La negociación paritaria del sector fresquero continúa abierta en la antesala de una nueva prospección de langostino en aguas nacionales dentro de la ZVPJM, instancia que puede habilitar el inicio de una nueva temporada de pesca. Aunque los acuerdos anteriores vencieron el 28 de febrero pasado, el tramo correspondiente al fresco todavía no cuenta con una firma integral entre las cámaras empresarias CAIPA y CAABPA, y las representaciones sindicales de SIMAPE, SICONARA y SOMU.
El área pendiente de cierre es la flota fresquera. En ese segmento se discute la actualización de haberes para la campaña 2026-2027, con una referencia general al índice de precios al consumidor como base de recomposición. Según pudo saber PESCARE, en buena parte de la mesa existe una aproximación al ajuste por el total del IPC, aunque el entendimiento formal todavía requiere ordenar puntos específicos de aplicación y capacidad de firma por parte de todos los actores involucrados.
El punto que mantiene trabada la negociación con SICONARA se ubica en la estructura de liquidación del personal de máquinas. La discusión se concentra en la actualización del valor final por cajón, un mecanismo conocido en la actividad como la “tablita”, que incide en el cálculo de los ingresos de los maquinistas embarcados en buques fresqueros.
Ese esquema tiene peso histórico dentro de la negociación sectorial. Su revisión implica definir cómo se calcula el valor por cajón, cómo se segmenta su aplicación y bajo qué fórmula queda incorporado a la actualización salarial. La discusión excede el porcentaje final de aumento: el eje está en el método de liquidación y en su efecto sobre el costo operativo de cada marea.
Ayer, se realizó una reunión entre Daniel Flores, Jorge Maldonado y un representante de las cámaras de buques fresqueros, aunque la idea era que no trascienda. En ese encuentro se planteó la necesidad de alcanzar una mejora del 15%. Sin embargo, fuentes vinculadas a la negociación indicaron a PESCARE que el punto de mayor peso técnico estuvo en la simplificación del cálculo segmentado del valor por cajón para el personal de máquinas.
El avance sobre el IPC aparece prácticamente aceptado como base general. La diferencia se concentra en los mecanismos de aplicación que podrían elevar el impacto final sobre la estructura de costos del fresco. Ese dato resulta determinante en una flota que atraviesa una situación económica distinta a la de los buques tangoneros congeladores.
La comparación entre ambos segmentos forma parte del análisis empresario y sindical. En los congeladores tangoneros ya se avanzó con acuerdos en un sector que presenta una ecuación operativa más favorable. En cambio, el fresco trabaja con márgenes más ajustados, fuerte incidencia de costos, dependencia directa del rendimiento de marea y una estructura comercial condicionada por precios, logística y capacidad de colocación del producto.
Esa diferencia ordena buena parte de la lectura empresaria. Referentes vinculados a las últimas firmas del sector gremial transmitieron a este medio que la exigencia sobre el fresco debe evaluarse en relación con su rentabilidad real. Una misma pauta aplicada sobre flotas con resultados operativos distintos produce impactos económicos diferentes. En el caso fresquero, cada punto de recomposición se traslada sobre una operatoria que llega a la temporada con menor margen de absorción.
En el resto de las representaciones gremiales, el aumento referenciado en el IPC tendría mayor grado de aceptación. También existiría una palabra avanzada por parte del principal referente del sector fresquero con capacidad jurídica para convalidar una actualización salarial o un convenio colectivo aplicable a la marinería durante la campaña 2026-2027.
El capítulo del SOMU presenta una dificultad institucional adicional. El sindicato atraviesa un escenario derivado de la suspensión de su proceso electoral y de los pedidos de prórroga de mandatos. Según fue transmitido a los participantes de la negociación, mientras no exista una habilitación suficiente, cualquier tratativa formal que requiera la firma del gremio queda condicionada.
La situación incide sobre el trámite paritario. La única prórroga reconocida hasta el momento alcanza a los mandatos nacionales. Los representantes de distintas seccionales pueden mantener conversaciones y participar de reuniones sectoriales, pero los actos formales de firma requieren facultades jurídicas vigentes. En ese marco, las reuniones con referentes regionales conservan carácter coloquial informal si no existe autorización expresa para suscribir acuerdos salariales cuyo mandato venció el 31 de diciembre pasado.
La conducción nacional encabezada por Raúl Durdos mantiene abierta la expectativa de una nueva extensión de mandato, eventualmente por 45 días, a partir de los tiempos que todavía demanda la definición sobre la prórroga solicitada. Ese eventual aval permitiría ordenar, al menos de manera transitoria, la representación formal del gremio en el tramo inmediato de la negociación. En pasillos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, «ya está a la firma un nuevo periodo de prórroga de mandatos aunque se discuten los plazos«, trascendió de manera extraoficial.
A esa situación se suma un frente judicial personal del secretario general, con una instancia prevista para el 18 de agosto próximo, que podría tener incidencia sobre su posición dentro del proceso interno del sindicato. El dato se incorpora al análisis por su efecto institucional posible sobre la conducción, la representación y la dinámica electoral del SOMU, en un momento donde por propio estatuto del gremio, inhabilita la conducción a quienes tengan causas pendientes por resolver en la justicia.
Para la negociación fresquera, el dato operativo es concreto, hoy el SOMU no cuenta con una firma plenamente habilitada para convalidar una recomposición salarial si no se resuelve la prórroga solicitada. Esa situación ya habría sido advertida en el ámbito de la Secretaría de Trabajo a los participantes de la negociación 2026-2027.
El escenario combina dos frentes. Por un lado, la discusión económica con SICONARA por la liquidación del valor por cajón para máquinas. Por otro, la situación formal del SOMU, que condiciona la validación de cualquier acuerdo que involucre a la marinería. Ambos puntos inciden sobre el cierre integral del tramo fresquero. El resto de gremios y cámaras estarían ya alineados para finalizar un proceso paritario cruzado por la situacion del SOMU.
La proximidad de una nueva prospección de langostino dentro de la ZVPJM agrega urgencia al proceso. La flota necesita llegar al inicio de la temporada con reglas salariales definidas, tripulaciones disponibles y condiciones laborales formalizadas. Las cámaras empresarias, por su parte, requieren previsibilidad sobre el costo de campaña antes de ordenar la operatoria.
La paritaria del fresco no está cerrada. Existe avance sobre una pauta de recomposición vinculada al IPC, pero todavía resta resolver la estructura de liquidación del personal de máquinas y el marco de representación del SOMU. Hasta que esos puntos queden ordenados, el acuerdo general seguirá pendiente en un momento decisivo para la actividad langostinera nacional.
