En medio de un clima de creciente inquietud, los ecos del reciente encuentro convocado por el vicepresidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, Gustavo Carlos González, resuenan con fuerza entre los gremios del sector marítimo. El escenario fue una reunión marcada por el tono grave de las advertencias y el llamado urgente a frenar lo que muchos consideran una inminente avanzada del Poder Ejecutivo Nacional para desregular la Marina Mercante a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU).
González, legislador santacruceño y ex intendente de Puerto Deseado, abrió las puertas del Congreso para que las voces de los trabajadores marítimos pudieran ser oídas. Desde allí, remarcó con vehemencia la necesidad de que cualquier modificación al régimen vigente se discuta en el ámbito legislativo, alertando sobre el riesgo de decisiones unilaterales que podrían redefinir el destino del sector.
El encuentro estuvo teñido de una fuerte preocupación por las consecuencias que podría acarrear el plan impulsado desde el Ejecutivo. Voces sindicales alertaron que se estaría gestando, bajo el ropaje de una modernización normativa, una cesión de soberanía encubierta. El núcleo del conflicto gira en torno al Cabotaje Nacional, eje estratégico del transporte marítimo argentino, que podría abrirse a banderas extranjeras en detrimento de la flota local.
La alarma no es menor: la eventual derogación de la Ley de Cabotaje amenaza con desarticular los convenios colectivos de trabajo que rigen hoy en la actividad y poner en jaque cerca de veinte mil empleos. Pero más allá del número, el impacto se mide en términos de estructura productiva, de soberanía económica y de capacidad estatal para sostener una política nacional de transporte marítimo.
Desde los sindicatos marítimos, como el SOMU, SICONARA y Centro de Patrones, entre otros, la postura fue tajante: » no se trata de un reclamo corporativo, sino de una defensa férrea de un modelo de país «. Sostienen que la marina mercante no puede ser tratada como un simple rubro económico, sino como una herramienta de desarrollo estratégico. Abrir la competencia a flotas extranjeras, argumentan, sería renunciar a la capacidad de decidir sobre las rutas, los costos y el empleo generado en territorio nacional.
A esta preocupación se suma el malestar por la escasa presencia de diputados en el recinto durante la jornada, lo que fue interpretado como una señal de indiferencia frente a un tema neurálgico, en una populosa reunión donde los distintos sectores pudieron exponer su preocupación. La ausencia de legisladores del oficialismo y sectores aliados encendió aún más las alertas: ¿quién se hará cargo del debate cuando la tinta del decreto ya haya sellado un nuevo rumbo?.
Lo que está en juego, insisten los gremios, no es solo el destino de un sector productivo. Es la potestad del Estado para definir políticas de transporte, la protección del trabajo argentino y la custodia de un espacio marítimo que representa no solo una fuente de recursos, sino una línea vital para la soberanía nacional.
Por su parte, el secretario general del gremio, Capitán Mariano Moreno, expresó la “profunda preocupación” ante la inminente firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo, que permitiría el ingreso de empresas extranjeras al cabotaje nacional, eliminaría convenios colectivos de trabajo y pondría en riesgo los empleos de tripulaciones argentinas.
“Muchos de esos diputados y senadores que hoy no están presentes, son los mismos que delegaron sus responsabilidades y habilitaron al Ejecutivo a avanzar con políticas que atentan contra la Marina Mercante, la industria naval y los derechos laborales”, cuestionó Moreno, en referencia a la escasa participación legislativa en el encuentro.
El dirigente gremial también advirtió que la desaparición de la Marina Mercante no solo impactaría en el personal embarcado, sino que arrastraría a toda la cadena de actividades conexas, afectando a instituciones clave como la Escuela Nacional de Náutica, la Escuela Nacional Fluvial y la Escuela Nacional de Pesca.
En su mensaje, Moreno también señaló la falta de voluntad política para habilitar comisiones legislativas como la de Intereses Marítimos, necesarias para garantizar un debate plural y la elaboración de políticas públicas que resguarden la actividad.
“La historia juzga a los que hacen, a los que se hacen cargo de sus responsabilidades. A estos que entregan la soberanía nacional, el trabajo de los argentinos y sus propias facultades, la historia los va a despreciar”, concluyó.
Desde el Centro de Patrones reafirmaron su compromiso con la defensa de la soberanía, la industria naval y el trabajo argentino. “No aceptaremos retrocesos ni renuncias a nuestras conquistas históricas”, manifestaron.
En este contexto, la narrativa que emerge no es la de una modernización administrativa, sino la de un desmantelamiento programado. Una amenaza que ya no golpea a la puerta, sino que intenta colarse por decreto. Y que, de concretarse, dejaría a la Marina Mercante no sólo sin timón, sino sin puerto al cual regresar.
