La creciente tensión en torno al futuro del esquema pesquero argentino sumó este jueves pasado un nuevo capítulo en Mar del Plata. En una conferencia cargada de preocupación y fuertes advertencias sobre el impacto económico y laboral que podría generar un cambio en el sistema de cuotas, la CGT Regional y representantes de gremios marítimos, portuarios y navales expusieron públicamente el malestar que atraviesa al sector.
El encuentro se realizó en la sede de la central obrera local y reunió a dirigentes sindicales, referentes vinculados a la actividad portuaria y trabajadores ligados de manera directa al funcionamiento diario del puerto marplatense. A medida que avanzaban las exposiciones, el clima dejó en evidencia que el conflicto ya excede una discusión estrictamente técnica sobre administración pesquera y comenzó a instalarse como una preocupación transversal para gran parte del entramado productivo de la ciudad.
El eje de las críticas estuvo centrado en la posibilidad de habilitar transferencias de cuotas de captura de merluza común desde buques fresqueros hacia congeladores, una alternativa que distintos sectores interpretan como un cambio estructural sobre el modelo de explotación y procesamiento que históricamente sostuvo el empleo en tierra en Mar del Plata.
El clima de la reunión estuvo lejos de una exposición protocolar. Hubo diagnósticos duros, referencias a crisis anteriores y una sensación compartida de que el sector atraviesa uno de esos momentos donde las decisiones que se tomen pueden dejar consecuencias de largo plazo. Las intervenciones fueron construyendo una misma idea: detrás de la discusión por las cuotas no se juega solamente el negocio pesquero, sino el volumen de actividad que mantiene en funcionamiento a buena parte de la ciudad.
José Luis Rocha, secretario general de la CGT Regional, sintetizó esa preocupación al advertir que un deterioro de la actividad portuaria implicaría un golpe directo sobre la economía marplatense. “Si a nosotros nos dejan sin actividad portuaria, nos están sacando el 30% de la economía o más de nuestra ciudad”, afirmó. Pero más allá de la cifra, el mensaje buscó poner en evidencia algo que en el puerto repiten desde hace tiempo: cada barco fresquero que deja de operar arrastra detrás empleo embarcado, trabajo en tierra, logística, talleres, estiba, fileteado y consumo interno.
Por eso, varias de las exposiciones apuntaron a diferenciar el impacto económico que genera la flota fresquera respecto del modelo congelador. En el centro de la discusión aparece justamente esa preocupación: que un eventual corrimiento de cuotas termine trasladando procesamiento y generación de empleo fuera de tierra.
Pablo Trueba, secretario general del SIMAPE, recordó que la disputa por el modelo pesquero ya había comenzado durante el tratamiento de la Ley Bases y sostuvo que ahora el debate reaparece dentro del Consejo Federal Pesquero. “Cuando no pudieron avanzar por un lado, iban a venir por otro”, planteó. Para el dirigente, el punto central sigue siendo “el traspaso de la cuota de los fresqueros a los congeladores”, una resolución que —según remarcó— “todavía sigue viva”.
Trueba también apuntó contra la falta de interlocución política con el Gobierno nacional. “Hoy no tenés un interlocutor válido”, cuestionó, en una definición que dejó expuesta otra de las preocupaciones que atraviesan al sector: cuál es el horizonte que se busca para la actividad.
A medida que avanzaban las intervenciones, comenzó a quedar claro que el conflicto no es leído únicamente desde el impacto sobre la flota fresquera, sino también desde sus consecuencias sobre toda la estructura laboral que depende del movimiento portuario. “La flota fresquera es la que le da trabajo a tierra”, insistió Carlos Mezzamico, Secretario General del SUPA, al advertir que un eventual corrimiento de permisos hacia grandes congeladores podría terminar reduciendo progresivamente la actividad en muelle, estiba y procesamiento.
“Si se cae el puerto, nos caemos todos”, resumió el dirigente portuario, en una de las frases que mejor condensó el espíritu del encuentro.
La preocupación por el impacto sobre el empleo en tierra también atravesó parte de las exposiciones. Marcela Ibarola, secretaria gremial del SOIP, sostuvo que el sector ya viene golpeado por cierres de plantas, pérdida de puestos efectivos y crecimiento de la precarización laboral. En ese contexto, advirtió que una reducción del volumen de procesamiento en tierra podría representar “el desenlace final” para muchos trabajadores. “Sería la muerte total del trabajador en tierra”, afirmó quien además señaló que en los últimos tres años se perdieron entre 600 y 700 empleos efectivos dentro del sector.
Sobre el cierre, Cristian Guillén, delegado del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca, endureció todavía más el tono al definir el escenario como “un industricidio”. Según afirmó, detrás de las modificaciones en discusión existe un proceso de concentración que “no solamente es contra la industria, sino también contra la soberanía”.
El dirigente también cuestionó posibles cambios vinculados a las dotaciones de seguridad en los buques y dejó una frase que atravesó el cierre de la conferencia: “Atrás de cada compañero que sale a navegar hay una familia esperando”.
Aunque cada referente expuso desde problemáticas diferentes, todas las intervenciones confluyeron en un mismo punto: la percepción de que el puerto atraviesa una discusión que puede redefinir su perfil productivo hacia adelante. Y en una ciudad donde la pesca sigue siendo uno de los principales motores económicos y sociales, el temor que comenzó a instalarse es que las consecuencias ya no queden limitadas únicamente al sector.
En ese recorrido, el reclamo sectorial enfrenta además un desafío delicado, preservar su centralidad productiva, operativa y económica frente al riesgo de quedar absorbido por la lógica más amplia de la disputa política. La preocupación planteada por gremios marítimos, portuarios y navales tiene un punto de partida concreto —el impacto operativo, laboral e industrial de una eventual modificación en el régimen de cuotas, que hoy no capturan—, pero su ingreso al terreno público abre también la posibilidad que otros actores lo reordenen bajo claves políticas partidarias ajenas al funcionamiento cotidiano del puerto.
En ese desplazamiento, una demanda nacida en el corazón de la actividad puede ser leída desde el oficialismo como parte de una confrontación partidaria antes que como una advertencia técnica del sistema productivo. Allí aparece una zona sensible del debate, cuanto más se politice la representación del conflicto, mayor será el esfuerzo necesario para que el planteo conserve su consistencia original como necesidad operativa de una industria que sostiene empleo, procesamiento en tierra y movimiento económico local.
