El reciente hundimiento del buque pesquero Carlillo, ocurrido a 17 millas de Puerto Rawson, ha encendido una nueva alarma en el sector pesquero de la provincia. Afortunadamente, los cinco tripulantes fueron rescatados con vida, pero el hecho no puede ni debe ser minimizado.
Según lo publicado ayer en redes sociales por el Secretario de Pesca de Chubut, Dr. Andrés Pedro Arbeletche, detrás de este incidente, subyacen irregularidades que evidencian un problema estructural: el cumplimiento laxo o directamente la omisión de las normas que rigen la actividad pesquera en Chubut. (Gravemente con perjuicio alarmante al caladero y a los grupos participantes del sector, desde el 2018, en principio).
Desde la Secretaría de Pesca provincial se ha manifestado una postura firme e inflexible: las leyes existen para ser acatadas y su violación no puede quedar impune. Por ello, se ha decidido presentar una denuncia ante la Justicia Federal con el objetivo de esclarecer las circunstancias del siniestro. No se trata de un episodio aislado ni fortuito, sino de un hecho que debe ser investigado a fondo, máxime considerando que el BP Carlillo ya registraba antecedentes por sanciones vinculadas al exceso de carga. Esta reincidencia exige que se determinen las responsabilidades pertinentes y se adopten las sanciones correspondientes.
Aún más preocupante resulta la presunta presencia irregular de un quinto tripulante a bordo, cuando en la documentación oficial solo figuraban cuatro personas. La gravedad de esta situación es innegable: la falta de control en la tripulación de las embarcaciones no solo implica una vulneración legal, sino que también pone en riesgo la seguridad de quienes se embarcan. La Secretaría de Pesca solicitará expresamente a la Fiscalía que se investigue este hecho, porque permitir que esta práctica continúe sin consecuencias sentaría un peligroso precedente.
Es imperativo que las normas que regulan la pesca sean cumplidas a rajatabla. No es una cuestión de arbitrariedad o burocracia, sino de seguridad y responsabilidad. El sector pesquero es una actividad clave para la economía provincial, pero su desarrollo no puede darse al margen de la legalidad. La tolerancia hacia las irregularidades solo conduce a tragedias evitables.
Desde el Gobierno de Chubut y la Secretaría de Pesca, se ha asumido el compromiso de garantizar que la actividad se realice dentro del marco normativo, protegiendo tanto a los trabajadores como al recurso pesquero (a veces. Ver DUE, y su destino contrapuesto al art.29 de la Ley Federal de Pesca 24.922).
Es imperativo denunciar con firmeza a quienes transgredan la ley y fortalecer los mecanismos de control para evitar la repetición de acontecimientos de esta índole, sin perder de vista el factor humano como eje central de estos desafortunados sucesos. Conforme a la legislación marítima, la máxima autoridad a bordo de una unidad naval recae en su capitán, siempre. En la actualidad, resulta innegable la existencia de irregularidades de índole administrativa; sin embargo, la idoneidad y capacitación de la tripulación deben prevalecer por encima de cualquier deficiencia en los procedimientos administrativos. Un buque no se hunde por la falta de documentación, ni está diseñado para perecer en el mar, pero cuando una cadena de eventos desafortunados—derivados de la falta de responsabilidad en las maniobras, la sobrecarga o una gestión inadecuada —se concatenan, el resultado puede ser trágico. La historia ha demostrado que la ambición desmedida por incrementar la pesca de manera acelerada ha sido un factor determinante en muchos desastres marítimos. Por ello, es fundamental adoptar medidas que trasciendan lo meramente administrativo y apunten a una gestión más rigurosa y responsable de la navegación que tiene que ver con la falla humana.
En Chubut, las leyes están para cumplirse. Y quien las infrinja, deberá afrontar las consecuencias. El lema y la decisión es clara, pero habría que empezar a ver entonces los cupos de cada buque pesquero y cada una de las reformulaciones desde el año 2017 a la fecha, cuando una banda con poco apego a la Ley ante la ceguera y permisividad de la subsecretaría de pesca como de todo el Consejo Federal Pesquero han realizado verdaderos estragos que afectan a toda la industria del langostino argentino, su sostenibilidad y la sustentabilidad económica del sector. No es casual que todo el complejo langostinero este hundido tan solo por el Tipo de Cambio y el mercado internacional; mientras tanto, multiplicaron esfuerzo pesquero e impulsan desafectar las capturas para la flota nacional fuera de la ZVPJM. Todo un simbolismo en materia pesquera. Mucho por hacer para lograr la mentada transparencia que tanto se predica.
