Conarpesa presentó este miércoles un recurso administrativo para solicitar la revocación de la Resolución N° 384 de la Secretaría de Trabajo de Chubut, mediante la cual se dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).
La presentación comprende un recurso de reposición y un recurso jerárquico en subsidio. El primero solicita que la propia Secretaría de Trabajo revise la resolución. El segundo plantea que, ante un eventual rechazo, la impugnación sea examinada por la autoridad administrativa superior.
La presentación, firmada por el letrado Luis Ángel Novoa, fue ingresada ante la Secretaría de Trabajo y cuestiona que el organismo haya encuadrado el caso como un conflicto colectivo de trabajo.
Los 39 despedidos serían formalmente dependientes de Agropez SA, empresa radicada en Rawson e integrante del Grupo Conarpesa. Los trabajadores estaban vinculados con la actividad desarrollada en la planta de Puerto Madryn operada por Conarpesa, relación que explica la intervención de ambas sociedades dentro del expediente laboral.
En el escrito, Conarpesa ratificó el despido de 39 trabajadores y sostuvo que las desvinculaciones obedecieron a una «injuria grave» derivada de la ocupación de las oficinas administrativas ocurrida el pasado 15 de julio.
La calificación de los despidos como ajustados a derecho expresa la posición jurídica de la empresa. La determinación definitiva dependerá del análisis individual de las conductas atribuidas, la prueba incorporada y una eventual revisión de la Justicia laboral.
La empresa recordó que esos hechos fueron denunciados ante el Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn, donde además amplió recientemente la denuncia aportando registros audiovisuales y la identificación de las personas que, según sostiene, participaron de la toma.
La empresa acompañó un soporte digital con registros audiovisuales.
En ese sentido, afirmó que las cesantías se encuentran alcanzadas por las causales previstas en el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo y consideró que las controversias deben resolverse en el ámbito de la Justicia laboral y penal, y no mediante un procedimiento administrativo de conciliación.
Conarpesa también explicó que decidió no asistir a la audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo al considerar que no estaban garantizadas las condiciones de seguridad para sus representantes.
Novoa concurrió a la dependencia laboral para entregar los escritos y la documentación, aunque las empresas se abstuvieron de participar de la audiencia y del intercambio con la representación sindical.
Según la presentación, Fernando Álvarez Castellano habría recibido amenazas telefónicas contra su integridad física, situación que la empresa vinculó con los bloqueos y la toma de las oficinas administrativas registrados durante el conflicto.
Asimismo, informó que promovió una querella criminal contra el dirigente Luis Núñez por expresiones que calificó como amenazantes, aunque señaló que la acción no pudo avanzar porque el sindicalista invocó sus fueros gremiales.
La Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales establece que los representantes alcanzados por tutela gremial no pueden ser suspendidos, despedidos ni sufrir modificaciones en sus condiciones de trabajo sin una resolución judicial previa que los excluya de esa garantía. Esa protección incide sobre la relación laboral y no constituye por sí misma una inmunidad general frente a una investigación penal. Sin acceso a la resolución dictada en la querella, corresponde atribuir a la empresa la afirmación sobre la falta de avance del expediente y evitar establecer que los fueros fueron su causa jurídica definitiva.
En declaraciones a Radio 3 Cadena Patagonia, Luis Núñez calificó los despidos como “injustificados”, afirmó que los afectados integraban el grupo de 85 trabajadores de temporada pendiente de convocatoria y confirmó que el STIA respetará la conciliación obligatoria mientras continúe la instancia administrativa.
En el mismo descargo, la empresa informó que continúan las obras de remodelación en la planta de Puerto Madryn, cuyos trabajos, inicialmente previstos para mediados de julio, se extenderían hasta fines del mes.
Frente a ese escenario, comunicó que, si las tareas no concluyen en el plazo previsto, habilitará de manera transitoria su planta de Puerto Rawson para procesar la materia prima, organizando el traslado del personal desde Puerto Madryn.
Tras la presentación administrativa, Fernando Álvarez Castellano también respondió públicamente a un documento difundido por dirigentes del STIA, SICONARA y SOMU, quienes habían cuestionado la actuación del Gobierno provincial en el conflicto.
«Como conmigo no pueden, ahora amenazan al Gobierno«, afirmó el empresario, quien rechazó las acusaciones sobre una supuesta influencia sobre la administración de Ignacio Torres.
«¿Quién se va a creer que el gobernador Torres responde a Fernando Álvarez? Nadie en la provincia puede creerse semejante disparate«, sostuvo.
El empresario agregó que mantiene una relación institucional con el Ejecutivo provincial y defendió el rol de la compañía como generadora de empleo. «Si tienen algo que denunciar que vayan a la Justicia, como hago yo con ellos y con las personas que tomaron mis oficinas«, expresó.
En relación con la continuidad de la actividad, anunció que, si no puede reabrir la planta de Puerto Madryn debido a los conflictos y las amenazas denunciadas, a partir del 1 de agosto convocará a trabajar en la planta de Puerto Rawson tanto al personal embarcado como a los trabajadores de Puerto Madryn que no participaron del conflicto, para quienes la empresa prevé disponer de transporte.
De esta manera, el conflicto suma un nuevo frente: mientras continúa vigente la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, la empresa busca revertir esa decisión por la vía administrativa, mantiene abierta la denuncia penal por la toma de sus oficinas y anticipa una reorganización operativa si no logra retomar la actividad en Puerto Madryn.
La presentación de los recursos no suspendió la vigencia de la conciliación obligatoria, que conserva sus efectos mientras la Secretaría de Trabajo analiza la reposición y, si corresponde, eleva el recurso jerárquico. La Secretaría convocó a una nueva audiencia para el viernes.
La próxima definición quedará concentrada en esa audiencia y en la decisión administrativa sobre los recursos interpuestos. Su resultado determinará la continuidad de la negociación laboral en Puerto Madryn, mientras Conarpesa mantiene como alternativa inmediata la derivación transitoria del procesamiento hacia su planta de Rawson.
