Ahora la fiscalía plantea dudas por las regalías petroleras y pretende frenar los proyectos offshore. Pidieron suspender las concesiones que fueron aprobadas en el año 2019 por encontrar contradicciones.
El fiscal Santiago Eyherabide ahora plantea dudas sobre las regalías ya definidas y marcó contradicciones entre la justificación económica de los proyectos y la disminución de los ingresos para el Estado Nacional.
Finalizando el 2023, más puntualmente el 28 de diciembre, el juez federal Santiago Martín, entendió que no se acreditaron de modo fehaciente los argumentos expuestos como lo es la afectación que podría provocar un cambio de fecha aprobado para realizar las tareas exploratorias y la existencia de irregularidades en el EIA (Estudio de Impacto Ambiental) que generó la empresa Equinor, ordenándole al Estado nacional que presente nuevos informes sobre la actividad a llevarse a cabo.
La causa judicial es una sola, donde están incluidos todos los amparos que fueron presentados desde el 30 de diciembre de 2021, horas después de conocida la noticia que el gobierno nacional presidido por Alberto Fernández autorizara la exploración y posterior explotación offshore.
Reiniciadas las actividades en los tribunales, luego del clásico período ferial de enero, el juez Martín rechazó el recurso que habían presentado las distintas organizaciones ambientalistas para que no se llevar a cabo el proyecto, haciendo que las presentaciones tengan que llegar nuevamente a la Cámara Federal de Apelaciones, la que ahora deberá expedirse al respecto.
Las ideas y vueltas de la causa, que ya han retrasado en más de dos años las actividades de la exploración offshore, donde además el fiscal Eyherabide solicitó se tenga presente la “urgencia que reviste la suspensión del proyecto Argerich-1” tal como dice la causa, pidiendo también que se revoque la decisión del juez Martín y se haga lugar a la medida cautelar pedida.
A todas luces parece un gran dislate que va más allá de esta última acción, ya que el pedido de la fiscalía incluye la suspensión del proyecto de perforación del pozo mencionado y abarca el que ya se encuentra en marcha en el CAN-100, más todo lo que se viene realizando al respecto desde el año 2019.
Esta acción está basada en el primero de los amparos interpuestos por la organización ambientalista “Greenpeace” contra las exploraciones en los CAN 100, 108 y 114, de las cuales las dos primeras ya se hicieron y está en curso la última quedando no más de 15 días para su finalización.
También se objetó al propio juez Martín, por no haber tomado en cuenta a la hora de expedirse sobre la cautelar, ya que el magistrado no habría enfocado su visión legal sobre las regalías, situación que también fue observada por el fiscal.
Eyherabide sostiene en la causa que “la posición sostenida por esta fiscalía resulta esencial para salvaguardar los intereses ambientales y económicos en juego, dados los posibles impactos acumulativos de los proyectos de exploración y explotación petrolera. La jurisprudencia y la legislación vigente reconocen la necesidad de valor los proyectos petroleros en su conjunto, especialmente cuando se analiza la cuestión vinculada a los impactos acumulativos”, de acuerdo a lo que expresa el expediente.
Lo que expresa el fiscal sobre las regalías es que la actual ley vigente dispone un canon de exploración que debe ser abonado por las empresas permisionarias en forma anual, por adelantado y en función de una unidad de medida que por decreto se fijó en 0,46 barriles de petróleo por kilómetro cuadrado para el primer período de exploración, lo que para el área denominada CAN-100 (Cuenca Argentina Norte – 100), comprensiva de una superficie total de aproximadamente 15.000 kilómetros cuadrados, implicaría unos 437.400 dólares por cada año.
El fiscal también sostiene que “los reales beneficios están potencialmente en la etapa subsiguiente de explotación. Para el CAN-100 es donde las empresas permisionarias han obtenido una disminución de la alícuota correspondiente al régimen de regalías, que para los primeros 10 años de explotación ha quedado reducida a un 6% sobre el valor de producción, en desmedro del 12% que como regla general establece la Ley 17.319”.
Todo lo actuado, en el marco final de la exploración sísmica ya realizadas en dos de las tres áreas y faltando muy poco para concluir toda la prospección; e incluso a instancias que la empresa Equinor, la semana próxima dé a conocer el cronograma de inicio de perforación en el pozo Argerich-I, donde se esperan directivos que llegarán a Mar del Plata para ese anuncio.
