La aprobación de la reforma de la Ley de Pesca en Chubut, que incorpora el régimen de “Ficha Limpia”, ya derivó en su primer frente judicial. La Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACh) presentó una acción ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut para que se declare la inconstitucionalidad de varios artículos de la norma.
La presentación fue impulsada por el presidente de la entidad, Gustavo González, y apunta directamente contra la Ley IX N° 180, recientemente sancionada y promulgada por el Ejecutivo.
La acción judicial cuestiona artículos centrales de la nueva ley, incluyendo aquellos que introducen el régimen de “Ficha Limpia Pesquera” y las nuevas causales de suspensión y caducidad de permisos.
Según el planteo, la norma “altera sustancialmente el marco jurídico” bajo el cual operaba el sector, al incorporar condiciones que vinculan la continuidad de los permisos de pesca con cuestiones fiscales, tributarias y personales de los titulares o sus representantes.
Desde CAFACh sostienen que estas nuevas exigencias no guardan relación directa con la actividad pesquera y que generan un escenario de “máxima inestabilidad jurídica” para el sector.
Uno de los ejes más fuertes de la demanda es el impacto sobre los permisos de pesca vigentes. La entidad advierte que la ley modifica las condiciones bajo las cuales fueron otorgados, incluso cuando se trata de habilitaciones con plazos determinados.
En ese sentido, sostienen que los operadores realizaron inversiones, asumieron compromisos laborales y financieros y estructuraron su actividad en base a un régimen que ahora cambia de manera abrupta.
El nuevo capítulo incorporado por la ley también es uno de los puntos más cuestionados.
El planteo advierte que el régimen extiende las inhabilitaciones no solo a los titulares de permisos, sino también a directores, socios y representantes, lo que —según argumentan— vulnera principios básicos del derecho como la responsabilidad personal.
Además, se cuestiona que las causales incluyan antecedentes penales o fiscales sin relación directa con la actividad pesquera, lo que podría derivar en la pérdida de permisos por situaciones ajenas al desempeño en el sector.
Otro de los puntos críticos señalados en la demanda es la posibilidad de que los permisos caduquen de manera automática ante determinadas situaciones, sin garantizar instancias previas de defensa.
La entidad advierte que esto podría derivar en la paralización inmediata de buques, pérdida de temporadas completas y consecuencias económicas difíciles de revertir, incluso si posteriormente se revierte la decisión.
La presentación judicial se da en un contexto de fuerte debate político y sectorial en torno a la reforma, que fue aprobada en la Legislatura tras una sesión marcada por posiciones enfrentadas.
Mientras el Gobierno provincial sostiene que la ley busca ordenar la actividad y garantizar transparencia en el uso de los recursos naturales, desde parte del sector pesquero advierten sobre posibles efectos negativos en términos de previsibilidad, inversión y continuidad operativa.
El fallo que adopte el Superior Tribunal de Justicia no solo definirá la validez de la “Ficha Limpia Pesquera”, sino también el equilibrio entre control estatal y previsibilidad para una actividad central en la economía chubutense.
Agradecemos la predisposición del presidente de la CAFACh por brindar información a esta redacción.
