El Gobierno nacional avanza en su plan de desregulación comercial con la derogación de cuatro normativas que, hasta el momento, formaban parte del sistema de control aduanero. Estas reformas buscan eliminar trámites y mecanismos de fiscalización relacionados con la importación y exportación, tales como el valor criterio, las estampillas y la participación de veedores de cámaras empresariales locales en el ámbito importador, así como los valores de referencia para exportaciones, incluidos los del sector pesquero.
La intención oficial es fomentar una mayor competencia entre los bienes extranjeros y la producción nacional, bajo el argumento de que esta medida contribuirá a la desaceleración inflacionaria, aunque sin dar solución al desempleo que de ello surgiere. Desde el Ejecutivo sostienen que las regulaciones derogadas generaban costos adicionales que, con su eliminación, deberían reflejarse en una baja en los precios de los productos importados y una leve mejora en el tipo de cambio para algunos sectores exportadores.
Los anuncios fueron realizados la semana pasada por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, acompañado por Florencia Misrahi, titular de la AFIP, y Gladys Morando, directora de Coordinación y Evaluación Operativa Aduanera, durante una conferencia en la sede del organismo recaudador.
El proceso de desregulación se implementará en dos etapas. Este miércoles, mediante resoluciones generales de la AFIP, se oficializará la eliminación del valor criterio y del sistema de estampillado para los sectores importadores que aún estaban sujetos a estas normas. La segunda fase se llevará a cabo la próxima semana, cuando se deroguen las disposiciones que permitían la participación de cámaras empresariales en el control aduanero de mercaderías del canal rojo y se supriman los valores de referencia para las exportaciones, incluso las pesqueras, muchas veces discutidas ante cambios imprevistos de precios internacionales.
En cuanto a la última de las medidas, los funcionarios indicaron que «ya no existirán valores de referencia para ningún producto. Aunque en eliminaciones previas ya se había suprimido este control para algunos sectores específicos, todavía quedaban activos en áreas como la minería y la pesca «, según señaló Sturzenegger.
Estos valores de referencia se habían establecido como medida preventiva para evitar la subfacturación de exportaciones y, con ello, una reducción en el pago de retenciones. No obstante, Misrahi afirmó que, aunque se elimina el control previo, seguirá habiendo algún tipo de fiscalización y control basada en los valores promedios registrados por la Aduana, aunque no brindó mayores detalles al respecto.
Sturzenegger destacó » que la supresión de estos valores de referencia representa la eliminación de un sobrecosto vinculado a las garantías aduaneras «, lo que, según sus estimaciones, podría traducirse en una mejora aproximada del 1% en el Tipo de Cambio para los sectores beneficiados por la desregulación.
Con estas medidas, en lo estrictamente pesquero, en el caso de las exportaciones, la eliminación de estos valores permite que los exportadores pesqueros no tengan que someterse a revisiones previas que verificaban si los precios declarados eran consistentes con los de mercado. Esto simplifica los trámites, reduce tiempos y elimina costos, lo que mejora la competitividad del sector. Al no tener que abonar garantías por precios estimados, los exportadores pueden operar con mayor agilidad y menores costos financieros, lo que impacta positivamente en su rentabilidad.
Para las importaciones, la supresión de los valores de referencia también evita que los productos pesqueros queden sujetos a controles aduaneros prolongados o inmovilizaciones, agilizando la entrada de insumos o equipos necesarios para la actividad. Esto, a su vez, contribuye a una disminución de costos operativos, lo que beneficia al sector importador de bienes relacionados con la pesca.
En resumen, la eliminación de estos valores de referencia aporta una mayor eficiencia operativa, reducción de costos y agilidad comercial, lo que favorece tanto a la competitividad internacional del sector pesquero exportador como a la operatividad de los importadores de insumos y bienes
Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, estas medidas buscan «reducir el costo argentino y combatir la casta«, señalando que estas normativas favorecían proteccionismos innecesarios y obstaculizaban la libre disponibilidad y acceso a productos de origen importado.
