La pesca fresquera volvió a elevar el tono de su reclamo y advirtió que la crisis que atraviesa el sector ya no puede leerse como una dificultad coyuntural. Empresas y cámaras de la actividad se reunieron en Mar del Plata el 20 de mayo y difundieron un documento en el que plantean que la combinación de costos, presión tributaria, conflictividad laboral, burocracia y falta de diálogo institucional amenaza la continuidad de un modelo productivo con más de un siglo de historia.
El malestar tuvo además un detonante político. El sector cuestionó vaivenes, a último momento, de una reunión prevista con el pleno del Consejo Federal Pesquero, a la que había viajado una delegación con el objetivo de entregar en mano un diagnóstico y una serie de propuestas. Finalmente, los representantes fueron recibidos por el subsecretario de Pesca y el director nacional de Pesca, pero consideraron que esa instancia no alcanzó para abordar temas que, por su alcance, requieren definiciones del propio Consejo y de otras jurisdicciones.
El documento reconoce que el aumento del gasoil terminó de agravar la situación, pero sostiene que el problema tiene raíces más profundas. La pesca fresquera viene acumulando pérdida de rentabilidad, incremento de costos laborales y portuarios, demoras administrativas, presión impositiva y dificultades para sostener el procesamiento en tierra.
Según el relevamiento presentado por las cámaras, la rentabilidad operativa de un fresquero merlucero pasó de un resultado positivo del 20% en 2018 a un resultado negativo del 21% en el período 2024-2025. En el mismo lapso, el costo laboral sobre facturación subió del 32% al 54%, mientras que el costo de descarga pasó del 4,3% al 9%. Para las plantas procesadoras de filet de merluza en Mar del Plata, el diagnóstico marca una rentabilidad negativa del 35%, además de la enorme conflictividad a la hora de ajustes permanentes indexados por IPC en el seno de las negociaciones paritarias.
Los números explican por qué el reclamo empresarial dejó de centrarse solo en alivios parciales. La actividad sostiene que, aun con medidas temporales, la ecuación operativa sigue siendo inviable si no se revisa el esquema completo de costos y regulaciones que impacta sobre buques, plantas, servicios y exportaciones.
Uno de los puntos más sensibles del planteo es la pérdida de participación de los productos con mayor elaboración dentro de las exportaciones pesqueras. Las cámaras advierten que el valor agregado no llega hoy al 20% del total exportado, cuando hace casi dos décadas representaba alrededor del 50%.
Esa caída no es solo un dato comercial. Expone una transformación más profunda: menos procesamiento local implica menor empleo industrial, menor ingreso de divisas por tonelada exportada y una estructura productiva más dependiente de materia prima con escasa elaboración. Para Mar del Plata, donde la pesca fresquera y las plantas en tierra sostienen una parte central del entramado laboral, el retroceso tiene impacto directo sobre toda la cadena.
El petitorio elevado por el sector incluye reclamos al Gobierno nacional, a la Provincia, al Municipio, a los sindicatos y a los proveedores de servicios. Entre las medidas solicitadas figuran la declaración de emergencia pesquera, un esquema de combustible diferencial, la eliminación de retenciones, la revisión del Derecho Único de Extracción, la agilización de devoluciones de IVA, la reducción de trámites y líneas de crédito para reconversión de buques y plantas.
También se reclama congelamiento de tarifas portuarias, alivio fiscal provincial y municipal, desregulación de servicios dentro del puerto y una revisión de los costos de estiba y transporte. A los gremios, las cámaras les pidieron acompañamiento para modernizar convenios y esquemas de productividad; y a los proveedores, responsabilidad para evitar nuevos aumentos en un contexto que describen como crítico.
El planteo empresario no desconoce que el sector también debe avanzar en procesos de modernización. De hecho, el documento admite que la pesca cambió a nivel global por la irrupción de productos de cultivo, la eficiencia energética y la automatización. Pero sostiene que esa reconversión requiere reglas estables, financiamiento y una política pesquera que acompañe, en lugar de sumar incertidumbre.
La discusión de fondo es qué lugar ocupará la pesca fresquera dentro del modelo pesquero argentino. El sector advierte que, si no se corrigen las distorsiones actuales, el país corre el riesgo de profundizar una primarizacion de sus exportaciones, con menos plantas activas, menos empleo en tierra y menor capacidad para competir con productos de mayor elaboración.
Por eso, el reclamo al Consejo Federal Pesquero y a los distintos niveles del Estado busca instalar una agenda más amplia que la emergencia inmediata. La crisis del combustible encendió la alarma, pero el problema central es la viabilidad de una estructura productiva que necesita costos razonables, reglas claras y decisiones institucionales transparentes para seguir operando.
En Mar del Plata, la advertencia tiene un peso particular, se trata de una cadena que integra captura, descarga, procesamiento, servicios, logística, exportación y empleo. La pesca fresquera pide respuestas antes que la crisis deje de ser una advertencia y se convierta en un quiebre difícil de revertir y que afecte la totalidad de la flota fresquera.
