La actividad pesquera tiene destino exportación en un 90% de su producción, en este escenario marcado por una inflación a la baja pero con menor pendiente que la devaluación de la moneda fluctuando casi como Tipo de Cambio anclado, los exportadores argentinos argumentan que las recientes medidas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) exacerban la pérdida de competitividad en los mercados internacionales.
La decisión de reducir el «crawling peg» mensual del 2% al 1%, anunciada para entrar en vigor el 1 de febrero, ha desatado un debate profundo en los círculos económicos, especialmente entre los actores del sector exportador y también el industrial pesquero.
Ese diferencial entre porcentajes del IPC vs Tipo de Cambio provoca una menor competitividad en el marco internacional del comercio, pues las empresas incrementan costos por IPC y cobran por un desagiado Tipo de Cambio. Comen como pajaritos y eliminan como elefantes para que se entienda.
El sector pesquero, por su parte, ha expresado su preocupación sobre el impacto de los Derechos de Exportación, que considera una carga adicional insostenible en el actual contexto. Esta carga, sumada al aumento de costos derivado de la inflación y al tipo de cambio estabilizado, ha dejado a diversos productos sin capacidad de competir en los mercados globales o, en el peor de los casos, con márgenes de rentabilidad negativos.
La estrategia de anclaje cambiario, adoptada con el objetivo de mitigar la inflación a corto plazo, consiste en mantener el tipo de cambio por debajo de su nivel de equilibrio. No obstante, esta política ha repercutido negativamente sobre la competitividad de las exportaciones argentinas. En la medida en que los precios internos aumentan más rápidamente que el tipo de cambio oficial, los bienes y servicios nacionales se encarecen en términos relativos, reduciendo la capacidad del país para generar divisas.
La industria pesquera ocupa actualmente el octavo lugar en el ranking de complejos exportadores de Argentina, manteniendo una estabilidad en la generación de divisas. Sin embargo, este desempeño podría mejorar sustancialmente si se optara por la eliminación de las retenciones a las exportaciones pero sobre todo por el incentivo que necesita la actividad oprimida dentro de márgenes negativos en funcion del capital invertido y de los riesgos de la actividad en torno a un mercado internacional sumamente volátil a la baja y sin demanda.
Con el inicio del mes de febrero, se abre una nueva fase en el plan económico impulsado por el presidente Javier Milei, en la que el «crawling peg» se ajusta del 2% al 1% mensual. Este esquema cambiario, dado a conocer por el BCRA el 13 de diciembre de 2023, apenas tres días después de la asunción presidencial, ha sido el marco bajo el cual se ha gestionado la devaluación del peso hasta la fecha. Aunque no se especificó un plazo para su finalización, la nueva medida marca el comienzo de un cambio gradual que tiene en principio un impacto de lleno en la actividad que, hasta finales del 2024 presentaba una falta de competitividad creciente como consecuencia de una devaluación de la moneda de casi un 25% mientras los costos en pesos se ajustaron al menos en valores de IPC del orden del 117,68%. Proyectando para el 2025, un desempeño similar que agregaría un marco de menor competitividad. Preocupante.
El objetivo de reducir la tasa del crawling peg al 1% es doble: por un lado, busca reducir la inflación en los próximos meses; por otro, anticipa que, una vez logrado un comportamiento estable del tipo de cambio en torno al 1% durante dos o tres meses consecutivos, el presidente Milei procederá a eliminar el crawling peg y establecer un esquema de flotación cambiaria controlada; algo riesgoso al momento de una apertura al mercado internacional por precios No obstante, la evolución de estas políticas está condicionada por las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo respaldo financiero estaría condicionado, entre otras cosas, a la implementación de una «corrección cambiaria» – una devaluación explícita. A pesar de ello, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha desestimado públicamente tal escenario.
El retraso artificial del tipo de cambio, diseñado como una herramienta para anclar la inflación, también tiene efectos significativos sobre la estructura productiva del país. Al encarecer los costos en moneda extranjera, se desincentivan las inversiones, lo que conduce a una creciente primarización de la economía argentina pero a lo que se sometió en las últimas décadas.
El sector pesquero enfrenta, además, un aumento desmesurado en los Derechos de Extracción (DUE), cuya justificación resulta incierta y carece de un criterio de equilibrio en relación con la evolución de los precios de las distintas especies y en su sana armonía interespecie, además de la inexistente explicación que justifique tamaño atropello. En comparación con los valores registrados en 2023 y los primeros meses de 2024, estos derechos se han incrementado hasta siete veces en términos de dólares, configurando un esquema que contradice abiertamente los principios delineados por el propio gobierno. Mientras la administración actual sostiene un discurso orientado hacia la desregulación, la reducción de la intervención estatal y la eliminación de cargas fiscales innecesarias que afectan al sector privado, la implementación de esta medida parece avanzar en la dirección opuesta, imponiendo una carga que compromete aún más la competitividad de la industria pesquera.
En el caso del sector pesquero, en 2024 más del 80% de las exportaciones correspondieron a productos sin procesar. La combinación de un tipo de cambio desfavorable, las retenciones y los altos costos internos han llevado a que, en muchos casos, resulte más económico exportar productos para semi-elaborarlos en terceros países, como bloques de langostino con una retención del 9%, para ser posteriormente reprocesados, en lugar de realizar productos con valor agregado en Argentina, donde hoy agregar un nylon, y su mano de obra, directamente incide en la competitividad del sector. Algo no funciona bien. Esta realidad refleja una tendencia preocupante para el futuro de la industria pesquera y de otras ramas de la economía nacional.
