En el corazón de uno de los sectores más castigados por la presión impositiva y la volatilidad financiera, la pesca atraviesa un punto de inflexión. A lo largo del último año, las empresas del rubro han comenzado a resentir con crudeza el peso acumulado de sus compromisos; al impacto directo de los costos operativos y de la retracción de los mercados internacionales se le suma el pago de las cuotas correspondientes a la redistribución de especies clave —merluza común, negra, de cola y vieira—, gravadas con un derecho único de extracción cuya escalada no tiene precedentes.
Este tributo ya engrosó las arcas del Fondo Nacional Pesquero (FONAPE) con más de 26 millones de dólares hasta julio del corriente año, un guarismo que refleja tanto la magnitud del esfuerzo sectorial como la fragilidad de su equilibrio económico, recordando que en todo el año 2023, -la pesca aportó en el mismo tributo- 2,67 millones de dólares.
En este marco, y con la gestión directa del Secretario de Recursos Acuáticos y Pesca, Med.Vet. Juan Antonio López Cazorla como nexo intermediario de la actividad pesquera, manufacturera y exportadora con las más altas esferas de economía y jefatura de gabinete; el Gobierno nacional abrió una ventana de expectativa.
El Ministerio de Economía, en sintonía con lo expuesto en el Informe 144 de la Jefatura de Gabinete presentado ayer, por el Dr. Guillermo Francos en la Cámara de Diputados, confirmó que «se evalúa la posibilidad de reducir o incluso eliminar las retenciones aplicadas a las exportaciones pesqueras «. La medida, de prosperar, se enmarca en una estrategia orientada a desarmar lo que el propio Ejecutivo califica como “impuestos distorsivos”, con la intención de aliviar el ahogo financiero de una industria que acusa síntomas de parálisis y profundo cambio en el esquema laboral industrial y procesador.
Las respuestas del oficialismo a los legisladores no pasaron por alto la gravedad de la coyuntura; caída abrupta de precios internacionales, incremento sostenido de los costos internos, márgenes negativos de rentabilidad, y un panorama social marcado por suspensiones, despidos y cierres de plantas procesadoras en plazas históricas como Mar del Plata, mientras que en Puerto Madryn, con el sector procesador manufacturero del langostino, el impacto en la ecuación financiera y económica es de gravedad con el impacto social que de ello se desprende.
A este escenario se añade el golpe del frente cambiario que impacta en costos más altos en los insumos, servicios y mano de obra que ante la retracción del consumo doméstico, que pulverizó la capacidad de compra interna y debilitó aún más los ingresos de las compañías, el esquema por estos días luce preocupante.
La controversia se instala en la comparación con las economías regionales, beneficiadas en los últimos meses con la eliminación de retenciones. El Ejecutivo respondió con un argumento de fondo: la pesca, a diferencia del agro, no puede equipararse a una actividad de producción vinculada a un bien propio, sino que se trata de una explotación extractiva de un recurso que pertenece al conjunto de la sociedad argentina. De allí que, según el Gobierno, la administración de sus gravámenes requiera un tratamiento singular.
No obstante, la sola inclusión del sector en la agenda de revisión tributaria abre un resquicio de esperanza para una industria que, a pesar de su carácter estratégico, ha debido navegar entre los embates de la recesión global y la rigidez fiscal doméstica. El desenlace de este debate definirá no solo la competitividad futura de la pesca argentina en los mercados internacionales, sino también la capacidad de sostener empleos y preservar un entramado productivo que hoy se encuentra en estado de fragilidad extrema.
