Este jueves 19 de junio, las cámaras empresarias, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) junto con el Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE) y el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) alcanzaron un acuerdo en el marco del conflicto que afecta a la flota fresquera. Si bien se trata de una medida excepcional y transitoria, el entendimiento busca garantizar la continuidad de la actividad y proteger las fuentes de trabajo en medio de una profunda crisis económica que atraviesa el sector.
La reunión contó con la participación del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), representado por Oscar Bravo, Damián Basail y otros delegados; del Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE), encabezado por su secretario general Pablo Trueba y su adjunto, Javier Vázquez; y del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA), representado por Secretario General de la Seccional Daniel Flores y su Secretario Adjunto Marcelo A.Torres, con el patrocinio letrado de la Dra. María Carpineto junto a las cámaras empresarias CAIPA y CAABPA, representadas por sus respectivos dirigentes, el Dr. Fernando Rivera y el Dr. Diego García Luchetti.
El acuerdo fue rubricado por los gremios SOMU, SIMAPE y SICONARA, mientras se prevé que en los próximos días se busque consenso con la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca. En un contexto de marcada tensión sectorial, la unidad sindical permitió alcanzar un punto de equilibrio entre la urgencia económica y la dignidad laboral. “Cuando se juntan voluntades se puede encontrar una salida sin bajar el salario del trabajador”, destacó con firmeza el secretario general del SIMAPE, Pablo Trueba, sintetizando el espíritu de un entendimiento que prioriza el sostenimiento del empleo sin resignar derechos.
Por su parte, se puso de relieve la extensa, meticulosa y decisiva labor de los doctores Fernando Rivera y Diego García Luchetti, quienes desempeñaron un papel clave en la articulación de una propuesta consensuada entre las partes. Su gestión, marcada por la rigurosidad jurídica y la capacidad de diálogo, logró armonizar los planteos de los asesores legales de cada entidad gremial y trasladarlos con solvencia ante la Subsecretaría de Trabajo de la Nación. La Dra. Claudia Testa otorgó su conformidad tras evaluar el acuerdo, que fue luego elevado al propio Secretario de Trabajo de la Nación, Dr. Julio Cordero, consolidando así un paso institucional trascendente en el marco de un proceso complejo y delicado.
En el acta, las partes reconocen que la situación de la industria pesquera es crítica. La rentabilidad de los buques fresqueros, que operan principalmente sobre merluza hubbsi, langostino y pesca costera variada, se ha visto severamente afectada por la caída de los precios internacionales, la competencia de productos de cultivo a menor valor y la incertidumbre derivada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos, China y la Unión Europea.
Ante este panorama, se advirtió que, de no mediar soluciones, la continuidad de las operaciones se vería comprometida, con consecuencias negativas no solo para las empresas y los trabajadores embarcados, sino también para las plantas procesadoras en tierra y para el Estado, que dejaría de percibir ingresos por exportaciones no realizadas.
Con el objetivo de evitar despidos y mantener la actividad, las partes pactaron una fórmula salarial transitoria, válida hasta el 30 de septiembre de 2025 que podría extenderse a otros plazos con el consenso entre partes. Según lo acordado, entre junio y septiembre inclusive, el 70% de la remuneración del personal de marinería será abonado como suma no remunerativa, mientras que el 30% restante se mantendrá como remunerativo. A ello se suma una recomposición escalonada de carácter acumulativo, que contempla aumentos del 1,3% en marzo, 1,2% en abril, 1,1% en mayo y 1% mensual desde junio a septiembre inclusive.
Aunque el carácter no remunerativo rige de forma excepcional y limitada, se acordó que estos montos serán considerados para el cálculo de conceptos salariales e indemnizatorios, así como para aportes y contribuciones a la seguridad social y a las obras sociales. También quedará alcanzado el sueldo anual complementario.
Por otra parte, las empresas representativas de las cámaras firmantes se comprometen a no realizar despidos sin causa, suspensiones ni reducciones de personal durante la vigencia del acuerdo.
Finalmente, las partes solicitaron al Ministerio de Capital Humano la homologación del acuerdo. No obstante, dejaron establecido que comenzará a regir de forma inmediata, en virtud de los principios de buena fe y los alcances del orden público laboral establecidos.
Con este entendimiento, se busca dar un primer paso hacia la estabilización de un sector clave para las economías regionales y la industria exportadora nacional.
