaje que va mucho más allá de un reclamo sectorial o un pedido de alivio económico. A través de una presentación formal de seis páginas, cámaras empresarias y armadores sostuvieron que la actividad atraviesa un proceso de deterioro que amenaza la continuidad de un modelo productivo históricamente asociado al procesamiento en tierra, la generación de empleo y el agregado de valor.
Bajo el título “Emergencia de la pesca fresquera”, el documento plantea que la crisis actual no puede explicarse únicamente por una coyuntura desfavorable ni por las dificultades que enfrenta una determinada pesquería. Por el contrario, sostiene que la actividad arrastra más de dos décadas de descapitalización, pérdida de competitividad y caída del valor agregado, una situación que, según los firmantes, terminó agravándose por una combinación de mayores costos, presión fiscal, regulaciones y decisiones de administración.
El planteo incorpora incluso una autocrítica poco habitual. Los representantes del sector reconocen que durante años aceptaron soluciones de corto plazo y no lograron construir una posición suficientemente firme frente a problemas que fueron acumulándose con el tiempo. Sin embargo, consideran que la situación alcanzó un punto límite y que ya no admite respuestas parciales.
La preocupación central gira alrededor de la rentabilidad. Según los datos aportados en la presentación, un fresquero merlucero de 3.000 cajones que en 2018 podía operar con márgenes positivos cercanos al 20% registra hoy resultados negativos que rondan el 21%, porcentaje que incluso podría acercarse al 30% al considerar el impacto del combustible. A ello se suman aumentos significativos en los costos laborales, las descargas y otros componentes de la operatoria.
Para los firmantes, estos números reflejan que el problema dejó de ser coyuntural para transformarse en estructural. De hecho, el documento define expresamente que la pesca fresquera argentina opera en una situación de “quebranto estructural”, una caracterización que sirve de base para el resto de los planteos elevados al CFP.
Sin embargo, la discusión que proponen trasciende los balances empresariales. Buena parte de la presentación está dedicada a defender el papel que históricamente tuvo la pesca fresca con procesamiento en tierra dentro de la economía de los principales puertos del país.
Según sostienen, la pérdida de competitividad provocó el cierre de plantas de fileteado, fasoneras y conserveras, redujo la capacidad de procesamiento y afectó el empleo asociado a la actividad. En paralelo, advierten una disminución sostenida del valor agregado generado por la pesca argentina y cuestionan que una parte creciente de las tareas de transformación industrial termine realizándose fuera del país.
Desde esa perspectiva, la crisis no se limita a la situación de la flota. Para el sector, está en juego el modelo productivo que durante décadas permitió vincular la captura con la industria, el empleo y la actividad económica en las comunidades costeras.
Esa mirada también aparece cuando analizan la composición de la flota nacional. El documento señala que alrededor del 46% de los buques corresponden al segmento congelador, una participación que comparan con la de otros países para sostener que Argentina se fue alejando de esquemas que privilegian el procesamiento en tierra y el desarrollo de productos con mayor valor agregado.
La presentación dedica además varios pasajes a cuestionar aspectos de la política pesquera y del funcionamiento institucional. Los firmantes sostienen que numerosas decisiones estratégicas llegan al ámbito del CFP cuando los debates ya se encuentran avanzados y reclaman una participación más amplia en discusiones vinculadas a permisos, cuotas, transferencias y otras herramientas de administración.
En ese contexto expresan preocupación por una eventual cuotificación del langostino, cuestionan el mecanismo utilizado para la aprobación de nuevos permisos de calamar y reclaman mayor transparencia en distintos procesos vinculados a la renovación de cuotas de merluza y la aplicación del artículo 27 de la Ley Federal de Pesca.
La crítica no se limita a los costos o a la rentabilidad de la actividad. En uno de los pasajes más duros del documento, los firmantes interpelan directamente al Consejo Federal Pesquero. Tras recordar que la Ley Federal de Pesca le asigna al organismo la responsabilidad de promover el máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos, fomentar el agregado de valor y la generación de empleo, se preguntan qué medidas concretas se adoptaron para alcanzar esos objetivos. La respuesta que ofrece la propia presentación es contundente “ninguna suficiente, eficaz y oportuna”.
A partir de esa premisa, el sector sostiene que la pérdida de competitividad, el cierre de plantas, la caída del valor agregado y el deterioro de la rentabilidad no pueden analizarse únicamente como problemas empresariales, sino también como el resultado de políticas que no lograron corregir un proceso de deterioro.
Como respuesta a este escenario, las cámaras y armadores solicitaron una batería de medidas que incluye la declaración de la emergencia pesquera fresquera, la implementación de un esquema de gasoil productivo con tratamiento diferencial, la eliminación de los derechos de exportación, la reducción del Derecho Único de Extracción a niveles de 2018, mecanismos más ágiles para la devolución del IVA, líneas de financiamiento para modernización de plantas y renovación de flota, y una agenda de simplificación regulatoria.
Entre los pedidos también figura la formalización del archivo definitivo del Proyecto de Optimización Productiva de Merluza en cualquier variante que implique transferencias o desplazamientos de cuota desde buques fresqueros hacia congeladores, una discusión que desde hace semanas ocupa un lugar central dentro de la agenda pesquera.
Más allá de las medidas concretas, el documento deja planteada una discusión de fondo. Para el sector fresquero, la crisis actual no es únicamente económica. Es el resultado de un conjunto de decisiones que, según advierten, fueron debilitando la capacidad de la pesca argentina para generar empleo, procesar materia prima en el país y capturar mayor valor dentro de la cadena productiva. Y es precisamente sobre ese rumbo donde reclaman abrir un debate que consideran impostergable.
